La Comisión reconoce los “sacrificios” de los recortes pero pide 10.000 millones más de ajuste

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El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, lo vaticinaba desde que la Comisión Europea (CE) anunció el proceso sancionador a España: la multa por por incumplir el déficit se iba a quedar en agua de borrajas. El pálpito de Guindos se ha confirmado cuando el comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, ha adelantado que el ejecutivo comunitario va a proponer la anulación de este castigo, tras alabar las reformas económicas de los últimos años y reconocer los “sacrificios” que han tenido que realizar los ciudadanos a raíz de los recortes.

España se ha librado por los pelos del multón, que podría haber alcanzado los 2.000 millones de euros, a falta de que los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) sigan el criterio de la Comisión y anulen la multa. Eso sí, el Gobierno no se va a ir de rositas si quiere 2 años más de plazo para cumplir los objetivos de déficit, una ampliación a cambio de la cual la CE pide 10.000 millones más de ajuste fiscal en 2017 y 2018.

Los dos países ibéricos incumplieron los techos de déficit público; “eso está claro” y se reconoció en el seno de la CE, tal y como ha afirmado el comisario Moscovici en una rueda de prensa. “Ahora bien, la Comisión también reconoce que entre 2013 y 2015 estos países han realizado esfuerzos presupuestarios masivos”, ha asegurado, “y eso no se puede ignorar”. Así que el Ejecutivo europeo ha tenido que tomar en consideración las propuestas de enmienda recibidas de Lisboa y de Madrid, a la vista de los recortes que han completado en los últimos años.

Pierre Moscovici: «entre 2013 y 2015 estos países han realizado esfuerzos presupuestarios masivos»

El comisario ha matizado que España y Portugal “han asumido compromisos”, entre los que ha destacado la propuesta española de subir el impuesto de sociedades, algo que Bruselas considera “elementos sólidos” para proponer una retirada de la multa a ambos países.

Moscovici ha defendido que se trata de una decisión que tiene cabida en el artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al tiempo que ha subrayado que “los procedimientos y las reglas permiten cambiar las cosas”.

Pero el responsable económico de la Comisión de Jean-Claude Juncker ha ido más allá de una mera valoración del propósito de enmienda de Guindos. El Ejecutivo comunitario es consciente de que, tal y como ha sostenido Luis de Guindos, no se entendería una sanción a España, una economía que lidera el crecimiento interanual del PIB en Europa y también un país golpeado por los recortes en el Estado del Bienestar para poner coto al déficit público.

“La población que ha llevado a cabo todos esos sacrificios no lo habría entendido”, ha resumido el comisario de finanzas de la UE.

Por lo tanto, Bruselas ha acabado por reconocer el esfuerzo español en las reformas fiscales y ha evitado el descrédito y la impopularidad que supondría castigar aún más al país. Dos en uno. Y para no parecer demasiado débil ante el incumplimiento de los límites de déficit, Moscovici ha destacado que “la sanción política y jurídica se ha materializado”. “La Comisión Europea ha demostrado su credibilidad técnica y su solidez política”, ha zanjado.

La cara B

A España no le va a salir gratis haberse desviado de la senda de la contención del déficit público. La Comisión Europea ha anunciado a renglón seguido que va a exigir al nuevo Gobierno un ajuste fiscal de 10.000 millones de euros a cambio de dos años más para cumplir los requisitos comunitarios. Esto es, más recortes.

El ajuste, que el vicepresidente para el Euro y el Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, ha tildado de “realista”, habría de completarse entre 2017 y 2018. Entre las medidas que recomienda al futuro ministro de Economía -si las conversaciones para formar Gobierno fructifican- está la de eliminar los tipos reducidos de IVA.

En concreto, el ajuste es de 5.000 millones cada año, dado que la Comisión propone un recorte del 0,5% del PIB cada año. El PIB anual de España es de poco más de 1 billón de euros, de ahí los 5.000 millones que calcula la CE.

«Repartiendo el esfuerzo en 24 meses tenemos una senda más realista y segura», ha explicado Moscovici.

Foto: Flickr – Thijs ter Haar

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