Durante mucho tiempo, una de las posibilidades que se mencionaban siempre en Madrid para recortar las listas de espera quirúrgica era volver a abrir los quirófanos por las tardes. Parecía lógico, si tenemos en cuenta que el principal motivo de la existencia de dichas listas está en que los ciudadanos prefieren esperar lo indecible antes de operarse en las instituciones de gestión privada que, en su mayor parte, gestiona el grupo Quirón Salud, controlado por Víctor Madera.
Así pues, el ejecutivo de Cristina Cifuentes cedió a la presión de Ciudadanos y anunció a bombo y platillo que los quirófanos abrirían por la tarde a partir del mes de noviembre. Era lo lógico, teniendo en cuenta que se había comprometido a no aumentar las privatizaciones. Pero ¡oh sorpresa!, había una condición escondida en los nuevos pactos de gestión.
Según ha denunciado la Asociación de Facultativos de Madrid (AFEM), el truco del almendruco de esta propuesta pasa por obligar a los equipos de trabajo a que, por cada paciente que operan, deriven a otros dos a distintos centros. Y sí, pueden derivar a centros públicos sin listas de espera. O a Narnia, puestos a pensar en lugares imaginarios. ¿La mágica solución? Obviamente, trasladar a los pacientes a centros de gestión privados, en su mayor parte controlados por Quirón Salud. Los mismos centros en los que la gente no quiere operarse, según los datos públicos sobre listas de espera.
Como además la fórmula implica pagar en grupo al equipo que realiza las intervenciones, si no hay derivación no hay retribución. Para colmo, el servicio de puntos fijado premia a los hospitales de gestión privada que se autoderiven pacientes. Una práctica, la de las autoderivaciones que denuncia en bloque la oposición, que actúa casi a ciegas por la baja cantidad de información que se obliga a dar a estos centros, muy opacos pese a estar financiados con dinero público.
El jefe de cirugía del Gregorio Marañón, José Luis García Sabrido, lamentaba recientemente, en una entrevista concedida al diario El País, la “intención política de dañar la sanidad pública”. Y, precisamente, denunciaba la situación con las derivaciones quirúrgicas: “La derivación estructural de pacientes a las clínicas privadas en Madrid es también un problema ético: se rompe el vínculo más importante entre médico y paciente, la confianza. La relación entre ambos se forja durante el proceso diagnóstico y se materializa en el consentimiento informado, por el que el paciente conoce e identifica al médico, en este caso a su cirujano. Y pocos días después de incluirle en la lista de espera, al paciente se le ofrece la operación en un centro privado que no conoce y por un cirujano y anestesista que no ha visto. La mayoría rechaza esa opción y el paciente pasa a otra lista de espera de meses o años. Los jefes de servicios denunciamos esta alarmante situación. La contestación siempre ha sido el silencio”.
1.- No son verdaderos pactos de gestión, ya que implican pagar a los distintos servicios que los suscriban por un trabajo concreto y limitado, que consiste en intervenir quirúrgicamente a un tercio de pacientes y derivar otros dos tercios.
2- El compromiso de derivar a los pacientes para ser intervenidos es una premisa imprescindible para adherirse al pacto. El servicio que no derive, sencillamente no puede adscribirse al mismo.
3- Una vez aceptado el compromiso de derivación obligatoria, se establece un sistema de baremación por puntos que determinará la financiación que reciba cada servicio, por lote de pacientes intervenido. Este sistema de puntos premia la autoderivación desde hospitales de gestión indirecta hacia sus clínicas privadas.
4- Incumplen la Ley 6/2009 de la Comunidad de Madrid sobre la Libre Elección. Atentan contra el derecho del paciente de elegir dónde quiere ser intervenido, además de no respetar la relación de confianza médico-paciente.
5- No suponen ninguna solución a largo plazo al problema de la lista de espera quirúrgica; no tienen continuidad en el tiempo, ya que finalizan en abril 2016.
6- Los pactos no se basan en ningún criterio de eficiencia ni especifican ningún parámetro de calidad. La responsabilidad asistencial se establece desde el momento de la intervención quirúrgica y hasta el alta clínica del paciente, sin hacer referencia a las posibles complicaciones, reintervenciones o revisiones que pudiera precisar el mismo. En resumen, las derivaciones a Centros Públicos encubren derivaciones a Centros de Gestión indirecta y de estos a clínicas privadas de las Empresas gestoras, por lo que son moralmente inaceptables. Esta nueva maniobra de la Consejería demuestra que, a pesar de que la Justicia paralizó la privatización de hospitales y centros de salud, en realidad asistimos a un proceso de privatización encubierta, como viene denunciando Afem de forma reiterada.
