Seguridad Integral Canaria, la compañía de seguridad de Miguel Ángel Ramírez, ‘rey de la seguridad privada del PP’ y cercano al ministro Soria, sigue viendo cómo le crecen los enanos. En SABEMOS ya habíamos denunciado las precarias condiciones laborales de su plantilla, las investigaciones sobre su entramado o el sistema por el que seguía ganando concursos pese a sus deudas con la Seguridad Social .
Pues bien, Voz Populi revela hoy que la dirección del suburbano madrileño estuvo a punto de rescindir hace meses el contrato de la empresa de Ramírez debido a los constantes incumplimientos de la compañía, y que la nueva cúpula le ha abierto ya «varios» expedientes por no cumplir con las vigilancias programadas al no contar con personal suficiente como para efectuar las plantillas debido a algunas ausencias de los agentes jurados que estaban previstos.
Fuentes de Metro de Madrid han reiterado a SABEMOS que la compañía está “siempre vigilando” el cumplimiento de los contratos de seguridad.
Asimismo, han reconocido que se han producido “varios descubiertos”, turnos que no se han cumplido, pero que “tal y como se establece en el contrato de seguridad, cada vez que se incumple, se sanciona”.
Basilio Febles, portavoz de USO Canarias, denunciaba recientemente en un diario local canario el «crecimiento y consolidación en el mercado de Seguridad Integral Canaria a costa del deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores, de un retraso e incluso incumplimiento de las obligaciones salariales y con el fisco y de una actividad continua de socavamiento de la labor sindical».
Según Febles la empresa, a la que Adif adjudicó recientemente un contrato por casi 8 millones de euros para la seguridad de las instalaciones ferroviarias en la zona sur de la península, ha logrado su crecimiento coincidiendo con la llegada al Gobierno del PP y basándose en el «incumplimiento sistemático y deterioro progresivo de las condiciones laborales». A su juicio, su posición de ventaja se debe, precisamente, a este tipo de incumplimientos frente a otras compañías que sí cumplen sus compromisos. El sindicalista exige al Gobierno que controle mejor las condiciones de las adjudicatarias de los concursos no sólo antes de la concesión, sino también después, que es el momento donde Seguridad Integral Canaria comienza a incumplir los compromisos adquiridos.
Ramírez y Rosell
El también presidente de la Unión Deportiva Las Palmas acaba de estar de actualidad debido a las actuaciones abiertas contra la juez en excedencia y candidata de Podemos, Victoria Rosell, en las que se investiga si tenía que haberse abstenido de instruir una causa contra el empresario canario debido a que su pareja mantenía con él relaciones empresariales.
La sospecha de la Fiscalía es que el periodista Carlos Sosa, pareja de Rosell, de quien Pablo Iglesias ha señalado que será la próxima ministra de Justicia, negoció la venta de una licencia de radio en plena instrucción de la causa, algo que debería haber llevado a Rosell a abstenerse de seguir al frente del caso.
El diario El Mundo señala que, según un informe remitido a la Fiscalía por el actual instructor de la causa, Rosell orilló una documentación remitida desde la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional el 5 de febrero de 2014. Se trataba, en concreto, de un pen drive con «abundante documentación relativa a pagos de dietas a trabajadores, nóminas de los mismos y demás información relevante para la instrucción».
Jueces para la Democracia criticaba recientemente, en un comunicado, la «utilización partidista» de la Fiscalía y que se hayan filtrado estas informaciones precisamente en estas fechas preelectorales cuando ni siquiera las partes han tenido acceso al expediente.
