“El próximo unicornio europeo podría venir de la economía colaborativa”. En estos términos se ha referido Jyrki Katainen, vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Fomento del Empleo, para dejar clara la posición de Bruselas frente a empresas como Airbnb o Uber.
Un unicornio, en el ecosistema empresarial, se refiere a las startups que tienen un valor de más de 1.000 millones de dólares. Y eso es lo que no quiere frenar la Comisión ante el auge de la economía colaborativa y la nueva tipología empresarial de base tecnológica. Así, ha desarrollado una serie de orientaciones para dejar clara su postura.
Bajo el título Agenda europea para la economía colaborativa, desde Bruselas tienen como principal propósito crear un marco regulatorio para permitir el desarrollo de nuevo modelos de negocio, como pueden ser los caso de Airbnb, Uber o tantas compañías con funcionamiento similar.
Estas “orientaciones” parecen estar en contraposición con las presiones regulatorias y legislativas de cada estado miembro que, de forma local, están creando marcos legales bastante exigentes para estas plataformas y apps. Por su parte, la comisaria Elzbieta Bieńkowska, responsable de Mercado Interior e Industria ha manifestado que “si se logra que se desarrolle de forma adecuada la economía colaborativa puede constituir una oportunidad para los consumidores, los emprendedores y las empresas. Pero si permitimos que nuestro mercado único se fragmente en función de pautas nacionales, o incluso locales, Europa corre el riesgo de perder el control”.
Puntos clave del informe
Para dejar clara su posición, la Comisión Europea ha matizado en cinco puntos cuestiones como los requisitos de acceso o la fiscalidad aplicada a este tipo de empresas.
Acceso al mercado
Según Bruselas, los prestadores de servicios solo deberían estar obligados a obtener autorizaciones o licencias cuando sea estrictamente necesario para alcanzar los objetivos de interés público pertinentes.
De este modo, y como uno de los principales mensajes que se lanzan desde Europa a cada país, advierte de que las prohibiciones absolutas de una actividad solo deberían imponerse como último recurso. Así, las plataformas colaborativas no deben estar sujetas a autorizaciones o licencias si solo actúan como intermediarios entre los consumidores y aquellos que ofrecen el servicio en cuestión (por ejemplo, servicios de transporte o de alojamiento). Por ello, reflejan que los Estados miembros también deberían diferenciar entre los ciudadanos que ofrecen un servicio de manera ocasional y los proveedores que actúan como profesionales, por ejemplo, mediante el establecimiento de umbrales basados en el nivel de actividad.
Dónde está el responsable
Para la Comisión, las plataformas colaborativas pueden quedar exentas de responsabilidad por la información que almacenan en nombre de los que ofrecen un servicio. Sin embargo, no deberían quedar exentas de responsabilidad por los servicios que ofrecen ellas mismas, por ejemplo, servicios de pago. De esta forma, se anima a las plataformas colaborativas a que sigan adoptando medidas voluntarias para luchar contra los contenidos ilegales en Internet y para aumentar la confianza.
¿Y los usuarios?
Un objetivo de Bruselas es cuidar por la relación de estas empresas y los usuarios. Así, advierte a los estados miembros de que deben garantizar que los consumidores gocen de un alto nivel de protección con respecto a las prácticas comerciales desleales, sin imponer obligaciones de información desproporcionadas a los particulares que únicamente presten servicios de manera ocasional.
Sobre trabajo y falsos autónomos
La semana pasada, en España, desde Fedetaxi denunciaban a una app de transporte diciendo que tenían falsos autónomos. Por eso en Bruselas no quieren que puedan darse situaciones similares. Así, cada país deberá controlar la relación de subordinación a la plataforma, la naturaleza del trabajo o la remuneración a la hora de decidir si puede considerarse a una determinada persona como trabajador de una plataforma.
Asunto fiscal
Pese a que el informe marca una postura favorable (y amigable) con la economía colaborativa, desde Bruselas también dejan claro que todos deben pagar impuestos.
Así, animan a cada estado miembro a seguir simplificando y clarificando la aplicación de las normas fiscales a la economía colaborativa. Para ello, y como exigencia a las plataformas colaborativas, éstas deberían prestar su total colaboración a las autoridades nacionales para registrar la actividad económica y facilitar la recaudación de impuestos.
Reacciones al informe
Algunos de los principales actores en este circo de la economía colaborativa han mostrado su opinión al respecto de forma inmediata.
Por ejemplo, desde Uber se sienten respaldados y aseguran que “la Comisión Europea ha dejado claro que las leyes europeas protegen a los servicios de economía colaborativa de las restricciones desproporcionadas e insta a los Estados Miembros a revisar las regulaciones que atentan contra su desarrollo».
Por su parte, Airbnb, que también es uno de los principales protagonistas, “considera que la economía colaborativa ya está aportando a Europa enormes beneficios y oportunidades económicas para un gran número de personas que dependen de los ingresos adicionales que obtienen gracias a la existencia de las plataformas”.
Asimismo, pone ejemplo de ciudades concretas como Lisboa, París, Londres o Ámsterdam donde ya tienen normativas que apoyan a esos individuos, según Airbnb, frente a otras ciudades que han impulsado regulaciones complejas y excesivas. Los beneficios que genera la economía colaborativa deberían estar al alcance de todos.
