El grupo recurre en los tribunales la decisión del Ayuntamiento de Palma de no confirmar la adjudicación definitiva de la gestión del Palacio de Congresos.
El Palacio de Congresos de Palma de Mallorca, uno de los proyectos estrella que pusiera en marcha el expresident Jaume Matas, se convertirá en protagonista de una dura batalla legal. Once años después de que el proyecto echara andar, transcurridos siete años desde que se iniciara la construcción y tras cinco concursos públicos convocados para ceder su gestión, la gestión de las instalaciones sigue en el aire tras la decisión del Ayuntamiento palmesano y del Gobierno balear de paralizar su adjudicación definitiva al grupo Barceló.
El grupo Barceló se adjudicó a principios del pasado abril el concurso para la explotación del palacio y el hotel anexo, pero a falta de la aprobación definitiva la entonces oposición en el Ayuntamiento de Palma (hoy en el equipo de gobierno tras el 24M) denunció la decisión porque los informes de valoración de los activos inmobiliarios habían caducado. Ahora, tanto el Ayuntamiento como el Gobierno regional han decidido paralizar la adjudicación a Barceló.
Pero Barceló no está dispuesto a renunciar a un contrato que considera ganado en buena lid. El grupo se ha lanzado a una batalla legal para recuperar el control del proyecto estrella del hoy caído en desgracia expresidente Matas. La compañía lo ha anunciado hoy, pero su filial Barceló Eventos Empresariales presentó el pasado 21 de diciembre un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la Junta del Gobierno del Ayuntamiento de Palma de no ratificar la adjudicación de la gestión.
En el escrito de recurso, Barceló recuerda que el procedimiento de licitación se ajustaba a derecho y que su oferta obtuvo la mayor puntuación (88,84 puntos frente a los 85 obtenidos por la propuesta de Meliá). Para el grupo comandado por Simón Pedro Barceló el acuerdo de la junta de gobierno del consistorio del 5 de noviembre es “contrario a derecho”.
La anulación del último concurso
Barceló se impuso en el último concurso a Meliá con una oferta que ofrecía un canon de 1,7 millones al año por explotar las instalaciones y también 40,5 millones de euros por la opción de compra del edificio del hotel que podría ejercerse en tan sólo cinco años. El precio de la opción de adquisición del inmueble se basaba en un informe de valoración realizado por el propio Ayuntamiento de Palma, pero que se había elaborado para un concurso anterior y cuya validez había caducado en el momento de la nueva licitación.
El Ayuntamiento y Gobierno balear decidieron anular la adjudicación a Barceló basándose en un informe encargado a un profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), que ha determinado formalizar la cesión sería ilegal por varias irregularidades en el procedimiento. En el informe, se subraya que no se puede proceder a la adjudicación por la caducidad del informe de valoración y porque los bienes públicos, salvo casos excepcionales, han de venderse mediante subastas y no mediante un concurso. Según los cálculos que manejan las Administraciones, las arcas públicas habrían perdido 80 millones de euros en los próximos 37 años de haber continuado con el proceso tal y como estaba diseñado por el menor canon percibido una vez que se adquiriera la propiedad del hotel.
Una vez paralizada formalmente la adjudicación, la sociedad Palau de Congressos (controlada al 50% por las administraciones municipal y autonómica) debe decidir de qué manera impulsar de nuevo el proceso. Las dos opciones que se manejan son lanzar un nuevo concurso público para ceder la gestión del palacio (que no implicaría la venta del inmueble del hotel) o para mantener la gestión pública del palacio de congresos y alquilar el hotel a una empresa privada. La elección de una u otra fórmula llevará previsiblemente meses.
Historia de un palacio exagerado
El Palacio de Congresos de Palma es un proyecto exagerado: exagerado en sus dimensiones (un mastodonte de piedra y cristal a medio construir aún), exagerado en las previsiones de éxito que lo justificaban… y también exagerado en el presupuesto que ha tenido que asumir el erario público (se han superado ya los 130 millones de euros, repartidos a partes iguales entre el Gobierno balear y el Ayuntamiento de Palma) y exagerado en los plazos (once años dando vueltas).
El Gobierno regional de Jaume Matas y el Ayuntamiento capitalino de Catalina Cirer, ambos del PP, constituyeron en septiembre de 2004 a partes iguales la sociedad pública Palau de Congressos, SA como primer paso para levantar un gran centro de eventos y convenciones en Mallorca. El proyecto original contaba con el palacio de congresos y con dos hoteles anexos (uno de los hoteles acabó quedándose en el camino).
El proyecto de construcción de un palacio de congresos en Palma vino impulsado por el hoy caído en desgracia expresident Jaume Matas. Según han declarado en sede judicial un acusado en diferentes casos de corrupción, Matas se implicó personalmente en la elección de los terrenos en que se ubicaría el palacio. Según otras fuentes próximas al proceso en esa época, el presidente autonómico también alentó el interés de algunas empresas para participar en el concurso. Y según denuncian en privado fuentes de una empresa afectada por cómo se desarrolló el proceso, Matas también habría participado directamente en el resultado del primer concurso.
Govern y Ayuntamiento (Cort, lo llaman los mallorquines) adjudicaron en febrero de 2007 la explotación del palacio y de los dos hoteles durante 40 años a una unión temporal de empresas (UTE) liderada por Barceló, con un 50%, y en la que también participaban los grupos turísticos Globalia e Iberostar y las constructoras Acciona y Sampol. El presupuesto de construcción era de 110 millones de euros, de los que 80 millones eran aportados por las empresas y los 30 millones restantes por las Administraciones.
Entonces el proyecto iba aparentemente sobre ruedas y todas las partes se las prometían muy felices. Tres meses después de la adjudicación, llegaron las elecciones autonómicas y municipales y, contra pronóstico, el PP salió de ambas instituciones. Matas decidió abandonar la política y, en un movimiento como mínimo poco estético, el grupo Barceló contrató al expresidente tres meses después de su salida del Govern como ejecutivo en su oficina en Washington. El expresidente abandonó el grupo turístico en enero de 2009, pero mantuvo su residencia en EEUU hasta que comenzó la cascada de imputaciones por diferentes casos de corrupción.
Barceló abandonó el proyecto para luego volver
Oficialmente las obras arrancaron en abril de 2008, pero en la práctica los trabajos se demoraron y las excavadoras no llegaron hasta más de un año después por un problema legal con una de las parcelas en que se ubicaba el proyecto. Los problemas legales, los retrasos, un presunto sobrecoste en el presupuesto, el inicio de la crisis (y probablemente también la salida del gobierno de Jaume Matas) fueron desalentando a algunas de las compañías que participaban en la UTE adjudicataria, en la que acabaron por quedarse sólo Barceló (con una participación del 95%) y Acciona (con 5% restante).
Pero en mayo de 2009, el grupo de la familia Barceló también anuncia su decisión de abandonar el proyecto porque, según dijo, ya no salían las cuentas. La alcaldesa de Palma en ese momento, la socialista Aina Calvo, llegó a denunciar posteriormente que Barceló le había exigido 30 millones más de aportación pública para continuar con el proyecto, y que ella lo vivió, según sus propias palabras, como un intento de “extorsión”.
El proyecto entró en un periodo de incertidumbre que se ha venido arrastrando hasta ahora. Sin adjudicatario para la explotación de las instalaciones, de la UTE original sólo quedó vinculado a la iniciativa Acciona como grupo constructor. Las obras se fueron ralentizando y la constructora de los Entrecanales las paralizó (por primera vez) en junio de 2011 por el impago de 27 millones de euros.
Con el Partido Popular de vuelta, tanto en el Govern como en Cort, se inicia un largo serial de convocatorias de concursos que resultan infructuosas. Al segundo concurso para ceder la explotación, en abril de 2012, no se presentó ningún candidato. Al tercero, en julio de ese mismo año, sólo acudió el grupo hotelero Meliá, pero no cumplió los requisitos mínimos y también quedó desierto.
En 2013, de cara al cuarto concurso público, las administraciones deciden cambiar las condiciones para hacer más atractivo el proyecto a posibles interesados. Además de la gestión y explotación de las instalaciones durante cuatro décadas, se facilita una opción de compra del hotel anexo. Aunque esa cuarta convocatoria también quedó desierta.
El quinto concurso que ahora se anula
Ya el año pasado, Govern y Cort lanzan un quinto concurso. A la nueva licitación acuden Meliá Hotels y, otra vez, el grupo Barceló. Este último, el antiguo adjudicatario que abandonó el proyecto, consigue imponer su oferta. La compañía de los Barceló ofrece un canon de 1,7 millones al año y también 40,5 millones de euros por la opción de compra del hotel que podría ejercerse en cinco años. La oferta de Meliá incluye un canon anual de 1,3 millones y eleva su opción de compra por el establecimiento hasta los 60 millones. Barceló obtuvo mayor puntuación, porque el canon y la oferta técnica tenían más peso en la nota de los concursos que la eventual opción de compra del edificio hotelero.
La muy diferente valoración que hacen ambas compañías para la compra del hotel, no obstante, escamó a un concejal de la oposición del Ayuntamiento de Palma. Toni Verger, entonces portavoz de la coalición de izquierda soberanista MÉS per Mallorca, descubrió que los informes de valoración del edificio (que son los mismos que se utilizaron en el cuarto concurso, el de 2013) estaban caducados y no tenían validez. Y la adjudicación quedó paralizada a la espera de un dictamen jurídico que determinara si podía hacerse definitiva en estas condiciones. Ahora, el proceso arranca de nuevo. O se alarga otra vez. O uno ya no sabe.
