El juez de la Audiencia Nacional prosigue con el caso de las tarjetas B de Caja Madrid exigiendo también las actas que otorgaron sus poderes al expresidente Miguel Blesa e insiste a la Agencia Tributaria sobre si la entidad trató de deducirse los gastos entre 2003 y 2011. UPyD, por su parte, recurre la desimputación de Spottorno y otros exdirectivos.
Nueva batería de pruebas para el caso de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia. Si hace dos semanas conocíamos que se estudiaba la paralización de las inspecciones por parte de la Agencia Tributaria (finalmente se paralizaron), en este caso, el juez Andreu (que instruye la causa en la Audiencia Nacional) ha vuelto su mirada sobre la Fundación Especial Caja Madrid (ahora llamada Montemadrid), entidad heredera de algunos de los documentos de la ya extinta caja de ahorros madrileña. Precisamente por esto, el magistrado acaba de enviar este miércoles un oficio (consultar aquí) a esta institución y a la propia Bankia con el fin de que «conforme a sus archivos expidan y remitan certificación detallada de los movimientos de la cuenta 6.192,02 de ‘gastos de órganos de gobierno’ de los ejercicios 2003 a 2011».
En concreto, Andreu quiere que se incorporen a la causa como pruebas «los soportes originales de todos y cada uno de los comprobantes de gastos (facturas, boletas, recibos u órdenes de cargo) que dieron lugar a los asientos contables de la cuenta de órganos de Gobierno». La petición llega a instancia de una parte: los exconsejeros imputados Juan Gómez Castañeda, Fernando Serrano Antón y Alejandro Cruceiro Ojeda.
A inicios de abril, el juez solicitó información detallada sobre quién efectivamente costeó los gastos de las tarjetas de crédito de los consejeros, con el fin de saber si el custodio legitimado de los archivos de los movimientos era Bankia o Fundación Caja Madrid. Bankia trasladó los datos al FROB como si fuera propietaria de los mismos, pero la estrategia de defensa de algunos consejeros pasará por probar que el legítimo dueño de los mismos era Caja Madrid, y por lo tanto ahora Montemadrid. Fuentes de estas defensas estiman que, si se demostrase este extremo, «Bankia podría haber incurrido en irregularidades o delitos por acceder, transgredir y publicitar información de tarjetas costeadas, consolidadas contablemente y pertenecientes en exclusiva a la fundación».
Juan Gómez Castañeda, consejero nombrado en representación de Izquierda Unida, gastó con las tarjetas de crédito de la caja 128.300 euros, según consta en los archivos incorporados a la causa que se instruye en la Audiencia Nacional. Fernando Serrano Antón, a instancia del Partido Popular, consumió por su parte 78.600 euros, mientras que Alejandro Cruceiro Ojeda (nombrado por la patronal madrileña CEIM) se fundió 70.200 euros.
¿Cuándo y cómo se empoderó a Blesa?
Otro de los oficios del juez Andreu a Fundación Montemadrid le exige que cuanto antes «aporte copia ceritificada de las actas del Consejo de Administración de Caja Madrid en las que fue nombrado Presidente Ejecutivo del mismo Miguel Blesa de la Parra». El magistrado quiere también aquellas en las que el Consejo de Administración delegó sus poderes en Blesa.
Tal como muestra el acta de 24 de mayo de 1988, entonces los administradores de Caja Madrid facultaron al presidente de entonces, Jaime Terceiro, para repartir entre la cúpula de la entidad «un sistema de compensación de gastos», así como para los miembros del Comité de Control. El juez quiere saber ahora cuándo y cómo se dieron poderes a Blesa para repartir discrecionalmente las tarjetas, así como su límite de gastos, entre los consejeros.
UPyD recurre las desimputaciones
Los representantes legales de UPyD (personada como acusación popular en el caso de las tarjetas) han presentado recursos contra la desimputación del antiguo jefe de la Casa del rey, Rafael Spottorno, quien gastó 235.900 euros con su black. También han recurrido la desimputación de otros once exdirectivos de la entidad, entre ellos su antiguo director financiero (Matías Amat) o el director de Banca de Inversiones, Carlos Vela.
El pasado 5 de mayo, Andreu decretó el sobreseimiento de la querella para esta docena de imputados, ya que el magistrado entendía que estos habían demostrado que se beneficiaron de las tarjetas como un complemento retributivo. En su recurso, el abogado Andrés Herzog alega que considerar estos gastos como un complemento retributivo es puro «voluntarismo», y reclama al juez que vuelva a imputarles.
¿Se deducía Caja Madrid los gastos?
Por último, el juez ha enviado otro requerimiento (ya que el primero no obtuvo respuesta) a la Agencia Tributaria en el que le exige un certificado sobre si «Caja Madrid pretendió deducirse, durante cada uno de los ejercicios del periodo 2003-2011, los gastos derivados de la utilización de las tarjetas de crédito de las que disponían los imputados».
Lo que sí sabemos es que en 2013 la Agencia Tributaria trató de dar carpetazo a los gastos de estas tarjetas sumando parte de los mismos a la base imponible de Impuesto de Sociedades de Caja Madrid. Es decir, que se desprende que sí que permitía que una mayoría de los gastos se contabilizasen como de representación, pero un porcentaje de los mismos no, por lo que debían tributar en el IS. No lo hacían por tanto en el IRPF, como en cambio argumenta la Fiscalía que se debería haber hecho.
