Unió Democràtica de Catalunya agotó ayer la fase de preconcurso sin acordar con los ocho bancos acreedores una condonación de su deuda de 19 millones de euros. El partido de Ramón Espadaler se encuentra ahora ante una situación incierta porque cualquiera de las entidades podría forzar la suspensión inmediata de pagos. Caixabank es el principal acreedor de la formación y sólo necesita otro apoyo para imponer sus condiciones.
El pasado mes de marzo Unió Democràtica de Catalunya (UDC) hacía pública su decisión de acogerse a un preconcurso de acreedores voluntario ante su alarmante situación financiera fruto de la elevada acumulación de deudas.
Si en un primer momento se estimó que el pasivo ascendía a los cerca de 16 millones de euros, a día de hoy se sabe que el partido cumula casi 20 millones de deuda con entidades bancarias (19.314.655,49).
Cuatro meses después, la formación dirigida por Ramón Espadaler no ha logrado un acuerdo con las ocho entidades bancarias propietarias de la millonaria deuda. La fase de preconcurso se ha agotado y las negociaciones siguen su curso hasta que alguno de los acreedores diga basta.
Dentro de la lista de acreedores de UDC se encuentran prácticamente todas las entidades catalanas y algunas muy relevantes a nivel nacional. La principal deuda del partido es con Caixabank, con la que negoció en noviembre de 2011 un crédito por 7,5 millones de euros en concepto de préstamo personal.
En total, el que fuera partido de Durán i Lleida debe casi 9 millones de euros al banco de Jorge Gual por préstamos solicitados desde 1996.
El siguiente en la lista de acreedores es el banco Santander, el cual prestó hasta 3,5 millones de euros a Unió en agosto de 2014. La entidad de Ana Patricia Botín ya le había dado tan sólo cinco meses antes 20.000 euros en concepto de préstamos personal.
El BBVA completa el podio de las deudas bancarias de UDC, con un pasivo de casi 3 millones en concepto de hipoteca desde abril de 2006. Sabadell, Banco Popular, Ibercaja y Kutxabank cierran este ranking.
La posición de Caixabank como acreedor mayoritario es privilegiada a la hora de decidir sobre el futuro del partido político. Si la entidad de Jor Gual pacta con alguno de sus socios bancarios acumularía más de la mitad de la deuda y sería la encargada de fijar las condiciones. En este caso, las opciones se limitan a una negociación dirigida por el banco o a la suspensión de pagos.
El fracaso de las últimas elecciones autonómicas y generales, donde UDC perdió su representación tanto en el Parlamento catalán como en el Congreso de los Diputados, sumado al continuo goteo de concejales y militantes y a la ruptura de la alianza con Democràcia i Llibertat (CDC) parecen los principales motivos que han arrastrado al partido a la quiebra.
La situación límite de la formación la ha obligado a tomar medidas inmediatas para hacer frente a los pagos más urgentes, como una reducción de personal o la venta de su sede central en Barcelona.
Fuentes del partido señalan que esperan llegar a un acuerdo en las próximas semanas y que la única solución pasa por una quita de la deuda -forma por la que UDC podría hacer frente a los pagos aparte de la liquidación- según informa Economía Digital. La formación también a contratado al despacho de abogados Miquel Roca -exsecretario general de Convergència- para que les asesore durante las negociaciones.
Ni el primero, ni el último
El partido catalán no es el primero que se ha visto obligado a presentar el preconcurso ante los juzgados. El año pasado Izquierda Unida tuvo que hacer lo propio con su federación de Madrid (IUCM) tras presentar un agujero de 1,7 millones con Hacienda y la Seguridad Social y una deuda de 300.000 euros con Bankia.
En este caso, la situación de la formación era mucho más extrema, con lo que terminó siendo desfederalizada y presentó un ERE para el 100% de su plantilla.
Sin embargo, los números rojos son un habitual en la contabilidad de los partidos. Según los últimos datos aportados por el Tribunal de Cuentas; a finales de 2013 la deuda de las formaciones políticas con las entidades de crédito ascendía a 205,7 millones de euros, de los que 127 millones correspondían a deudas con garantía hipotecaria.
En este documento, el alto organismo ya advertía de que tanto CDC, como Izquierda Unida y la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se encontraban en una situación de quiebra técnica.
