Con nocturnidad y alevosía, el presidente de la Generalitat firmó el decreto por el que se convocan las elecciones de Cataluña para el próximo día 27 de septiembre, los terceros comicios autonómicos en los últimos cinco años. Para dar más solemnidad al desafío independentista, el jefe del Ejecutivo regional optó por un formato de acto institucional, sin periodistas y retransmitido en directo por la televisión autonómica. Después leyó una declaración, que le sirvió para despacharse con duras críticas al Gobierno de la Nación por no permitir, según dijo, una consulta legal y acordada.
Pasaban las nueve de la noche y oscurecía en Barcelona cuando el independentista Artur Mas aparecía en el Salón Mare de Déu de Montserrat, en el palacio de la Generalitat. Ante la sola presencia de la presidenta del Parlamento regional, Núria de Gispert; la vicepresidenta y consejera de Bienestar Social, Neus Munté; el consejero de Presidencia, Francesc Homs; y la titular de Gobernación y Relaciones Institucionales, Meritxell Borrás, el líder secesionista catalán rubricó con su firma el decreto de convocatoria.
El texto es similar al de anteriores citas con las urnas y sigue el marco legal vigente, con lo que la Generalitat evita que el Gobierno de la Nación pueda llevarlo al Tribunal Constitucional. Ni rastro hay de la convocatoria de un plebiscito, como han planteado los comicios del 27-S las fuerzas secesionistas.
El decreto consta de cuatro artículos y una disposición final. “Artículo 1: Se convocan elecciones al Parlamento de Cataluña, que tendrán lugar el día 27 de septiembre de 2015. Artículo 2: Queda disuelto el Parlamento de Cataluña elegido el día 25 de noviembre de 2012. Artículo 3: Las circunscripciones electorales de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona elegirán, respectivamente, 85, 17, 15 y 18 diputados. Artículo 4: La campaña electoral durará 15 días; comenzará a las cero horas del día 11 de septiembre de 2015 y acabará a las veinticuatro horas del día 25 de septiembre de 2015. Disposición final: Este decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña”.
“Todos sabemos que estas elecciones serán muy diferentes”
Tras firmar el decreto de convocatoria de elecciones, el independentista Mas leyó un discurso en el que se encargó recordar que, en lo que se refiere a la forma, el decreto sigue el marco legal vigente, pero en el fondo –subrayó- “todos sabemos que estas elecciones serán muy diferentes”, porque la situción que se vive es de excepcionalidad.
En este sentido, Artur Mas hizo un llamamiento a los ciudadanos de su comunidad autónoma a hacer del 27 de septiembre una fecha señalada en la historia de Cataluña, con unos comicios que, según dijo, servirán para dar salida al anhelo fundamental del derecho a decidir de los catalanes.
A renglón seguido, lamentó que el Estado pretenda silenciar la voz del pueblo catalán, que definió como una nación de personas libres que nos hemos ganado el derecho a decidir, tiempo que apeló a la responsabilidad de las formaciones políticas para que presenten sus proyectos y se respete lo que el pueblo elija.
Llegados a este punto, se pone en marcha la hoja de ruta del Gobierno de Rajoy para frenar el órdago del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y sus aliados republicanos e independentistas. Mariano Rajoy dispone ahora de un mayor número de armas legales que hace unos meses. Según cuentan a SABEMOS algunos de los estrategas monclovitas, el plan pasa por impugnar cualquier acto relacionado con los comicios del 27 de septiembre y aplicar en última instancia la futura ley de Seguridad Nacional, aprobada la semana pasada por la Comisión Constitucional del Congreso, con capacidad legislativa plena.
Tal y como se esperaba, el decreto de convocatoria cumple estrictamente con la legalidad y el Ejecutivo de Rajoy no podrá llevarlo al TC. Así las cosas, el siguiente paso del Gobierno será vigilar cada una de las decisiones y declaraciones públicas que tengan lugar a partir de hoy, esto es, durante la precampaña y campaña electoral. En este punto, la Abogacía del Estado tiene orden de impugnar todos los actos relacionados con el 27-S que vulnere el espíritu de la Constitución y el ordenamiento jurídico.
Ante una posible declaración unilateral de soberanía
El Gobierno de Rajoy se pone en el escenario de que las elecciones se celebren dentro la normalidad y respeto a la ley y que sea el Parlamento autonómico que salga de las urnas el que apruebe una declaración unilateral de soberanía. Será entonces cuando el Ejecutivo del PP –o de cualquier otro partido o coalición, en el que caso de que tras las elecciones generales los populares no logren forma gobierno- aplique la ley de Seguridad Nacional.
Esa norma viene como anillo al dedo para frenar el órdago secesionista. El texto establece en su artículo tres que “se entenderá por Seguridad Nacional la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos”.
Con esa ley, el Gobierno puede recurrir a una situación de excepcionalidad para disponer bajo su mando todos los recursos materiales y humanos, públicos o privados. De facto, la norma permite al Gobierno hacerse con el control de los Mossos d´Esquadra y de las policías locales. Todo ello, con una mayoría simple del Congreso y sólo a través de un real decreto en el que figurasen exclusivamente la obligación de definir la crisis, la delimitación del ámbito geográfico, la duración, las posibles prórrogas y los recursos disponibles.
