El presidente del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, no ve voluntad política real para emprender el combate de los paraísos fiscales. Y en pleno escándalo de los papeles de Panamá, denuncia que no se destinan medios suficientes para dar la batalla a las grandes bolsas de fraude fiscal.
En los papeles de Panamá aparecen 1.200 sociedades, más de 500 accionistas y unos 90 beneficiarios directos con domicilio en España (amén de los ciudadanos españoles que figuran en ellos pero con direcciones en otros países). Con esos datos, ¿se puede considerar que se ha actuado con diligencia en el combate de estas prácticas?
Es obvio que no se ha hecho ni se hace lo suficiente en esta materia. Es difícil luchar contra las fortunas escondidas en los paraísos fiscales, pero para intentarlo se necesitan medios. Y en España hay muy pocos medios dedicados a esta labor de investigar las grandes bolsas de fraude, lo que se suma a la propia dificultad por la escasa cooperación de estos territorios. Panamá, que España ya no considera como paraíso fiscal, no facilita mucha información y la que facilita lo hace con muchas pegas. Es difícil.
La Agencia Tributaria ha dicho que se está investigando [los papeles de Panamá]. Pero una cosa es contrastar datos y otra abrir inspecciones
Ahora que tenemos todos, o casi todos, los datos, ¿cómo debería actuar el Gobierno a la luz de las revelaciones de los papeles de Panamá?
La Agencia Tributaria debería haber abierto ya inspecciones a todas las personas que han ido apareciendo en estos papeles que son residentes en España y que, con obligación de declarar sus bienes en el extranjero, no lo hayan hecho. La Agencia Tributaria ha debido de cotejar la información de los papeles de Panamá con las declaraciones del modelo 720, y aquellas personas que no hayan declarado estos bienes se les debería haber abierto inspecciones, sin darles plazo de regularizar en estos días mientras se instruye el caso.
¿Pero tiene constancia de que se hayan activado ya de manera efectiva esos procesos?
La Agencia Tributaria ha dicho públicamente que se está investigando. Pero una cosa es contrastar esos datos con el modelo 720 y otra cosa abrir inspecciones, que supone notificar a las personas involucradas las correspondientes aperturas de expediente y la paralización de cualquier posibilidad de regularizar voluntariamente. Habrá que ver si se está inspeccionando efectivamente.
Las personas de la lista que no hubieran declarado esos bienes pueden regularizarlos voluntariamente antes de recibir la notificación de la apertura de una inspección. Y si lo hacen es muy difícil, o directamente imposible, poderles sancionar. Pagarían los impuestos con recargo, pero evitarían las sanciones muy duras que se establecer en el caso de no declarar los bienes. La normativa establece la imprescriptibilidad de los bienes y derechos que no se han declarado, así que aunque provengan de ejercicios anteriores a los cuatro años (o cinco años en caso de delito fiscal) seguirían siendo sancionables. A estos bienes se les aplicaría el impuesto correspondiente y se imputaría el último año no prescrito (en esta caso, el año 2011), y se les aplicaría una sanción del 150% de la cuota a pagar. Y en el caso de que esa cuota defraudada superara los 120.000 euros, se derivaría el caso a los tribunales por posible delito fiscal.
¿Existe voluntad política, en España y en otros países, para combatir de manera real a los paraísos fiscales?
Radicalmente, no. Desde el año 2009, cuando el G-20 habló del fin del secreto bancario y de los paraísos fiscales, lo cierto es que hemos visto cómo han proliferado progresivamente. No hay más que ver que, según diferentes estudios de Oxfam Intermon o del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, 34 de las 35 empresas del Ibex tienen filiales en paraísos fiscales y no acreditan actividad en estos territorios. Entre todas suman más de 800 sociedades con sede en estos paraísos fiscales.
Y desde esa declaración de Sarkozy anunciando en el G-20 el fin de la era de los paraísos fiscales, ¿ha habido avances reales desde entonces?
Ha habido avances, pero más retóricos que reales. El G-20 encargó a la OCDE que elaborara unas directrices para determinar qué condiciones deben cumplir los países que están en las listas de paraísos fiscales para poder salir de ellas. Pero el requisito fundamental se quedó en la firma de convenios para evitar la doble imposición y para trasladar la información. Muchos de estos de territorios firmaron doce convenios y consiguieron salir de las listas (de hecho, en la lista negra ahora mismo no hay ningún país). Pero estos acuerdos de intercambio de información no son efectivos, porque se trata de meros convenios que permiten a los territorios transmitir información puntual, no de manera automática, y sólo a instancias de parte cuando se acredita que los fondos tienen un origen delictivo. No es suficiente.
Desde los atentados del 11-S, Estados Unidos ha apretado a los paraísos fiscales porque muchas organizaciones terroristas los utilizaban para mover sus fondos. El intercambio de información relativa a terrorismo y tráfico de droga sí ha mejorado. Pero en los casos en los que hablamos sólo de defraudación tributaria, la información no se facilita como sería deseable. Hay falta de voluntad política tanto a nivel nacional como internacional para acabar con los paraísos fiscales. Si la OCDE y la UE tomaran medidas drásticas para evitar estas situaciones seguramente estaríamos en una situación muy diferente.
Hay personas que van y vienen de la política a las grandes empresas, y ése es uno de los elementos que incide en la falta de voluntad política contra el fraude
En las últimas dos semanas hemos sabido que en los famosos papeles de Panamá aparecen un ministro que estaba en ejercicio, José Manuel Soria, y un ex que fue incluso vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato. ¿Así puede haber voluntad política?
Así es muy difícil, claro. Y lo hemos visto también con otros responsables políticos de otros países, como David Cameron o Vladimir Putin. En este ámbito también se puede hablar de las famosas puertas giratorias, de las relaciones de la política y las grandes empresas. El propio presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, era el encargado de dar el visto bueno a los acuerdos de Luxemburgo para que cientos de empresas transnacionales tributaran apenas un 1% en su país. En muchos países hay personas que van y vienen de la política a las grandes empresas, y ése es uno de los elementos que incide en esa falta de voluntad política. No sólo para combatir los paraísos fiscales, también en los casos en que las compañías utilizan países con ventajas fiscales para derivar allí beneficios y no pagar los impuestos que toca en los países en que realmente operan.
¿Y cómo deben combatirse los paraísos fiscales? ¿Hay que encomendarse sólo a la acción coordinada de muchos países? ¿Qué puede hacer España en concreto?
Hay diferentes medidas que tomar. Es necesaria una actuación global, a través de la OCDE, del G-20 o de la UE, pero en España también se pueden tomar medidas. Por ejemplo, debería actuarse en relación a la información que los bancos deben transmitir acerca de las operaciones de sus filiales en paraísos fiscales. Los bancos deberían facilitar la misma información que dan acerca de los bienes de sus clientes en España. Y también se podría poner más trabas a las sociedades que operan a través de paraísos fiscales aplicando gravámenes específicos para que no les resulte tan rentable utilizarlos.
¿Cuánto les cuesta a los contribuyentes españoles la actividad de empresas y particulares en paraísos fiscales?
Es muy difícil de valorar. Hay distintas estimaciones, pero resulta complicado confirmarlas. Se calcula que más del 50% de todas las transacciones mundiales se hacen a través de paraísos fiscales. Así que es muy difícil calcular el montante. La estimación del profesor Gabriel Zucman apunta a que el importe de depósitos y patrimonio de españoles en el extranjero se sitúa por encima de los 160.000 millones de euros, de los que 144.000 millones estarían en paraísos fiscales ocultos. Conocemos la información que aparece en la lista Falciani, la de los papeles de Panamá… pero se trata sólo de la punta del iceberg.
¿Y cuánto le cuesta el conjunto del fraude fiscal?
De acuerdo con las estimaciones de Gestha, con datos de hace dos años, la economía sumergida representa el 24,6% del PIB español, lo que representaría más de 250.000 millones que no se declaran a Hacienda ni a la Seguridad Social. Aplicando el tipo de presión fiscal correspondiente, podemos hablar de cerca de 90.000 millones que se dejarían de recaudar cada año. Y si no se contabilizan las cotizaciones sociales que no se pagan, hablaríamos de casi 60.000 millones de euros de impuestos que no se pagan por no declararse. Erradicar al 100% el fraude fiscal es algo muy complicado, o imposible, pero reducirlo hasta los niveles que tienen los países de nuestro entorno, supondría que España recuperase cerca de 40.000 millones al año. En definitiva, cada español está pagando entre 800 y 1.000 euros al año en impuestos de más por ese fraude fiscal que cometen otros.
Visto lo visto, ¿Hacienda somos todos o, como decía un tuitero hace unos días, Hacienda somos tontos?
Hace unas semanas la propia aboga del Estado en el caso Nóos nos sorprendió diciendo que eso del ‘Hacienda somos todos’ era sólo un mensaje publicitario y sin contenido. Pero en el artículo 31.1 de la Constitución se establece que todos debemos contribuir en función de nuestra capacidad económica. A la vista de los papeles de Panamá, de la actividad en paraísos fiscales, del nivel de economía sumergida, de la planificación fiscal agresiva de las grandes transnacionales (lo que antes llamábamos ingeniería financiera), lo cierto es que los que sustentan el sistema tributario parece que son fundamentalmente los trabajadores de clases medias e incluso de las clases más desfavorecidas.
Hay que desplazar la lupa hacia las grandes bolsas de fraude. Pero sólo se está reforzando la investigación en el menudeo
“Siempre va a haber fraude fiscal, siempre va a haber evasión”, es lo que dicen muchos. ¿La lucha contra el fraude es una batalla perdida?
No es una batalla perdida. Necesitamos más medios y necesitamos más voluntad política para llevar a efecto las medidas normativas que ya tenemos. Si comparamos los medios que destina la Agencia Tributaria española con los de otros países de la OCDE y la UE, vemos que España tiene la mitad de efectivos por número de contribuyentes. España tiene un empleado de la Agencia Tributaria para casi 2.000 ciudadanos, mientras que la media en Europa está entre los 800 o 900 contribuyentes. Y la inversión –que se suele llamar gasto- en la Agencia Tributaria es del 0,1% del PIB, mientras que la media europea más que duplica ese dato. En definitiva, faltan medios, y los que hay deben desplazarse a combatir las grandes bolsas de fraude. Más del 80% de los efectivos de la Agencia se dedica al control de los ya controlados: personas con nómina, pymes, autónomos… Pero el esfuerzo que se dedica a controlar a las grandes empresas es escaso. Nosotros pedimos desplazar la lupa hacia la gran bolsa de fraude, en la que es necesaria más inspección y más investigación.
El ministro Montoro y el Gobierno al completo presumen de los grandes avances en la lucha contra el fraude fiscal. ¿Hay motivos para la celebración?
No, no lo hay. Hay una tendencia histórica de mejora de los resultados. Pero en las actividades directas de la lucha contra el fraude los resultados han variado muy poco en los últimos años, ya que estamos ahora en los mismos niveles de 2013. Hay que reforzar la investigación y la inspección, y eso sólo se está haciendo en el menudeo. Por ejemplo, se refuerza la inspección de emigrantes retornados que no declaraban las pensiones que recibían en el extranjero; o se cruzan datos con la Seguridad Social para controlar a las empleadas del hogar… Se está fiando en gran medida el aumento de la recaudación sólo al menudeo.
¿Y por qué esa descompensación? ¿Por qué se dedican más esfuerzos a los contribuyentes de menores ingresos y no a las grandes fortunas?
Porque es lo más fácil. Es más fácil cruzar datos y comprobar que dedicarse a inspeccionar e investigar, porque para esto hay que destinar más medios y más tiempo, sobre todo en el caso de las grandes empresas. Pero también hay que preguntarse por qué falta voluntad política, no sólo a este Gobierno también a los anteriores, para acometer la reformar funcional de la Agencia Tributaria.
A los que se sumaron a la amnistía fiscal les salió muy barato regularizar, además de no sufrir sanciones
¿A qué objetivos de recaudación extra se puede aspirar?
Si equiparáramos nuestros niveles de economía sumergida con la media de los países de nuestro entorno –lo que implicaría reducirla en 10 o 12 puntos porcentuales-, conseguiríamos recuperan unos 40.000 millones de recaudación extra. Una cantidad en consonancia con los intereses de deuda que paga España. Así que, si reforzáramos las posibilidades de actuación de la Agencia Tributaria, podríamos estar recaudando lo suficiente para pagar esos intereses de deuda.
En los albores de la pasada legislatura el Gobierno promovió una amnistía fiscal y una regularización de activos en el extranjero. Con lo recaudado con ambas iniciativas, ¿han merecido la pena?
Tanto el ministro de Hacienda como la Agencia Tributaria están dando datos confusos sobre esta cuestión. La amnistía fiscal sirvió para aflorar sólo 40.000 millones, con los que se recaudaron 1.200 millones de euros (así que el tipo medio que se pagó fue del 3%, no del 10% que era el previsto en la amnistía). Pero desde el Gobierno se mezclan estos datos con los del modelo 720, que es el de las declaraciones de bienes en el extranjero, y que ascienden a 126.000 millones. Se ha llegado a decir que se ha “aflorado” esa cantidad. Pero eso no es cierto, porque hay que tener en cuenta que en esa cantidad están incluidos todos los residentes extranjeros en España, jubilados del norte de Europa, que también tienen que declarar sus bienes en sus países de origen y que son bienes absolutamente declarados. Y también están incluidos muchos bienes que los españoles tienen en el extranjero y que también tenían declarados ya. No es correcto decir que se haya aflorado esos 126.000 milllones. La Agencia Tributaria debería aclarar, por ello, qué porcentaje de esa cantidad se ha aflorado realmente. Estoy seguro de que es muy poco, pero el Gobierno no da el dato. Se está confundiendo a la gente.
La amnistía fiscal sirvió entonces para recaudar 1.200 millones más. Hay quien puede verlo que más vale pájaro mano (esos 1.200 millones) que ciento volando.
Eso se dice, sí. Pero es que la amnistía fiscal supone una quiebra del principio de igualdad recogido en la Constitución. El resto de contribuyentes que declaran no pagan un tipo del 10% ni del 3%, que es lo que efectivamente se cobró, sino tipos mucho mayores del 25 al 52%. A los que se sumaron a la amnistía les salió muy barato regularizar, además de no sufrir sanciones.
Con la amnistía se debían haber recaudado 4.000 millones [el 10% de los 40.000 millones aflorados], pero la Dirección General de Tributos hizo una interpretación muy beneficiosa para los que acudieron a la regularización. El Congreso ha aprobado ahora una proposición no de ley para que el Gobierno cobre a los amnistiados ese diferencial que les tocaría, pero será difícil.
Montoro ha dado un carácter muy particular al trato de información confidencial de la Agencia Tributaria. Siempre ha estado en el filo de incumplir la obligación de secreto
¿Qué balance hace la legislatura con el ministro Montoro al frente de Hacienda?
La legislatura de Montoro ya empezó marcada por esa amnistía fiscal que ya entonces valoramos muy negativamente, no sólo por el agravio comparativo con el resto de contribuyentes, también por el efecto negativo para el objetivo de pormover la conciencia fiscal de los españoles, que ya de por sí es laxa.
Además, Montoro ha dado un carácter muy particular al trato de información confidencial de la Agencia Tributaria. La pasada semana se negó a dar datos sobre el caso de la sanción a José María Aznar, pero es lo que debería haber hecho en todos los casos anteriores. Desgraciadamente no se ha comportado de esa manera. Siempre ha estado en el filo del cumplimiento del deber de mantener el secreto de los datos fiscales. Hay demasiadas declaraciones suyas hablando de actores y de otros políticos que le han dejado en el filo de incumplir esa obligación. Su comportamiento debería haber sido más cauto en este sentido.
¿Y qué balance hace de sus predecesores? Fue en el segundo Gobierno de Zapatero cuando se conoció la lista Falciani.
El balance de la lucha contra el fraude es negativo con este Gobierno y con los anteriores. Gestha puso una querella contra los directivos de la Agencia Tributaria del último Gobierno socialista porque cuando se conoció la lista Falciani, en la que aparecían españoles con cuentas opacas, en vez de abrir inspecciones se decidió dar una segunda oportunidad a los que salían en el listado. Se les dio aviso y se les facilitó un plazo para la regularización en lugar de abrir inspecciones. Consideramos que eso fue prevaricación, y denunciamos a los directivos de la Agencia. La familia Botín regularizó 200 millones de euros voluntariamente y no sufrió las sanciones que debían haberse aplicado si se hubiera abierto la investigación.
La nueva legislatura, aún sin Gobierno, ha arrancado confirmándose que el déficit público sufrió una fuerte desviación en 2015 (fue del 5% frente al 4,2% que marcaba el objetivo pactado con Bruselas). El Gobierno en funciones culpa a CCAA y a la Seguridad Social, que son las partidas que descuadran. ¿Por qué insiste Gestha en vincular la desviación con la reforma fiscal del año pasado?
El propio Gobierno cuando abordó la reforma fiscal del IRPF y de Sociedades reconoció que iba a suponer un impacto de 9.000 millones en menor recaudación. Se perdió esa cantidad y no se redujo el gasto para compensarlo, probablemente porque en 2015 había varios procesos electorales. Así que el nuevo Gobierno tendrá que afrontar recortes que repercuten siempre en el gasto social.
Hay fraude, sí, pero también elusión fiscal. Las grandes empresas pagan un tipo efectivo en Sociedades del 6%, menos de la mitad que las pymes
Gestha habla de España recauda 79.000 millones menos que si se aplicara la presión fiscal de la media pondera de la UE. ¿Considera necesario subir los impuestos?
Los últimos datos de Eurostat muestran que el desfase negativo ahora es de 60.000 millones. Gestha hace tiempo que plantea que hace falta un gran acuerdo político y social para rediseñar el Estado que queremos. La Constitución habla de un Estado social y democrático, un Estado de bienestar en el que el gasto social debería garantizarse para conservarlo o para mejorarlo.
Los datos nos dicen que estamos muy por debajo de la media de la Unión Europea por esa brecha de 60.000 millones. Estamos más cerca de los países del Este que de los nórdicos. Parece que sería necesario subir impuestos. Pero hay que matizarlo, porque hay impuestos que subir, otros que bajar, dentro de un mismo impuesto hay que ver si unos contribuyentes deben pagar más y otros menos.
Por ejemplo, casi todos los impuestos ya están en los niveles de recaudación de los niveles de antes de la crisis, pero en el Impuesto de Sociedades aún tenemos una pérdida del 60% en relación a 2007. Eso es significativo y no se corresponde con la recuperación de la actividad económica. Hay fraude, sí, pero también elusión fiscal. Los grandes grupos empresariales están pagando un tipo efectivo en el Impuesto de Sociedades del 6%, que es menos de la mitad del tipo que pagan las pymes. Y en algunos casos es porque residencian parte de sus beneficios fuera de España y lo hacen en países donde pagan muy poco o directamente nada.
El ciudadano de a pie se ha acomodado en el discurso de cuantos menos impuestos, mejor. Un discurso que ha defendido por partidos de distinto signo (Zapatero dijo eso de que bajar impuestos es de izquierdas). ¿Es tarde para hacer pedagogía sobre fiscalidad?
No es tarde, pero sí es cierto que ya ha calado mucho ese discurso de que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos. Y seguro que es así para los ciudadanos que no tienen que recurrir al Estado para poder financiarse la educación o la sanidad. Pero para los trabajadores de clase media y clase baja es más complicado asumirlo. Si entendemos que ése debe ser el modelo, un Estado reducido, un Estado liberal –que no es el que contempla la Constitución-, debe recogerse en un gran pacto político. Pero lo que es imposible es la cuadratura del círculo de mantener las prestaciones sociales y el Estado del Bienestar al tiempo que bajamos los impuestos. Eso no puede ser. Hay políticos y medios de comunicación liberales que defienden reducir el Estado, y eso encaja con la defensa de la reducción de impuestos. Pero en España se suele hablar de bajar impuestos pero sin tocar el gasto social, sin reducir el Estado, y eso desgraciadamente no es posible.
En España se suele hablar de bajar impuestos sin tocar el gasto social, sin reducir el Estado, y eso desgraciadamente no es posible
Uno de los ámbitos en los que Hacienda pretende poner la lupa este año es la actividad de la economía colaborativa (singularmente la de los alquileres turísticos). ¿Es la economía colaborativa responsable de una bolsa de economía sumergida?
Las transacciones a través de internet no fomentan la economía sumergida, porque dejan rastro. Son las transacciones en que se utiliza dinero en efectivo las que la promueven, porque son muy difíciles de rastrear.
¿Por qué no es posible que Airbnb o Homeaway compartan sus datos con Hacienda?
Los nuevos modelos de negocio van siempre por delante la ley. Pero para este tipo de transacciones la Agencia Tributaria cada vez va teniendo más datos y parece que estas compañías están empezando a colaborar. Y no veo, como suele decirse, que haya un problema entre la Ley de Protección de Datos y la lucha contra el fraude.
Ésa es la gran defensa de este tipo de compañías, que no pueden facilitar datos de los miembros de sus comunidades y, por otro lado, que no pueden retener directamente los impuestos porque ellas son simples comisionistas y no efectúan el pago.
En España existe la obligación de terceros de colaborar y facilitar los datos de sus transacciones. Y estas empresas estarían en esa situación. En cualquier caso, lo que es difícil es controlar negocios que se desarrollan a través de internet y que se tratan de relaciones internacionales, porque la mayoría de estas empresas tienen residenciada su actividad en el extranjero.
Las transacciones online de la economía colaborativa no fomentan la economía sumergida, porque dejan rastro. Son los pagos en efectivo los que la promueven
La actividad pública de Gestha no es la de un sindicato al uso. Sus comunicados tienen una alta carga política y combaten los argumentarios de la cúpula de Hacienda. ¿La acción de Gestha es política?
La acción de Gestha puede ser política, pero no es partidista. Hace tiempo que nos planteamos la necesidad de mejorar las funciones de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Hacienda, y promovemos cuestiones que creemos que deben reformarse para elevar la recaudación o controlar mejor el gasto. Antes se decía que las cifras de nuestros informes generaban alarma social, pero nuestros datos están en la media de los informes nacionales e internacionales que se publican sobre fraude fiscal y otras cuestiones.
Entendemos que como servidores públicos que somos estamos obligados a intentar mejorar ese servicio público. Y eso es lo único que nos guía. No tenemos ninguna vinculación con ningún partido, somos un sindicato absolutamente independiente. Hablamos con todos los partidos del arco parlamentario.
¿Pero hay un enfrentamiento entre Gestha y el ministro Montoro?
No tenemos ningún enfrentamiento. En efecto, algunos de nuestros informes no han gustado. Pero tampoco le gustaban al Gobierno anterior.
La acción de Gestha puede ser política, pero no es partidista. No tenemos ninguna relación con ningún partido. Somos independientes
Desde algunos ámbitos políticos y desde algunos medios de comunicaciones se vincula a Gestha directamente con Podemos.
Se publican cosas que no se corresponden con la realidad. Esto surgió fundamentalmente cuando estalló el ‘caso Monedero’. Nos preguntaron sobre la polémica acerca de que Juan Carlos Monedero no había facturado IVA, y nosotros dijimos que en operaciones de fuera de la UE no había que facturar IVA. Y se nos criticó por no criticar. Luego se nos criticó por ser cautelosos en nuestras opiniones a la espera de tener más datos sobre el caso. No salimos en tromba y se nos atacó por ello. Más tarde, también se insinuó nuestra relación con Podemos porque nos habíamos reunido con ellos antes de las elecciones, pero es que Gestha lleva años reuniéndose con todos los partidos. Por ejemplo, se nos pidió nuestra opinión sobre el acuerdo de gobierno PSOE-Ciudadanos, y la dimos: eso no significa que estemos ni con el PSOE ni con Ciudadanos. Somos independientes. Gestha siempre fue muy crítico por las actuaciones en materia de lucha contra el fraude de los Gobiernos del PSOE, y lo somos con las del Gobierno del PP. Y seguiremos igual.
¿Y existe un enfrentamiento entre técnicos de Hacienda e inspectores de Hacienda? ¿O la hay entre Gestha y la Organización de Inspectores de Hacienda?
Siempre lo ha habido. En España hay una configuración de los medios de la Agencia Tributaria que no se corresponde con la de los países de nuestro entorno. Gestha representa a los técnicos de Hacienda, que tenemos muy limitadas nuestras competencias y la posibilidad de actuación. En las inspecciones tenemos límites, y cuando se supera ese límite hay una supervisión y un visto bueno por parte de un inspector. Pero hay muy pocos inspectores, apenas unos 1.500, de los que más o menos la mitad son puestos directivos. Así que hay unos 700 inspectores de cartera, frente a los 8.000 técnicos. Es difícil que esos 700 inspectores puedan llevar a cabo todo el plan de inspección de toda España. Hay cierta rivalidad, pero lo que pedimos es que se amplíen las funciones de los técnicos en relación a las grandes empresas y el gran fraude. Existe una coincidencia en el tiempo entre la caída de denuncias de delitos fiscales y la limitación de las competencias de los técnicos al respecto.
Los inspectores advierten de que la pretensión de Gestha es que los técnicos se conviertan en inspectores sin pasar por la oposición específica, sólo por antigüedad.
Eso nunca lo hemos pedido. Lo que queremos es que se reconozcan nuestras funciones como técnicos, tener más competencias y que se nos incorpore al grupo A1 de funcionarios por las labores que desarrollamos. Se nos exige la misma titulación a inspectores y técnicos, pero hay una gran diferencia de competencias. Nunca hemos pretendido incorporarnos al cuerpo de inspectores, aunque debería haber una mayor promoción entre un grupo a otro, eso sí. No queremos ser inspectores sin oposición, como se dice.
Los propios inspectores de Hacienda no quieren que haya más inspectores, porque los cuerpos de élite siempre se niegan a ampliarse
Bueno, también hay una diferencia salarial evidente entre unos y otros.
Una diferencia muy importante, sí. Los inspectores son la élite de la Administración y tienen sueldos muy por encima del ministro, del presidente del Gobierno… No lo criticamos, pero vemos una desproporción en relación con los técnicos y el resto del personal de la Agencia Tributaria. Debería haber mayor proporcionalidad. Las diferencias en retribuciones variables son ahora aún más importantes gracias a los procedimientos de intensificación de actuaciones (PIA): los inspectores reciben suplementos de entre 8.000 y 10.000 euros al año, mientras que los técnicos supone unos 2.000 euros.
Gestha defiende que hacen falta 26.000 funcionarios más dedicados al fraude fiscal. ¿Serían todos inspectores? ¿Serían técnicos que pasan a convertirse en inspectores?
Hacen falta más efectivos en todas las funciones, pero sobre todo hacen falta más inspectores. Ahora hay unos 1.500 inspectores. Y técnicos somos 6.500 en la Agencia Tributaria y otros 1.500 en el Ministerio de Hacienda. Gestha pide duplicar los medios actuales, con otros 26.000 efectivos, para que España se acerque a los niveles de la OCDE y la UE. Los propios inspectores no quieren que haya más inspectores, porque los cuerpos de élite siempre se niegan a ampliarse.
FOTOGRAFÍAS: Máximo García | @maximofotografo.
