La privatización de Aena enfrenta al Gobierno con sindicatos y oposición

Aena

Cualquier Gobierno que accede al cargo tiene una serie de tareas mecánicas que realizar según llega. La gestión de empresas públicas y su privatización es una de ellas. Como ahora mismo hay pocas golosinas de titularidad estatal, ver de dónde se saca algo es complicado. Por eso, Aena se ha convertido en centro de debate las últimas semanas.

Uno de los primeros temas que ha abordado el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, es qué hacer con el 51% que todavía posee el Estado, a través de Enaire, en el gestor aeroportuario Aena. De esta forma hace unas semanas soltó el primer globo sonda: «Tenemos que analizar las posibilidades que puedan existir para seguir mejorando esta posición (de liderazgo) de Aena. ¿Se va a privatizar algo más? Es posible».

En estos momentos, un 49% del capital de la compañía está en manos privadas después de que saliera al mercado bursátil. Las noticias que estos últimos días circulan, sin ninguna confirmación por parte del Ministerio, es que se podría colocar en el mercado otro 11%. Así, lógicamente, Aena dejaría de pertenecer al Estado y su gestión quedaría en manos privadas.

Los primeros en poner el grito en el cielo han sido los sindicatos. Según CGT Aena Enaire, la ampliación de la privatización de Aena ocasionaría que la parte pública perdería la mayoría absoluta en el control y “nos dejaría una Aena absolutamente privada y controlada por fondos buitres cuya rentabilidad inmediata es su principal estrategia para la búsqueda de sus objetivos”.

Añaden que, en caso de ceder ese control, “se perderían las condiciones mínimas necesarias para garantizar la accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras aeroportuarias y la adecuada prestación de los servicios aeroportuarios”. Asimismo, los sindicatos han transmitido “la inquietud de las plantillas por el estrangulamiento de las mismas, la precariedad de las condiciones laborales que estamos sufriendo los trabajadores de Aena, en especial los conflictos laborales latentes”.

¿Pero realmente hay una intención de privatizar Aena? ¿O simplemente de trata de una estrategia del ministro De la Serna?

Por el momento, incertidumbre

El Gobierno necesita dinero. Bruselas aprieta a cuenta del déficit, y el Ejecutivo de Mariano Rajoy debe gestionar los escasos recursos públicos que tiene. De ahí que la venta de Aena, que enchufaría más de 2.000 millones con la venta de ese 11%, sea algo estratégico.

Pero el Ministerio quiere que las aguas bajen menos tensan. En esa línea, según fuentes de alto nivel en dicha cartera, el diario ‘El Independiente’ asegura que no habrá más privatización. Aunque no deja de ser una pequeña bomba de humo y quizá, una llamada a la calma a los sindicatos. Básicamente porque cualquier movimiento en Aena necesitaría de acuerdos entre Partido Popular, PSOE y Podemos. Algo poco probable.

Según consta en el Real Decreto 13/2010, “(…) la nueva estructura empresarial [de Aena] que se establece permite la consecución del objetivo de dar entrada al capital privado, si bien manteniendo en todo caso el carácter estatal de la sociedad, lo que supone el control de la mayoría de su capital”. Por lo tanto, habría que cambiar esta norma que necesitaría de una mayoría en la cámara baja.

Todo en el aire

Bajo este contexto, en el que, por ejemplo, Podemos ha sido muy claro con respecto a la gestión de las empresas públicas, que deben seguir siendo públicas, parece que Aena mantendrá su titularidad estatal.

La pregunta es hasta cuándo. En esa intervención del ministro de Fomento donde deslizó la idea de una privatización total, se habló de la importancia de este hecho para los negocios internacionales del gestor aeroportuario. Es decir, no depender del Gobierno y su burocracia permitiría entrar en los concursos públicos de otros países de manera más rápida y ágil.

Si se añade las necesidades de caja que tiene el Gobierno para hacer frente a los retos de Bruselas, no solo para el próximo año, sino para los siguiente, resulta que tampoco hay muchas más alternativas. Incluso con las reticencias de sindicatos y Podemos, a los que se podría añadir el PSOE, no parece que sean argumentos suficientes. Será una de las patatas calientes de Fomento en la recién iniciada legislatura.

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