Las nuevas pruebas presentadas por Diario16 ante la Audiencia Nacional, las evidencias documentales sobre la presunta estafa que en este medio hemos publicado y las que están por publicar y que en breve serán puestas a disposición del juez Fernando Andreu, además de las dudas expuestas sobre la intervención por parte de los inspectores del Banco de España, han hecho que quienes están intentando desviar la atención hacia las instituciones europeas o hacia la última ampliación de capital del Popular, olvidándose de lo que realmente ocurrió y de las posibles responsabilidades civiles y penales de la operación que finalizó con la decisión de la JUR de intervenir al Popular porque alguien del banco envió una carta presuntamente falsa —que pudo ser escrita y firmada por cualquiera porque la firma ni se parece a la de Saracho ni está identificada con su correspondiente antefirma o el sello de la entidad, tal como ocurrió con las ofertas dirigidas al Popular por Barclays y Deutsche y que fueron ocultadas al Consejo por Saracho, o con la comunicación de finalización de negociaciones por la venta de TotalBank a BCI— en la que se declaraba la inviabilidad del Popular.
La resolución se determinó por un informe provisional que nadie ha visto y que está embargado a todo el mundo, desde los abogados de los afectados (salvo los que defienden los intereses de las élites) hasta los propios representantes del pueblo español tanto en el Europarlamento como en el Congreso de los Diputados, algo que es un nuevo insulto a nuestro país por parte de Europa. Ese informe fue catalogado como «grosería técnica» y como «falto de profesionalidad» por parte de los inspectores del Banco de España. La empresa que lo redactó y que planteó tres escenarios para el Popular, uno de ellos positivo, acaba de ser procesada penalmente por el caso Bankia, la misma empresa que fue presidida por Miguel Zorita.
Son demasiadas dudas las que se están planteando y, evidentemente, tanto el Santander como quienes estaban en la operación han reaccionado. No pueden permitir que Andreu tome medidas cautelares porque está en juego una entidad sistémica que sin el Popular se encontraría en una situación cercana al rescate financiero. No hay más que recordar que apenas un mes antes de la intervención del Popular la firma Barenberg afirmó que el Santander tenía un déficit de capital de 10.000 millones de euros. Estos expertos afirmaron que el Santander «está apalancado 45 veces según nuestro ‘ratio de dolor’; y su ratio de capital CET1 del 10,7% está entre los más bajos de Europa. La guía de Santander implica que sólo alcanzará el 11% en el cuarto trimestre de 2018». Esto se afirmó en los primeros días del mes de mayo y el Popular fue intervenido y entregado al Santander por un euro el día 6 de junio.
El Santander ya está dejando caer a través de los distintos bufetes de abogados que controlan, algunos de ellos defienden a plataformas de afectados del Popular, que los tribunales españoles no tienen competencia sobre la decisión de la JUR. Esto es un modo de meter presión a la Audiencia Nacional para ganar el tiempo necesario para que la operación sea irreversible. Por otro lado, ¿qué poder tiene el Santander en este país como para dudar de la legitimidad del Poder Judicial? ¿Tal vez de la inmunidad de la que la entidad cántabra parece disfrutar desde hace décadas en España mientras que por los mismos actos es condenada en otros países?
La declaración de los inspectores del Banco de España en referencia al informe provisional de Deloitte hizo saltar las alarmas en la institución y, por consiguiente, en el propio Ministerio de Economía. Por eso se ha movido ficha y se ha nombrado a dos inspectores cercanos a la cúpula para revisar la situación del Popular ¡en la ampliación de capital!, no para analizar los ataques de las posiciones bajistas o su propia inacción. Una nueva cortina de humo.
Todo parece indicar que hay una instrucción para desviar la atención hacia la ampliación de capital y querer comparar con el caso Bankia una operación que tuvo sobredemanda y que formaba parte del plan de viabilidad aprobado tanto por De Guindos como por el Banco de España y la CNMV y que fue desechado por Emilio Saracho.
De Guindos también está notando que el cerco se está cerrando sobre él. Ya ha tenido que responder en el Congreso de los Diputados sobre el caso Popular dando, casualmente, las mismas excusas que ha dado el Santander respecto a que la intervención no tuvo coste para las arcas públicas. Por eso ha movido ficha y los inspectores que estudien la documentación del Popular son cercanos a Linde y, por tanto, sin peligro para que den datos que puedan descubrir lo que realmente ocurrió con el Popular.
