El término ‘capitalismo de amiguetes’, un tanto impreciso, ha acaparado una parte importante de las medidas acordadas por PSOE y Ciudadanos en la parte empresarial de su paquete de propuestas.
Básicamente se propone la fuerte regulación de sectores donde haya una gran concentración empresarial, como el energético, telecomunicaciones o infraestructuras, todo con el objetivo de favorecer la entrada de nuevos competidores.
El primer pilar, a juicio de estos partidos, lleva a una reforma de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, «dotándola de mayor independencia funcional y recursos, y en su caso acercándola al modelo alemán. La CNMC dispondrá de la autoridad necesaria de competencia, plenas capacidades normativas para los reguladores, independencia de recursos financieros y suficiente personal cualificado».
Está por ver, en todo caso, hasta qué punto se reformará, teniendo en cuenta que el PP básicamente subordinó las antiguas CNE y CMT bajo su control, mutilando su independencia. ¿Es posible independizar un organismo nacido para una regulación sumisa? Está por ver.
En el PSOE había dos corrientes de opinión al respecto, una que propugnaba el retorno a un modelo con reguladores independientes de Telecomunicaciones, Energía, Transportes y Competencia, y otra que no veía con malos ojos la agrupación, pero con cambios.
Paradójicamente, el modelo alemán es en el que se basó la CNMC, pero con diferencias. El expresidente de la CMT, Reinaldo Rodríguez, expresó su opinión al respecto en declaraciones a SABEMOS: «El modelo alemán no es el mejor, pero tiene algo que no tiene la CNMC: subgrupos de tres personas cada una, especializados por sectores con capacidad para imponer sus decisiones».
El consejo actual no tiene criterio ni conocimiento de sectores como para que sus decisiones estén fundamentadas por mucho más que la voluntad del consejero de turno y el organismo carece de independencia económica para no verse sometido a la voluntad del ministro de turno. Si se cambia eso, quizá haya hueco para una reforma efectiva.
Liberalización de los servicios profesionales y reorganización de la supervisión financiera
Los colegios profesionales no van a estar nada contentos, dado que el proyecto PSOE-C´s promueve «la revisión de todas las barreras de entrada y la eliminación de todas aquellas que no estén estrictamente justificadas. Los servicios no económicos de interés general quedan excluidos».
El proyecto propone también reorganizar la estructura institucional de la supervisión financiera adoptando el modelo de los dos pilares, uno de solvencia y otro para conductas, vigente en muchos países cercanos.
En concreto, se propone la creación de una autoridad de control macroprudencial en el Banco de España mediante la integración en su área de supervisión bancaria de la vigilancia de la solvencia de las compañías de seguros –que ahora no es independiente– y de las Empresas de Servicios de Inversión (actualmente supervisadas por la CNMV).
También promueven la creación de una Autoridad de Protección al Consumidor e Inversor financiero que, a partir de la CNMV, unifique y refuerce los servicios de reclamaciones y de protección de los tres supervisores financieros (banca, valores y seguros) para recuperar la confianza de los ahorradores. Esta nueva autoridad regularía además a las compañías de auditoría, con un régimen de independencia similar a la CNMV y financiada enteramente por tasas de la industria fijadas por ley.