Decepcionante y esperada ha sido la comparecencia de Elke König en la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia del Congreso de los Diputados. Decepcionante porque no ha dado ninguna respuesta que aclarara lo que sucedió aquella madrugada del 6 al 7 de junio. Tampoco se esperaba otra cosa.
En sus explicaciones iniciales König ha mantenido la versión de que el Popular fue intervenido por falta de liquidez y que no había otra solución más que la resolución de la entidad. Por otra parte, ha incidido en el hecho de que no se han hecho públicos los distintos informes por los que se tomó la decisión porque hubiesen afectado gravemente tanto al sistema financiero europeo como al propio Banco de Santander. ¿Al Banco de Santander? ¿Y las más de 305.000 familias arruinadas? ¿Han pagado el precio para mantener la estabilidad del sistema bancario de la Unión Europea?
A continuación han intervenido los distintos portavoces. El primer turno le ha correspondido a Alberto Montero de Unidos Podemos, quien ha recriminado el hecho de que negar el acceso al informe de Deloitte al Congreso es un ataque contra la soberanía popular que representa la cámara. Por otro lado, ha interrogado a König sobre las posibles soluciones que se pudieron adoptar antes de llegar a la resolución haciendo hincapié en el hecho de que hubo ofertas para ampliar capital —mostrando las cartas de Barclays y de Deutsche Bank publicadas por Diario16— que hubiesen resuelto la situación si se hubiesen tenido en cuenta. Montero hizo una reflexión sobre cómo el Santander se está beneficiando de la operación, poniendo ejemplos como la venta del patrimonio inmobiliario a BlackStone o que el Santander ahora es líder de un nicho de mercado en el que antes no lo era. También preguntó acerca de la responsabilidad que tuvo ella con sus declaraciones a Bloomberg y a Reuters que provocaron la salida de depósitos.
El siguiente turno fue para Pedro Saura, del Grupo Socialista, quien ha hecho hincapié en el hecho de que la decisión de intervenir al Popular ya estaba tomada de antemano porque convenía políticamente tanto a Luis de Guindos como a las propias instituciones europeas. «La idea de que la decisión de intervenir el Banco Popular estuvo tomada de antemano, es que la Junta Única de Resolución utilizó una herramienta de insolvencia cuando todas las autoridades nos dijeron que el Banco Popular tenía un problema de liquidez y no de solvencia», ha explicado el portavoz socialista de Economía. Saura también ha denunciado la falta de transparencia en el caso del Banco Popular. «Se ha negado a publicar el informe de Deloitte, a entregarlo a esta comisión de investigación», ha recordado. También ha criticado la falta de transparencia y las filtraciones de la JUR. «La mayoría de españoles no entienden cómo se les cae el sexto banco de nuestro país a las autoridades económicas españolas y europeas, y que se laven las manos y miren para otro lado».
A continuación, ha intervenido el Partido Popular. La intervención de Carlos Floriano ha sido un verdadero despropósito. En primer lugar, ha afirmado que la resolución del Popular ha evitado riesgos para la zona euro echando en cara a todos aquellos que están criticando la falta de transparencia porque pone en duda el propio proyecto europeo. Por tanto, el Grupo Popular ha demostrado que está del lado de la intervención y del Santander en vez de defender a los legítimos dueños del Banco Popular que fueron despojados de sus patrimonios con nocturnidad y alevosía. Esta defensa de la decisión de la JUR de entregar el Popular por un euro al Santander podría ser catalogado como un nuevo modo de presunta corrupción puesto que la propia operación está llena de dudas y que se hayan puesto los aparatos del Estado a disposición de una entidad privada, por muy sistémica que sea, es un comportamiento presuntamente corrupto. Un nuevo modo de entender lo que ocurrió en la Gürtel. No se puede entender cómo el partido que sustenta a un gobierno puede ponerse del lado de las élites en vez de defender al depositario de la soberanía popular, que es su deber. ¿O es que ya hemos entrado en la confusión de interpretar que los intereses de España son los mismos que los del Santander? Para salir del paso Floriano ha hecho una serie de preguntas, pellizcos de monja, donde la más incisiva ha sido sobre si hubo más de una oferta para adquirir al Popular.
Idoia Sagastizabal, por el grupo vasco ha hecho mucho inciso en aspectos técnicos como, por ejemplo, si el Popular incumplió en algún momento las ratios LCR, sobre el cumplimiento de las auditorías de capital o sobre la superación del Popular de los test de estrés. Si todo esto se estaba cumpliendo, ¿por qué se declara la quiebra del Popular? No ha hecho ninguna mención a las ofertas de ampliación de capital, a la no intervención de los reguladores españoles o al propio Banco de Santander.
Finalmente, el Grupo Ciudadanos, a través de su portavoz Francisco de la Torre, ha afirmado, directamente que «no entendemos nada» porque no se sabe si realmente el Popular tenía un problema de solvencia o de liquidez, por qué se seleccionó a Deloitte y no a otra auditora o, principalmente, por qué se prescindió de los inspectores del Banco de España para determinar si el Popular debía o no ser intervenido. De la Torre ha hecho referencia a la solución adoptada con los bancos italianos que no supuso la ruina de sus pequeños accionistas y la que se tomó con el Popular, además de incidir en que si un banco supera los test de estrés y las auditorías correspondientes no es muy normal que en pocos meses quiebre.
El rostro de Elke König era un poema y tras las interpelaciones de los portavoces se decidió hacer un receso. Tras éste intervino la presidenta de la JUR. En primer lugar, justificó la opacidad en el riesgo de desestabilización del sistema financiero europeo. En segundo lugar, refiriéndose a Deloitte, afirmó que la JUR tiene la obligación de contratar a un experto independiente antes de intervenir a una entidad. Negó que hubiera conflicto de intereses por el hecho de que hubiera sido la auditora del Santander y confirmó lo que muchos llevamos intuyendo: el informe se estaba realizando varios días antes de la intervención. En tercer lugar, en referencia a que el Popular superara los test de estrés, König ha dicho que esos test no evalúan la liquidez y ha incidido en que el banco estaba quebrado en la tarde del 6 de junio. En cuarto lugar, ha confirmado lo que muchos sospechábamos: la JUR no tenía constancia de las ofertas de Barclays y de Deutsche Bank para ampliar capital, algo que se entiende puesto que Saracho no las comunicó ni siquiera al Consejo de Administración. En quinto lugar, König ha reconocido que el BCE pudo haber ayudado más al Popular en lo referente a la liquidez y que a partir de ahora se hará de otro modo. Además, ha afirmado que el problema de liquidez del banco era consecuencia de las decisiones erróneas adoptadas en la búsqueda de entrada de capital, es decir, que culpa a Saracho. En sexto lugar, referente a su responsabilidad en la crisis de liquidez por sus declaraciones, ha dicho que lo que dijo al periodista de Bloomberg fue un modo de quitárselo de encima, de darle a entender que no iba a hacer más declaraciones, y de la filtración a Reuters dice que no fue ella porque estaba en Estados Unidos, como si en un mundo global esto fuera una coartada válida. En séptimo lugar, ha negado que la intervención se hiciera para favorecer al Santander, pero no ha dado razones de ello. En octavo lugar, respecto a la subasta ha confirmado que no hubo más ofertas que la del Santander, pero tampoco existieron conversaciones con otras entidades.
Finalmente, tras intentar justificar los distintos criterios adoptados por la JUR respecto a los bancos italianos y al Popular, König ha finalizado su intervención. La presidenta de la Comisión, Ana Oramas, ha sido contundente ya que dejado claro que la presidenta de la Junta Única de Resolución no había contestado a ninguna de las preguntas de los portavoces (tal vez a alguna de Floriano) y que había perdido una oportunidad de dar tranquilidad a las más de 305.000 familias arruinadas. Por esta razón, adelantó que los portavoces, al no tener réplica, le remitirían una batería de preguntas para que las respondiera por escrito. Por otro lado, Oramas echado en cara la negativa de la JUR a facilitar los informes al Congreso de los Diputados porque es una cámara de representación del pueblo español y no un despacho de abogados.
Todo lo que ha dicho König entraba dentro del guion esperado, pero todos y cada una de sus explicaciones quedan rebatidas con la propia documentación que Diario16 ha publicado y que ha sido entregada a la Audiencia Nacional. La resolución del Popular estaba decidida desde hacía meses y el único candidato posible para hacerse con la sexta entidad financiera de España era el Santander. Además, la intervención se adopta a través de un documento presuntamente falso con una firma presuntamente falsa. El Popular hubiera tenido solución si Emilio Saracho no hubiese realizado todas las operaciones y aplicado todas las estrategias posibles para rebajar el valor del banco, crear pánico en los clientes y filtrar información interesada a medios y entidades. El Popular no estaba quebrado porque si así lo hubiese estado el Santander no hubiese obtenido los 18.000 millones de euros que ya se ha apuntado en sus cuentas ni se apuntará los 43.000 previstos para final de año. Si el Popular era un banco quebrado, ¿por qué el Santander está obteniendo beneficios al ritmo en que los está obteniendo? Además, ¿cómo se puede considerar quebrado una entidad con unos depósitos de más de 60.000 millones de euros, tal y como reconoció el propio Saracho en la última reunión del Consejo de Administración. Además, el propio Saracho reconoció que aún no había habido incumplimientos significativos de las obligaciones del Popular. Por otro lado, en las instrucciones sobre cómo comunicar la inviabilidad que recibió el secretario del Consejo, Joaquín Hervada, del despacho de abogados del Santander, se afirma claramente que ni ha habido incumplimientos ni, una vez comunicada la inviabilidad, se tendría que intervenir de manera inmediata al Popular. Por la tarde del día 6 de junio se envió a la JUR el documento presuntamente falso y con una firma que nadie sabe de quién era, y en apenas unas horas se intervino a la entidad.
Además, hay un hecho que demuestra que la decisión estaba tomada y que publicamos en Diario16 la pasada semana: el Santander comunicó al mercado que ampliaba capital en 7.000 millones en la mañana del día 6 de junio, cuando aún no se había celebrado la reunión del Consejo del Popular ni, por consiguiente, se declaró la inviabilidad.
Pedro Saura, del Grupo Socialista, ha afirmado que De Guindos tenía intereses políticos en la caída del Popular. Un hecho que podría demostrarlo es la no intervención de las entidades reguladoras dependientes del Ministerio de Economía.
Lo ocurrido hoy en el Congreso de los Diputados es una muestra de cómo los partidos de la derecha están alineados con las élites representadas en el Santander. Sí que había intereses y la necesidad de rescatar a una entidad sistémica de una situación muy difícil.
Robert Helein decía que «lo malo de las conspiraciones es que se pudren por dentro». Los códigos éticos de comportamiento por necesidades de Estado no siempre pueden ser justificados con criterios de posicionamiento de una determinada ideología o manera de pensar porque se está traicionando las esencias éticas de cualquier forma de aplicar el poder. Esto se aplica también a la Justicia, al poder Ejecutivo y al Legislativo. Lo que no se puede pretender es asimilar los intereses del Estado con los de una entidad privada porque, señor Floriano, eso es un modo de corrupción. La dignidad de las personas no se ciñe a un modelo como el europeo y justificar la ruina de más de 305.000 familias en los intereses del Estado o en la estabilidad del modelo de Europa no es más que una forma de corromper el valor unigénito que corresponde a quien ha recibido el mandato de un pueblo de gobernar para los gobernados y no para satisfacer los intereses de las élites públicas ni, por supuesto, de las privadas.
