La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de cuatro años y medio de cárcel para el expresidente de Bankia y Caja Madrid Rodrigo Rato y otra de seis años para su antecesor en el cargo, Miguel Blesa, por un delito de apropiación indebida que ambos habrían cometido al utilizar sus ‘tarjetas black’ opacas al fisco.
El fiscal Alejandro Luzón, que no atribuye a ninguno de los procesados el delito de administración desleal, acusa a un total de 66 exdirectivos de Caja Madrid, para los que pide penas que oscilan entre uno y seis años de cárcel. Entre 2003 y 2012, periodo en el que los delitos no han prescrito, los gastos de las ‘tarjetas black’ ascendieron a un total de 12,03 millones de euros.
El representante del Ministerio Público también reclama tres años de cárcel para el exsecretario de Estado de Comercio José Manuel Fernández Norniella y dos años para el exdirector general financiero de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj y el exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno. Además, solicita que Blesa sea condenado a pagar una indemnización de 9,3 millones de euros por los gastos que autorizó entre enero de 2003 y enero de 2010 y que Rato abone 2,6 millones por la cuantía de los cargos efectuados entre febrero de 2010 y mayo de 2012.
También reclama para todos los acusados penas de inhabilitación para el ejercicio de la actividad bancaria y que no se presenten a unas elecciones durante el tiempo que duren sus condenas. Además, considera como atenuante que once exdirectivos, entre ellos Sánchez Barcoj y Fernández Norniella, hayan reparado el daño al devolver el dinero que gastaron de forma irregular.
Blesa fijaba el límite
Anticorrupción señala que Blesa autorizó personalmente la entrega de los plásticos y fijó el límite de gasto mientras ocupó la presidencia de Caja Madrid, entre el 11 de septiembre de 1996 y el 28 de enero de 2010. Su número dos, Ildefonso Sánchez Barcoj, se encargó «materialmente», a través de sus secretarias, de dar las indicaciones correspondientes al departamento de tarjetas para la emisión y cancelación de las mismas y las eventuales modificaciones de sus límites.
Los beneficiarios fueron los miembros del Consejo de Administración y la Comisión de Control de la entidad, así como otros directivos que podían utilizar los plásticos para «gastos de libre disposición, incluidos los de naturaleza estrictamente personal, ajenos al desarrollo de cualquier actividad de representación de la entidad o al desempeño de funciones o tareas al servicio de la misma».
De esta forma, según Anticorrupción, «se consagró una suerte de sistema retributivo que carecía de todo amparo legal, previsión estatutaria, soporte en los correspondientes contratos mercantiles o de trabajo o respaldo en acuerdos formalizados o decisiones adoptadas por los órganos de administración de Caja Madrid».
Para dotar de la «necesaria opacidad» a estas retribuciones las ‘black’ fueron emitidas al «margen del circuito ordinario de solicitud, aprobación, emisión y cancelación de las tarjetas de empresa».
Además, el fiscal Luzón señala que Caja Madrid nunca practicó la correspondiente retención fiscal de estas retribuciones, que cargó en dos cuentas, una correspondiente a los «gastos de los órganos de gobierno» y otra a la de los «quebrantos» provocados por «fraudes, negligencias y errores internos». Los beneficiarios tampoco tuvieron nunca que presentar justificación documental que acreditara los gastos.
El total de los cargos presuntamente irregulares ascendió a 9,3 millones de euros en la época de Blesa y a 2,4 millones en la de Rato, a lo que hay que sumar otros 245.228,48 euros que fueron gastados por los consejeros ejecutivos y directivos de Bankia bajo la presidencia de este último.
