El desconcierto y la situación desesperada de muchos de los más de 305.000 afectados del Caso Banco Popular está provocando que muchos despachos de abogados intenten abrir estrategias que, en muchos casos, generan confusión o, directamente, falsas expectativas. Algunos de estos bufetes son los que tienen conflicto de interés con el Santander y, como no tienen la posibilidad de ir contra el más que presunto culpable, necesitan abrir caminos para no perder la rentabilidad del mayor caso judicial de los últimos años. En otros casos, se trata de despachos que intentan captar la atención de los afectados en sesiones celebradas en salones de hoteles a través de exposiciones espectaculares que llenan los ojos de estas personas utilizando técnicas de captación más propias de una operación de marketing directo que de un despacho de abogados.
Unos y otros coinciden en llevar el asunto por la vía civil apuntando hacia la ampliación de capital de 2.016 intentando que los afectados crean que lo ocurrido con el Banco Popular es exactamente igual que lo sucedido con la salida a bolsa de Bankia, dos hechos que no tienen comparación alguna.
Sin embargo, la solución para los afectados no se encuentra en la vía civil, ni mucho menos en buscar recuperar el dinero perdido a través de la culpabilización a la ampliación de capital de 2.016. Eso ya lo intentó el propio Santander al fijar como target de cliente que podía contratar los bonos de fidelización sólo a quienes hubieran adquirido las acciones en dicha ampliación. La realidad es que la vía civil es complementaria a la que verdaderamente puede tener una consecuencia positiva para las 305.000 familias afectadas, es decir, la penal contra los verdaderos responsables. Exactamente lo mismo que ocurre con aquellos que se están dirigiendo a la vía europea. Tanto ésta como la civil son el complemento y, desde luego, no atacando por el camino de la ampliación porque la caída del Popular no fue una consecuencia de lo que ocurrió en 2.016 sino de las acciones que se perpetraron a partir de febrero de 2.017.
El Banco Popular fue intervenido bajo el mandato del Consejo de Administración presidido por Emilio Saracho. Hay que recordar que el ejercicio de 2.016 se cerró con solvencia y liquidez suficientes, tal y como reconocieron tanto el Banco Central Europeo como el Gobierno español. Estos aspectos se pueden comprobar en el interés mostrado por entidades como el BBVA en hacer una oferta de compra durante el mandato de Ángel Ron quien propuso a Francisco González realizar la operación a través de una OPA, hecho que el dirigente de la entidad vasca rechazó.
El BCE, a través del anterior vicepresidente, Vítor Constancio, el Gobierno de España y el propio Banco Santander han reconocido públicamente que la intervención del Banco Popular fue consecuencia de una crisis de liquidez, no de solvencia, achacando ese problema a un pánico bancario que generaron enormes fugas de depósitos que son la consecuencia de las actividades y estrategias de Emilio Saracho, tal y como hemos informado en Diario16 durante meses. Toda la operación estaba orientada, según diferentes comunicaciones internas del propio Popular, a bajar al máximo el precio de la acción y, de este modo, hacer insostenible la entidad para que fuera comprada al menor precio posible.
Por tanto, los verdaderos responsables de la caída del Popular no están en quienes diseñaron e implementaron la ampliación de capital y el plan de negocio que fue frenado por el Ministerio de Economía sino en quienes, a través de movimientos poco éticos y, por supuesto, fuera de la buena praxis, llevaron al Popular a ser declarado inviable tras aplicarse todas las medidas incluidas en el «Proyecto Noya» firmado por Saracho con el despacho de abogados de referencia del Banco de Santander.
Por estas razones, y por otras que iremos analizando en los próximos días, no se puede comparar el Caso Bankia con el Caso Banco Popular porque, en realidad, todo lo ocurrido podría ser bautizado como Caso Banco Santander.
