Las obras de El Escorial van a quedar en un proceso limpio y veloz en comparación con la Operación Chamartín. Y es que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado otra vuelta de tuerca y ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Ayuntamiento que anuló el proyecto Castellana Norte.
El principal argumento que sostiene el Gobierno presidido por Cristina Cifuentes es que se sustituyó «de manera unilateral» por el plan Madrid Puerta Norte, y además, se cree que fue una decisión «arbitraria» que perjudica la economía madrileña.
Cifuentes ha explicado que con este recurso la Comunidad quiere «proteger los intereses de los madrileños ante la retirada de un proyecto que no ha sido consensuada por ninguna de las administraciones implicadas y que, además, reduce a la mitad las infraestructuras y los puestos de trabajo previstos».
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El recurso, elaborado por los servicios jurídicos de la Comunidad y «muy bien argumentado», según Cifuentes, plantea que la renuncia del Ayuntamiento a continuar con la tramitación del convenio para desarrollar el proyecto Madrid Castellana Norte «ha incurrido en determinados errores», «ha prescindido del procedimiento legalmente establecido y conculca los principios de buena fe y de confianza legítima entre administraciones públicas».
No hay nadie de acuerdo con la decisión
La presidenta ha explicado que aunque Adif y la empresa promotora de Madrid Castellana Norte han presentado también recursos contra esta decisión del Ayuntamiento, se trata de iniciativas judiciales diferentes motivadas por intereses distintos, y el recurso de la Comunidad lo que pretende es defender «el interés general» de todos los madrileños.
«Hemos coincidido en la presentación de iniciativas, pero son diferentes«, ha incidido Cifuentes, que ha dicho que su gobierno no se plantea presentar recursos conjuntos con el resto de actores implicados.
Porque mientras que Fomento y Adif tienen intereses sobre terrenos que están en juego, la Comunidad «más allá de una pequeña porción que pertenece al Canal de Isabel II Gestión» no tiene parcelas afectadas. «Nuestro recurso no se dirige a esa pérdida patrimonial específica, sino al perjuicio que se provoca a todos los madrileños».
Un problema de empleo e infraestructuras
Según el recurso, la anulación de la operación Castellana Norte supone un «grave perjuicio» para la competitividad y la economía madrileñas, al reducir «a la mitad» las infraestructuras previstas y los puestos de trabajo que se preveía crear para su construcción.
Además, sostiene que el Ayuntamiento no aduce «motivos legales» para anular el proyecto (con lo que el Consistorio «podría incurrir en una desviación de poder», según Cifuentes), y lo hace «de forma unilateral», sin el consenso del resto de administraciones implicadas, que habían firmado un convenio el 10 de noviembre de 2011 «que sigue vigente».
Todo ello demuestra, según la presidenta, que esta decisión «arbitraria» se basa únicamente en «prejuicios ideológicos», en el «urbanismo ideológico de Podemos», que quiere impedir un proyecto que hubiera supuesto, entre otras cosas, soterrar las vías de Chamartín, remodelar el nudo norte para agilizar el tráfico, crear viviendas -también de protección oficial-, tres nuevas estaciones de Metro, una línea de autobús de alta capacidad o zonas verdes y equipamientos.
Sin problemas con la alcaldesa
Cifuentes ha negado que su recurso suponga un «atentado contra la autonomía» del Ayuntamiento y se ha mostrado convencida de que tampoco va a perjudicar a la relación del equipo de Manuela Carmena con la Comunidad.
Presentar este recurso, ha dicho Cifuentes, es «un derecho que nos asiste» a cualquier persona o administración, en este caso para defender los intereses generales de los madrileños.
Y no presentarlo supondría que el Gobierno regional está «haciendo dejación de sus funciones», ya que los servicios jurídicos de la Comunidad dicen «de manera muy clara» que hay que recurrir en defensa de los intereses de los ciudadanos.
«Queremos que sea el Tribunal Superior de Justicia de Madrid quien ponga luz sobre este asunto y determine si esta decisión fue tomada conforme a la legalidad, o si por el contrario se tienen que respetar obligatoriamente los compromisos asumidos y rubricados en forma convenido», ha dicho.
«Esto no es una cuestión de enfrentamiento entre administraciones», ha repetido la presidenta, que ha recordado que en el año que va de legislatura se han producido 17 acuerdos entre la Comunidad y el Ayuntamiento -lo que es «una indudable muestra de nuestra buena voluntad»-, y ha asegurado que su Gobierno seguirá trabajando para llegar a acuerdos con el equipo de Carmena cuando se trate de asuntos que beneficien a los ciudadanos.
