Ante la ausencia de restricciones legales reales más duras, la comunidad internacional se conforma con crear un sistema de listas negras de paraísos fiscales para estigmatizar a los países que están en ellas. Pero lejos de penalizarlos, expertos advierten de que les sirve para captar más dinero.
El combate contra los paraísos fiscales y contra los efectos del secreto bancario es una prioridad para los países más avanzados. Pero es una prioridad aparentemente sólo teórica. El G20 y la OCDE trabajan para impulsar la lucha contra la evasión fiscal, pero lo hacen con más carga filosófica que con avances prácticos ni en el intercambio de información ni en casi nada.
Nicolas Sarkozy proclamó al cierre de una cumbre del G20 en abril de 2009 –en plena resaca de la implosión de Lehman Brothers, seis meses antes- el fin de la época del secreto bancario y los paraísos fiscales. Siete años después, cuando aún resuenan los ecos del escándalo de los los Papeles de Panamá y de los Papeles de la Castellana, la sentencia del expresidente francés suena vacía.
Y es que la salud de los paraísos fiscales es más que evidente. Según los últimos cálculos de profesor Gabriel Zucman, autor de La riqueza oculta de las naciones (Pasado y Presente), los sistemas financieros de los paráisos fiscales de todo el mundo concentran en torno a un 8% de todo el patrimonio mundial, algo más de 6,6 billones de euros en 2015 procedentes de ciudadanos de otros países. Y de ese botín, más de 5,3 billones se tratarían de patrimonio oculto y no declarado a ningún sistema tributario.
Desde que Sarkozy declarara el fin del secreto bancario (y ya en esa misma cumbre el premier británico Gordon Brown ya le corrigió apostillando que, a lo sumo, se estaba en el principio del fin), los gobiernos de todo el mundo no se han dotado de medidas efectivas para combatir la evasión fiscal internacional. No existen restricciones legales reales para golpear el negocio oculto de los paraísos, ni para forzar mediante sanciones el intercambio de información, ni para evitar la proliferación de sociedades offshore como meros vehículos para la evasión o la elusiones, ni para sancionar a las entidades financieras de aquí y de allí que lo enmascaran, ni…
Y sin instrumentos legales fuertes, los gobiernos y las organizaciones internacionales se han ido conformando con ejercer una suerte de soft power habilitando un sistema de múltiples listas negras de países que no colaboran en la lucha contra la evasión ni facilitan información fiscal. Unas listas negras que buscan que los países que ellas se sientan tan avergonzados que empiecen a colaborar, y que las empresas y entidades bancarias que los utilicen huyan de ellos por el peso de la estigmatización y por el riesgo para su imagen pública.
Pero encomendarse al oprobio para combatir a los paraísos fiscales no sólo no está resultando eficaz, sino que en algunos casos incluso es contraproducente. Y es que los países que aparecen en las listas negras de países no colaboradores lejos de sentir el castigo de la estigmatización se diría que se benefician de la publicidad que les facilita su presencia en los listados para aumentar su negocio, según demuestra con varios estudios del profesor Donato Masciandaro, de la Universidad Bocconi de Milán (ver aquí y aquí los informes completos).
“La existencia del ‘efecto estigma’ está lejos de ser obvia”, sostiene Masciandaro. “No cumplir con las políticas contra el blanqueo de dinero y contra la financiación del terrorismo puede ser incluso resultar atractivo para algunos países bajo condiciones específicas, como la potencial existencia de una demanda mundial de transacciones financieras no transparentes. Los países incluidos en listas negras pueden ser atractivos para instituciones bancarias y no bancarias que buscan promover productos poco regulados o servicios para sus clientes más ricos y/o sofisticados. La industria financiera internacional puede tener así incentivos para aprovechar la existencia de los países que aparecen en las listas negras”.
El autor analiza la evolución de los flujos de inversiones desde 1996 hacia los países incluidos en la lista de los que no cumplen o cumplen muy parcialmente las recomendaciones de la Financial Action Task Force (una iniciativa intergubernamental para promover la transparencia financiera en la que participan una cuarentena de países, así como la UE y el Consejo de Cooperación del Golfo). Y los resultados muestran que las jurisdicciones de países no colaboradores según los criterios de la FATF incrementan la captación de capital. [Ver gráfico 1]
En las últimas dos décadas un total de 45 países han aparecido en la lista negra de la FATF, y según los datos de flujos de inversiones y el complejo análisis econométrico elaborado del autor, la presencia en el listado no sólo no desincentiva la captación de capital sino que incluso resulta significativamente positiva para los intereses. Las entidades que utilizan este tipo de actividades offshore no ven la presencia de estos países en listas negras como un problema reputacional o un riesgo, sino que más bien funciona como reclamo. De hecho, según se desvela en los informes la captación de inversión crece significativamente en muchos países justo en el año en que entraban en la lista negra de la FATF. [Ver gráfico 2]
“El ‘efecto estigma’ busca ser un palo, pero puede convertirse en zanahoria”, sentencia Masciandaro. “El crecimiento de actividades ilegales sistemáticamente genera la demanda de secreto bancario, mientras que los incentivos económicos y políticos pueden empujar a los políticos nacionales y los bancos internacionales a ofrecer ese secreto bancario (…) Los esfuerzos por combatir el secreto bancario es probable que sean ineficaces o, incluso peor, contraproducentes”.
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IMAGEN: Flickr | Vince Viloria.
