El CSN impone el secretismo en torno al almacén de residuos radioactivos de Villar de Cañas y al proceso de reapertura de Garoña. Sólo una veintena de técnicos y directivos del organismo tienen acceso a la documentación sobre el proyecto. Ni siquiera los consejeros del centro pueden disponer de los estudios libremente. Greenpeace, Ecologistas en Acción y Transparencia Internacional intentan desde hace meses conseguir información detallada sobre los expedientes, pero siempre se dan de bruces con el apagón informativo de la dirección del CSN.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) vive tiempos convulsos. El cuerpo técnico del organismo denuncia injerencias políticas, presiones de la dirección, falta de independencia y cierta querencia por favorecer a las eléctricas en un momento en que el centro tiene entre manos dos proyectos tan polémicos como delicados: la autorización del almacén de residuos radioactivos de Villar de Cañas y la reapertura de la central nuclear más vieja del país, la de Santa María de Garoña.
El CSN trata los expedientes del almacén nuclear y de la reapertura de la central de Garoña como materia confidencial
Y estos dos proyectos, tan especiales, tan de calado, tienen por ello una categoría especial en el tratamiento que se les da tanto puertas para dentro como de puertas para fuera del organismo. Y es que la dirección del CSN, supervisor del sector y encargado de velar por la seguridad nuclear del país, ha impuesto desde hace meses un cerrojo informativo a parte de los documentos de ambos expedientes.
Un cerrojo que afecta tanto a las organizaciones que tratan de obtener información sobre los procesos de evaluación como, incluso, al propio personal técnico del CSN y a los consejeros que integran del organismo (el órgano de cinco miembros que de forma colegiada adopta las decisiones sobre seguridad nuclear del centro).
La dirección del CSN ha restringido, desde el pasado enero, a la inmensa mayoría del personal del centro el acceso a los estudios elaborados para la autorización del almacén temporal centralizado (ATC) de basura nuclear y para la eventual reactivación de la central de Garoña que ha solicitado Nuclenor (la empresa propietaria de la planta, controlada a partes iguales por Endesa e Iberdrola).
A estos informes han dejado de tener acceso el propio cuerpo técnico del CSN e incluso los consejeros, según confirman a SABEMOS varias fuentes conocedoras de la situación. Apenas una veintena de técnicos –los directamente encargados de las evaluaciones vinculadas al ATC y Garoña- y directivos de confianza pueden disponer de estos estudios desde que se eliminó en estos dos expedientes la posibilidad de utilizar la firma digital para certificar los trabajos.
El acceso a los informes se ha restringido al personal técnico del centro y a los propios consejeros. A los estudios sobre el ATC y Garoña sólo tienen acceso una veintena de técnicos y directivos de confianza
En el resto de materias en que trabaja el CSN los técnicos pueden usar la firma digital, lo que hace que los estudios se guarden en la base documental general del centro. Pero en el caso del cementerio nuclear y de Garoña el personal se ha visto obligado a volver a los informes en papel, que tras su elaboración son escaneados para digitalizarlos y son archivados en un servidor aparte, no en la base documental general.
La dirección del CSN –con su presidente Fernando Marti al frente- busca así controlar por completo la información que se hace pública sobre los dos proyectos que más rechazo despiertan. Desde el cuerpo técnico se apunta que la razón que llevó a la dirección del Consejo a aplicar estas restricciones fue la publicación en prensa del contenido de un estudio que se incluía en el expediente del ATC y que ponía en duda la calidad de los terrenos elegidos para la instalación del cementerio nuclear. Fuentes oficiales del CSN consultadas por SABEMOS prefieren no hacer comentarios sobre a las restricciones que el organismo viene aplicando desde enero.
Las dudas sobre el ATC que se guardan bajo llave
En paralelo, los miembros del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear aún están a la espera de recibir el documento que el área de geólogos del organismo elaboró, por iniciativa propia, para alertar de las “características desfavorables” de los terrenos elegidos para construir el almacén de residuos radioactivos en Villar de Cañas. Aún están a la espera… desde hace más de cuatro meses.
La central de Santa María de Garoña, en Burgos. FOTO: Nuclenor.
Los técnicos del área de Ciencias de la Tierra (CITI) del CSN redactaron una “nota informativa” en la que expresaban sus dudas en torno a la calidad de los suelos de la parcela y avisaba de que probablemente no se habían valorado correctamente los sobrecostes que conllevaría la construcción en esa ubicación para garantizar su seguridad. El director técnico de Seguridad Nuclear del organismo, Antonio Munuera, decidió no incluir la nota informativa de los geólogos en el informe definitivo que sirvió para que el CSN informara favorablemente para la concesión de la autorización previa del cementerio nuclear (lo que, en la práctica, conllevó dar por buena la ubicación elegida para albergar el silo).
Los miembros del pleno del CSN siguen sin conocer el documento de los geólogos del organismo que alertaba de que los terrenos del cementerio nuclear no son adecuados
El documento con las dudas técnicas no sólo no se incluyó en el informe, sino que tampoco se informó de su existencia a los cinco miembros del pleno del CSN (el órgano que de forma colegiada adopta las decisiones sobre seguridad nuclear del centro). Sin embargo, el diario El País desveló la existencia de la nota informativa y una de las consejeras, la exministra Cristina Narbona, mostró su malestar en la reunión del pleno del 29 de julio por no haber tenido conocimiento de la nota ni acceso a su contenido.
Según se recoge en el acta de ese pleno de finales de julio, el presidente del CSN, Fernando Marti Scharfhausen, solicitó entonces al director técnico Munuera que “documente pormenorizadamente las circunstancias y el contenido de la nota, para que quede la debida constancia y que sea aportada al pleno por la secretaria en una próxima reunión”. Sin embargo, más de cuatro meses después los miembros del pleno siguen sin tener acceso al documento porque la dirección técnica no ha elevado la nota informativa al pleno, según confirman a SABEMOS fuentes conocedoras del proceso. Fuentes oficiales del CSN prefieren no hacer comentarios sobre el asunto.
En la nota informativa, los geólogos de CITI alertaban de las “características desfavorables” del emplazamiento elegido para construir el cementerio nuclear y avisaban del impacto de esas características en la seguridad de la instalación durante toda su vida útil. “Cabe dudar si se ha comprobado con rigor la adecuada proporcionalidad real entre las necesidades técnicas a resolver por el ATC y los recursos que se necesitarán para garantizar su seguridad y para reducir las incertidumbres existentes”, se recoge en el documento elaborado por los técnicos y firmado por todos los miembros del área de geólogos, según ha podido saber SABEMOS.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó el 27 de julio su informe favorable a la autorización de emplazamiento del almacén nuclear de Villar de Cañas, lo que en la práctica supone ratificar la idoneidad de la ubicación elegida para albergar la instalación. Sin embargo, incluso en el propio informe aprobado por el organismo se recogían las dudas de su cuerpo técnico sobre la calidad de los suelos y se emplazaba a hacer nuevos estudios en las próximas fases del proceso.
Greenpeace, Ecologistas, TI…, en busca de respuestas
Diferentes organizaciones han tratado en los últimos meses –años, en algunos casos- obtener información más precisa sobre cómo se estaban desarrollando los trabajos de evaluación por parte del Consejo de Seguridad Nuclear sobre Garoña y el ATC. Greenpeace y Ecologistas en Acción son los baluartes en esta materia, y más recientemente se ha sumado también Transparencia Internacional.
Ecologistas en Acción, Greenpeace y Trasparencia Internacional han reclamado información adicional sobre los dos expedientes, sin los resultados que esperaban
Ecologistas en Acción ha reclamado formalmente al CSN en los dos últimos años un total de ocho informes y estudios sobre el proceso de licenciamiento del almacén nuclear. Y el resultado siempre fue el mismo: le fueron denegados. Los informes con peticiones adicionales de información del propio CSN a Enresa –la empresa pública que gestionará el ATC-, el estudio de la consultora URS sobre los terrenos elegidos…
“Ocho informes denegados. Hay fuertes presiones políticas para sacar adelante este proyecto y algunos estudios demuestran que los terrenos son inadecuados. La ocultación de los informes es la consecuencia de ello”, indica Paco Castejón, miembro de Ecologistas. “El CSN va en contra de la transparencia necesaria en este asunto».
Raquel Montón, responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace, mira los papeles y echa cuentas. En dos años, su organización ha planteado por escrito seis solicitudes de información sobre Garoña y una sobre el cementerio nuclear (amén de otras cuatro sobre los cambios en la clasificación de la gravedad de fallos de las centrales y una sobre Palomares). Y en el caso de los dos proyectos que se tratan como materia confidencial, la respuesta nunca fue satisfactoria. “Es la política del CSN: nada de respuestas claras y transparentes, mejor que no se entiendan”.
«Hoy el CSN, en lugar de apostar por la transparencia, camina justo en la dirección contraria», critica Greepeace
Y es que desde Greenpeace la queja principal no es no haber obtenido respuesta (siempre hubo una carta de vuelta), sino que las recibidas en la mayoría de los casos poco tenían que ver con lo que se solicitaba. A listados de preguntas sobre el proceso de reactivación de Garoña que deberían responderse con un sí o un no, desde el CSN se remitía una explicación general; a peticiones de detalles técnicos sobre sistemas de seguridad y refrigeración, se respondía con una disertación sobre los diferentes tipos de sistemas existentes; a cartas en que se interrogaba por varios temas, sólo se respondía a algunos.
“En materia de seguridad nuclear la transparencia y la participación pública se convierten en garantías. Cuánta más información hay disponible y más fácil es exigirla, la seguridad es mayor”, sostiene Raquel Montón, de Greenpeace. “Pero hoy el CSN, en lugar de apostar por la transparencia, camina justo en la dirección contraria”.
