Aceptándolas como gastos de representación y con un incremento de las bases imponibles del Impuesto de Sociedades. Así gestionó durante años la inspección de la Agencia Tributaria los dispendios practicados por consejeros y directivos de la caja. Las actas de Hacienda muestran que los gastos eran conocidos, si bien no tuvieron repercusiones más allá de pagar un tributo por beneficios más alto.
No eran black y la Agencia Tributaria las conocía, a la vista de los documentos. El juez Fernando Andreu, que instruye la pieza separada de las tarjetas black de Caja Madrid en la Audiencia Nacional, dispone ya de las actas de inspección de las conocidas como tarjetas B referentes a los ejercicios 2004, 2005 y 2006 (presuntamente se utilizaron por lo menos entre 2003 y 2012). Del contenido de estos documentos, que tienen valor probatorio en un juicio, se desprende que la inspección de Hacienda se clausuró en junio de 2013, apenas seis meses antes de que el escándalo saliera a la luz gracias a los correos de Blesa.
La inspección, por un criterio de «economía procesal» (según fuentes jurídicas conocedoras del caso) optó por obligar a la caja a tributar por estos gastos personales en vez de someter a los beneficiarios de los mismos (los consejeros) a una imputación en sus declaraciones del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), como en teoría hubiera sido ortodoxo. Desde el inicio de la instrucción, los consejeros se han justificado alegando que creían que era la entidad la que tributaba por ellos. A la vista de los documentos, es cierto.
El juez Andreu ha imputado a la práctica totalidad de los antiguos consejeros de la caja que hicieron uso de las tarjetas. Entre ellos, los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato (ahora investigado por presuntos delitos de blanqueo de dinero), así como representantes de la oposición, los sindicatos o la patronal. Todos ellos se han defendido alegando que estos plásticos no eran opacos fiscalmente, ya que sí estaban contabilizados y tributaban al fisco, algo que parece confirmarse con estas actas. Lo que no quiere decir que la operativa no pueda ser ilegal y motivo de delito a ojos del juez.
2,4 millones no justificados en tres años
De los documentos a los que ha tenido acceso Sabemos se desprende que Hacienda zanjó la existencia de las tarjetas de los consejeros (destinadas a gastos sin justificación) con una operativa sencilla: Aumentando la base imponible de Caja Madrid referente al impuesto de sociedades. ¿Cuánto? Aproximadamente un tercio de los gastos atribuídos a la cuenta Nº 619202 [la de «gastos de órganos de gobierno»] no podían justificarse, y por tanto se sumaron a la base impositiva. En total, 91.833,27 euros, que se traducirían en unos mayores tributos a pagar por parte de la caja madrileña. Además, se sumaron otros 483.852,64 euros apuntados como gastos de representación del consejo de administración (en otra cuenta contigua, la 619201) y otros 20.835 euros de una cuenta similar (la 619902).
Una cantidad menor hubo de sumarse a la base imponible (la cantidad total a partir de la cual a un contribuyente se le aplican los gravámenes) del impuesto de sociedades de Caja Madrid para el ejercicio fiscal de 2005. En este caso la inspección de Hacienda estimó que 216.172,51 euros gastados con las tarjetas de los consejeros (y vinculados a la cuenta 619201) no se justificaban como gastos de representación.
Por su parte, en el acta de inspección del ejercicio 2006, las cantidades no justificadas a criterio de Hacienda se multiplicaron. Se sumaron a la base imponible 679.044,16 euros de gastos de representación de los consejeros relacionados con la cuenta 619201. A estos se suman otros 99.592,13 euros de otra partida de gastos de los órganos de gobierno (asociados también a la cuenta 619201), otros 559.870,93 euros contabilizados en la cuenta número 619102 y finalmente otros 237.088,20 euros reflejados en la cuenta 619202. En total, en tres ejercicios, Hacienda encontró injustificables casi 2,4 millones de euros gastados con las tarjetas de los consejeros, y le dio salida incluyéndolo en el impuesto de sociedades.
Es decir, que Hacienda aparentemente dio por bueno que estos dispendios no justificados se contabilizasen como gastos de representación, aunque en la práctica eran personales. La Audiencia Nacional lleva meses tratando de discernir la naturaleza delictiva de estas tarjetas. Según el fiscal y el propio instructor, los indicios son claros: O eran tarjetas de representación, y por lo tanto se hizo un uso indebido de las mismas, o eran tarjetas que funcionaban como un complemento retributivo, para lo que no hay un mandato preciso por parte del consejo de administración (ninguna acta del mismo habla de unas tarjetas de uso libre, por más que la costumbre así lo permitiera).
Los errores obligaron a sumar 62,9 millones a la declaración de Caja Madrid en 2006
Las actas (se pueden consultar los documentos completos más abajo) no sólo se refieren a los gastos de las tarjetas. Al contrario, éstos conceptos parecen ser menores en una entidad que solo en 2006 hubo de aumentar su base imponible en casi 62,9 millones de euros debido a una mala contabilización de los gastos, los ingresos, las deducciones, etc. Las actas detallan todos los errores que para los inspectores de Hacienda había que subsanar respecto al pago del impuesto de sociedades en la caja.
Así, según la inspección había que sumar 10,2 millones de euros debido a excesos en las dotaciones (las partidas destinadas a cubrir posibles quebrantos) y otros 29,4 millones por dotaciones efectuadas por encima de los mínimos para la cobertura de riesgos de insolvencia de clientes. En la medida que sobrepasaban los mínimos marcados por el BdE, no podían ser fiscalmente deducibles, por lo que se habían de sumar a la base imponible total, que en el ejercicio 2006 ascendió a 1.023.144 millones de euros. En una partida milmillonaria, los cientos de miles de euros de las tarjetas no eran una prioridad para el fisco.
Acta del ejercicio 2004
Acta del ejercicio 2005
Acta del ejercicio 2006
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