Durante muchos años las políticas públicas se han hecho de espaldas a la ciudadanía. Eso incluye a las empresas de carácter estatal, cuya transparencia también ha sido bastante deficitaria. Y no parece que haya cambiado nada. Al menos, la gestión de Aena sigue los mismos patrones de siempre.
En las próximas semanas el Gobierno aprobará el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) en el que, entre otras cosas, se incluirá la evolución de las tasas que pagan los agentes turísticos por usar los aeropuertos, y que tendrán vigencia hasta 2021. Esto supondrá una serie de cambios dentro de la compañía de gran calado, al margen de estas tarifas.
Este DORA también será el encargado de gestionar la información sobre la evolución y situación actual de la red de aeropuertos, así como las previsiones de tráfico de cada aeropuerto. También velará por el cumplimiento de los estándares de capacidad y calidad de las infraestructuras instrumentados a través de indicadores.
En materia económica, este documento deberá garantizar las condiciones mínimas de servicio de las infraestructuras justificadas por razones de interés general, y será el encargado de administrar el programa quinquenal de inversiones; los costes operativos y de capital anuales teniendo en cuenta el criterio de eficiencia definido en el real decreto-ley, y los valores del ingreso máximo por pasajero para cada año.
Y todo eso, con la cantidad de dinero que implica, y los puestos de trabajo que supone, se hará de espaldas al Congreso de los Diputados, sin ningún control a lo que apruebe el Gobierno. Simplemente se tramitará en el mes de febrero en un Consejo de Ministros con el aporte opinativo de diversos actores implicados, y ya está.
Los sindicatos contra Aena
Si Aena fuera una compañía totalmente privada se podría entender, más o menos, la opacidad en su gestión. Pero el Estado tiene, actualmente, el 51% de las acciones. Esto debería ser suficiente para que debatiera con el resto de fuerzas políticas las cuestiones clave del DORA.
Además, el Gobierno sigue estudiando la privatización completa de la compañía, por lo que tiene más sentido que antes de gestionar dinero público tuviera que haber un debate consensuado sobre ambas cuestiones.
Ante este escenario, el sindicato CGT se muestra muy beligerante con la situación. Así, han comunicado a la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, la celebración de una concentración ante el Congreso de los Diputados el próximo día 20 de enero.
A la Concentración están convocados los trabajadores de los sectores aeroportuarios, aeronáutico y aéreos. Entre sus exigencias destacan, sobre todo, la erradicación de la temporalidad. Sienten que existe una precarización creciente de las condiciones de trabajo en los aeropuertos de Aena.
Asimismo, otra reivindicación tiene que ver con la propia gestión de los aeropuertos. Piden que se quede en manos públicas, aunque esto no dependerá tanto de la propia Aena y sus directivos, sino de la necesidad que tenga el Gobierno de hacer caja para rendir cuentas ante Bruselas.
