El bono social, el mecanismo que permite reducir la factura de la luz para los más desfavorecidos, no está bien diseñado. En eso coinciden tanto las eléctricas que tienen que costearlo -porque así lo ha establecido el Ministerio de Industria, Energía y Turismo- como los servicios sociales de las administraciones locales, que son capaces de apreciar de primera mano que las ayudas no llegan a quien más lo necesita.
España tiene un problema muy serio de pobreza energética, un concepto que engloba a todos aquellos hogares que tienen que dedicar más de un 10% de sus ingresos a hacer frente a las facturas de la luz y el gas y que, además, no pueden mantener una temperatura adecuada en invierno, entre 18 y 21 grados. Se trata de un asunto tan grave que, dependiendo del estudio que se mire, afecta a entre 1,8 millones y 3,6 millones de familias y que provoca miles de muertes prematuras.
Para tratar de paliar los efectos de este desastre, el Gobierno puso en marcha en 2009 un bono social, esto es, un descuento en el recibo de la electricidad con el que las familias con menos recursos pueden costear los pagos.
Las eléctricas costean el bono social, con un importe anual de 200 millones de euros
A las eléctricas esto le supone una cantidad anual cercana a los 200 millones de euros. Pero el problema no es que sea un importe insuficiente -que también puede serlo, dado el progresivo empobrecimiento de las clases medias desde el comienzo de la crisis- sino que está mal repartido.
“Vamos a plantear a las eléctricas cómo redistribuir el bono social”, ha afirmado la delegada del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, quien ha adelantado que están comenzando a mantener reuniones con las grandes energéticas españolas.
El consistorio se va a encontrar en estas citas con la predisposición de algunas de las empresas, como ha podido comprobar SABEMOS. Fuentes de una de la eléctricas que facilita el bono social a sus clientes han indicado que, efectivamente, los criterios para otorgar esta reducción en la factura generan distorsiones en el reparto de las ayudas.
Se refieren especialmente a 2 condiciones, que no están necesariamente ligadas a la pobreza energética pero que sí dan acceso a descuentos: tener una potencia contratada inferior a 3 kilovatios y ser familia numerosa.
Esto provoca que se puedan acoger al bono social algunos hogares que no lo necesitan y que otros que lo requieren se queden sin él, como han confirmado ambas partes.
Barreras para el cambio
Los dos bandos reconocen que son los servicios sociales, que están en el día a día de las personas más necesitadas, los que mejor pueden determinar quién está más necesitado del bono social que, eso sí, sólo aporta una rebaja del 25% en la factura. Pero puede que ahí acaben los acuerdos, dado que las eléctricas han recurrido en varias ocasiones el sistema de reparto del bono.
En el fondo, aunque Ahora Madrid y las eléctricas estén de acuerdo -serían enemigos jurados en cualquier otra situación-, poco pueden hacer. Los requisitos para el bono social los fija el Ministerio de Industria y por el momento no tiene pensado abordar un cambio en los principios sobre los que se basa el sistema.
De hecho, por mucho que la candidatura ciudadana que ha aupado a Manuela Carmena a la alcaldía incluya en dos puntos de su programa electoral la lucha contra la pobreza energética, el consistorio se puede encontrar de frente con el Gobierno, como comprobó la Generalitat cuando trató de imponer la “tregua de invierno” para impedir los cortes de suministro de energía a los hogares que no pagaran durante los meses de frío.
