El tribunal de Luxemburgo ha anulado el acuerdo para la liberalización en el comercio de productos agrícolas y pesqueros porque incluye territorio aún por descolonizar del Sahara Occidental y vulnera el Derecho Internacional.
De acuerdo con el Derecho Internacional, la explotación de recursos naturales en territorios ocupados solo es legal si cuenta con el consentimiento de su población local. La Unión Europea firmó en 2012 un acuerdo comercial con Marruecos que incluía el territorio aún por descolonizar del Sahara Occidental, ocupado ilegalmente por Marruecos desde hace 40 años. El reino alauí no ha podido demostrar que no esté comercializando recursos del Sahara ocupado y el Frente Polisario, al que la ONU reconoce como representante del pueblo saharaui, no ha sido consultado a la hora de firmar el acuerdo.
Por ello, el 19 de noviembre de 2012 el Polisario recurría por primera vez a un tribunal europeo para denunciar la “violación del Derecho Internacional” que ampara el “saqueo ilegal” de sus recursos naturales en referencia al acuerdo firmado en 2012 entre la UE y Marruecos para la liberalización en el comercio de productos agrícolas y pesqueros, que incluye territorio saharaui ocupado por Marruecos. Tres años de batalla judicial que han dado sus frutos: El 10 de diciembre de 2015, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ubicado en Luxemburgo, les ha dado la razón a los saharauis y ha anulado el acuerdo “ya que incluye la aplicación de dicho acuerdo al Sáhara Occidental”, territorio que está pendiente del proceso de descolonización.
Emhammed Khadad, representante del Frente Polisario en las negociaciones de paz con Marruecos, lo expresaba así: “El derecho internacional es muy claro respecto a los Territorios No Autónomos. La UE no tiene derecho a firmar acuerdos comerciales con Marruecos con recursos que pertenecen a los saharauis. Esperamos que a través de este esfuerzo finalmente prevalezca la justicia”. Y así fue, pero la batalla no ha sido fácil: La Comisión Europea y el Consejo negaban la capacidad jurídica del Frente Polisario para interponer el recurso, lo que ha alargado considerablemente el proceso. En este sentido, el TJUE ha concluido que el Frente Polisario está «directa e individualmente concernido» por el acuerdo y que «no hay duda en cuanto a la admisibilidad del recurso, contrariamente a lo que hacen valer el Consejo y la Comisión».
Los jueces europeos consideran que el Consejo de la UE, cuando examinó los elementos en relación con el acuerdo, «debía asegurarse el mismo de que no había indicios de una explotación de los recursos naturales del territorio del Sáhara Occidental bajo control marroquí que pudiera hacerse en detrimento de sus habitantes y en violación de sus derechos fundamentales». Se debería haber hecho así, indica la sentencia, «teniendo en cuenta el hecho de que la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental no está reconocida por la UE y sus Estados miembros ni por la ONU, y la ausencia de un mandato internacional susceptible de justificar la presencia marroquí en ese territorio». En ese sentido, añade el fallo judicial, el Consejo «no puede limitarse a considerar que es el Reino de Marruecos el que debe asegurar que ninguna explotación de esa naturaleza tiene lugar».
A pesar de la victoria histórica para el Frente Polisario y el pueblo saharaui, que ven por primera vez a un tribunal europeo fallando a favor de sus intereses, la sentencia no es firme y las partes pueden presentar en el plazo de dos meses un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión.
Un acuerdo muy discutido en la Eurocámara
Dicho acuerdo consistía en liberalizar con efecto inmediato el 55 % de los aranceles de los productos agrícolas y de la pesca de Marruecos (antes un 33 %) y el 70 % de los aranceles de los productos agrícolas y de la pesca de la UE en un plazo de diez años (antes un 1 %). Esta medida preveía un ahorro estimado de 100 millones de euros en derechos de aduana una vez se aplicara plenamente.
El Parlamento Europeo le dio luz verde en febrero de 2012 con los votos favorables de populares, socialistas, liberales y conservadores y reformistas a pesar de las voces críticas: De las tres comisiones europeas consultadas (Agricultura, Pesca y Comercio Internacional) dos se mostraban favorables siendo la de Agricultura contraria a la celebración del acuerdo. El eurodiputado francés José Bové (Los Verdes) presentó un informe señalando otros puntos negativos además de la cuestión del expolio a los saharauis, como el incumplimiento constante de las cláusulas del acuerdo en vigor por parte Marruecos, las irregularidades aduaneras y la falta del principio de reciprocidad en las condiciones de producción y venta con las producciones europeas.
Los eurodiputados españoles Willy Meyer (Izquierda Unitaria Europea) y Raül Romeva (Verdes/ALE) también votaron en contra del acuerdo porque “está hecho de espaldas a la legalidad internacional pues sigue incluyendo recursos naturales que pertenecen al pueblo saharaui y, por tanto, respalda y eterniza el expolio que Marruecos lleva a cabo en el Sahara Occidental” según palabras de Meyer y «más allá de esto, creemos que este tratado ha de ser renegociado para adaptarlo a las necesidades de un desarrollo económico y social sostenible» indicaba en el pleno Romeva. A pesar de ello, la Eurocámara concedió su aprobación y pidió a la Comisión que “garantice que el Acuerdo es plenamente coherente con el Derecho internacional y beneficia a todos los grupos de población locales afectados”. A la vista de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, la Comisión no llevó a cabo dicha verficiación.
Marruecos no va a renunciar a sus intereses
El Gobierno de Marruecos, que quiere seguir beneficiándose de la explotación de los recursos saharauis, hace oídos sordos al Derecho Internacional y, una vez más, amenaza sutilmente a la UE y a sus estados miembro para presionarles a actuar a favor de sus intereses: El ministro de Comunicación y portavoz del Ejecutivo, Mustafa Jalfi, ha expresado el rechazo de Rabat a la decisión del Tribunal de Luxemburgo, que calificó de «carácter político y no jurídico» añadiendo que se trata de una sentencia «de carácter intereuropeo que no afecta a Marruecos», según recogen varias agencias.
“Las decisiones que tomen los responsables europeos determinarán la puesta en marcha del resto de acuerdos entre Marruecos y la UE, e influirán sobre la totalidad de relaciones», ha afirmado el ministro marroquí, añadiendo que su país “tomará todas las medidas necesarias para proteger sus intereses, a los que no va a renunciar».
