Competencia impone sus primeras multas personales a directivos por montar cárteles

La CNMC impone un multazo de 128,8 millones a ocho fabricantes de fabricantes de pañales para adultos por pactar durante casi dos décadas los precios. El organismo exime del pago de más de 70 millones a Procter & Gamble por haber denunciado la trama. Se trata de la primera ocasión en la historia del ‘superregulador’ que se sanciona con multas personales a cuatro ejecutivos y no sólo a sus compañías.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha desarticulado una veintena de cárteles desde su creación, en 2013. Y hasta ahora todas las sanciones por las prácticas ilegales habían sido impuestas a las empresas que participaban en los acuerdos para pactar precios o repartirse el mercado. Hasta ahora. Porque el superregulador ha impuesto ya las primeras sanciones personales a los directivos responsables de montar cárteles, no sólo a sus compañías.

La CNMC ha anunciado la imposición de multas de 128,8 millones de euros a siete fabricantes de pañales para adultos y a la asociación que los representa (Federación Nacional de Fabricantes, FENIN) por pactar precios de los pañales financiados por la Seguridad Social para su compra en farmacias.

La resolución del expediente incluye igualmente por primera vez en la historia de la CNMC sanciones para varios directivos de las empresas participantes del cártel, con multas que van de los 4.000 a los 15.000 euros. Los sancionados son Jordi Bozal, de la antigua Arbora & Ausonia (15.000 euros), que no abonará la multa por haber sido quien desveló la trama; Javier Martín Ocaña, del grupo Indas (4.000 euros); así como como dos ejecutivas de la asociación FENIN, Margarita Alfonsel y María Aláez (con 6.000 y 4.000 euros, respectivamente).

Más sanciones a directivos, en semanas

La CNMC publicará en las próximas semanas otras dos resoluciones más con las que sancionará también a directivos de las compañías implicadas en otros cárteles, según adelantó SABEMOS. El superregulador pretende que estas multas personales y la publicación de la identidad de los sancionados sean elementos disuasorios para los directivos y prevenir así la propia constitución de cárteles. La sanción máxima que se puede imponer a individuos por su participación directa en prácticas anticompetitivas es de 60.000 euros, de la que responderán directamente con su patrimonio.

Lo cierto es que la imputación de actividades ilícitas anticompetitivas a personas físicas es una posibilidad que se recoge ya en la Ley de Defensa de Competencia de 2007.  Pero, aunque el artículo 62.2 de la norma ya habilitaba este tipo de sanciones individuales, fue una herramienta que la antigua Comisión Nacional de la Competencia (CNC) utilizó en muy contadas ocasiones. Y la actual CNMC, sin embargo, hasta ahora no las había utilizado.

Las sanciones personales a directivos habían sido contadísimas. La más sonada hasta ahora fue la multa de 50.000 euros impuesta por la CNC en 2012 de Joan Gaspart, presidente de Husa Hoteles y miembro de la mesa de turismo de la CEOE, por unas declaraciones en las que abogaba por subir las tarifas hoteleras y que Competencia interpretó como una recomendación/incitación a que las cadenas encarecieran la noche de hotel. La multa a Gaspart acabó siendo anulada, no obstante, por la Audiencia Nacional.

El cártel de los pañales

La CNMC impone esas multas por un importe conjunto de casi 129 millones de euros al considerar que los siete fabricantes y la asociación FENIN estuvieron fijando ilegalmente los precios de los pañales financiados con dinero público para su compra en farmacias al menos durante 18 años, desde 1996 y hasta 2014.

La resolución contempla una multa de 68,5 millones para la antigua Arbora & Ausonia y su sucesora Procter & Gamble España (y solidariamente 3,4 millones corresponderían a la matriz Procter & Gamble Company). Sin embargo, esas sanciones no deberán ser abonadas, al quedar los sancionados eximidos por haberse acogido al programa de clemencia de Competencia y haber desvelado la trama.

Los otros fabricantes sancionados, que no quedan eximidos, son  SCA Hygiene Products, S.L., con 35,1 millones de euros (de este importe responde solidariamente SCA Group Holding, B.V., hasta 172.278 euros); Laboratorios Indas, con 13,2 millones (solidariamente asume Domtar Lux Holdings  64.967 euros);  Ontex Peninsular y Ontex ID, con 5,1 millones de  euros; Laboratorios Hartmann, con 4 millones; Barna Import Medica, con 1,4 millones; Textil Planas Oliveras, con 801.738 euros; Algodones del Bages, con 251.456 euros; y la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), con 200.000 euros.

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