El ejecutivo rechaza dar detalles de la investigación llevada a cabo por la Agencia Tributaria acerca del patrimonio del exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, acusado de alzamiento de bienes y fraude fiscal, entre otros delitos. En septiembre de 2014 Montoro sí que habló del caso Pujol, y en enero Sáenz de Santamaría lo hizo sobre Monedero.
«En todos los países civilizados la confidencialidad de los contribuyentes es total». Con esta sentencia, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quiso zanjar este viernes, tras el consejo de ministros, las peticiones de partidos de la oposición y periodistas para que diera explicaciones y detalles sobre la investigación llevada a cabo por la Agencia Tributaria sobre el exvicepresidente Rodrigo Rato, ahora acusado por delitos de alzamiento de bienes y fraude fiscal, entre otros.
La aparente firmeza de Montoro respecto de la información tributaria de las personalidades envueltas en escándalos con el fisco, sin embargo, no parece corresponderse con otros episodios recientes. Sea o no una distinta vara de medir, lo cierto es que la actitud del titular de la cartera de Hacienda contrasta con la mostrada por él mismo u otros miembros del Gobierno en casos como el de la familia Pujol o el líder de Podemos, Juan Carlos Monedero.
En septiembre de 2014, el propio Montoro compareció ante el Congreso (algo a lo que se ha negado en el caso de Rato: enviará el martes a Santiago Menéndez, director de la Agencia Tributaria) para informar sobre la presunta amnistía fiscal a la que se acogieron los miembros de la familia del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol. Aunque el mismo patriarca reconoció por escrito que se había acogido a la regularización especial del Gobierno en 2012 (el famoso formulario 720), el ministro negó este extremo y lanzó un aviso a navegantes: «No saldrá impune».
Exigieron explicaciones al podemita
En enero de este año un nuevo escándalo fiscal. En este caso protagonizado por uno de los líderes del pujante partido Podemos: Juan Carlos Monedero, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, se veía envuelto en la polémica debido a que facturó diversos trabajos académicos a gobiernos latinoamericanos a través de una sociedad interpuesta. Pese a que el profesor argumentó que había pagado impuestos cuando en realidad no le correspondía, los expertos fiscales replicaron que si era una renta personal tenía que haber tributado en el IRPF, y no en el Impuesto de Sociedades, como hizo.
En este caso, la que salió a responder fue la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, quien en una rueda de prensa posterior al consejo de ministros mandó un aviso a navegantes al líder podemita, y le exigió que diera explicaciones para aclarar si efectivamente había cometido alguna irregularidad.
Al margen de las amenazas, veladas o no, a éste líder de la oposición, o a medios de comunicación, actores, deportistas, etc, las asociaciones profesionales de inspectores y técnicos de Hacienda han mostrado repetidas veces su crítica radical del Gobierno respecto a su uso partidista de la Agencia Tributaria.
