La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), la Asociación Nacional de Inversores en Energía Fotovoltaica (Anpier) y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) han recurrido ante el Tribunal Supremo el real decreto de autoconsumo recientemente aprobado por el Gobierno al considerar que «vulnera la Constitución Española».
En declaraciones a la prensa antes de la presentación de los recursos, el secretario de Anpier, Juan Castro-Gil, consideró que el decreto «criminaliza» el autoconsumo, ya que «pone un peaje totalmente abusivo a una tecnología que no tienen otras que llevan autoconsumiendo durante mucho tiempo» y criticó su «arbitrariedad» y su «retroactividad», ya que deja a instalaciones anteriores a su aprobación en «situación de ilegalidad».
Asimismo, Jorge González, de la junta directiva de APPA, aseguró que el real decreto supone una «traba más al desarrollo de las renovables».
Las asociaciones empresariales, junto a la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Greenpeace, CC.OO. y otras organizaciones, han presentado hoy diversos recursos ante la sala tercera de lo contencioso administrativo del Supremo dirigidos contra el real decreto 900/2015, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y producción por autoconsumo.
A juicio de las asociaciones, el decreto discrimina a las tecnologías renovables en beneficio de las tecnologías fósiles, al tiempo que vulnera el principio constitucional de la libertad de empresa e incurre en el incumplimiento de la Directiva 2009/28/CE de fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.
Además, entienden que existe una «clara vulneración» de la Directiva 2009/72/CE del mercado interior de la electricidad, puesto que la norma impone «unos peajes discriminatorios, así como medidas antieconómicas y desproporcionadas para los consumidores».
En contra de la normativa europea
A este respecto, el abogado Piet Holtrop consideró también que la normativa española sobre autoconsumo va en contra de la regulación europea. «Es una invención aislada española y es una regulación que hace todo lo posible por impedir el autoconsumo», señaló.
Asimismo, la coordinadora estatal de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Cote Romero, criticó que el decreto de autoconsumo es una pieza más dentro de la «irresponsable» regulación energética llevada a cabo por el Gobierno del PP, que ha tenido «un coste para los bolsillos de los consumidores, de generación de empleo y que además está afectando a la calidad de la democracia».
Romero, que recordó el compromiso de los partidos de la oposición de derogar la normativa si hay un cambio de Gobierno tras las elecciones del 20 de diciembre, subrayó que el real decreto de autoconsumo es una regulación «hecha para que no haya autoconsumo y para favorecer a las eléctricas y que no se vean afectadas en su cuenta de resultados».
