La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado un informe en el que aporta algunas recomendaciones al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para la compra de material de oficina. Entre sus sugerencias está que se eliminen las referencias a marcas comerciales y que no se discrimine a los productos de marca blanca o marca de distribuidor.
La legislación permite que en las prescripciones técnicas de los concursos de suministro a la Administración se incluyan marcas comerciales pero sólo si la naturaleza del contrato lo exige o si no existe otra alternativa en el mercado, algo que no sucede con los bolis y las grapadoras. Así pues, la referencia explícita a marcas en concreto debe ser autorizada de manera excepcional, según la CNMC.
Pero la discriminación a la marca blanca no acaba allí. Competencia asegura que existe “un régimen diferenciado” para las marcas comerciales y las de distribuidor, de manera que se limita “en gran medida” la presencia de productos de marca blanca en la licitación del acuerdo marco.
“Los pliegos establecen unos precios máximos de licitación más reducidos para las marcas de distribuidor o blancas. Con ello, se pone en evidencia que imponer restricciones a este tipo de productos supone una pérdida de eficiencia”, resume el superregulador.
“No se acierta a entender la necesidad de exigir principalmente productos de marca comercial frente a productos de marca de distribuidor. Resulta del todo cuestionable que sea necesario que la Administración deba aprovisionarse de forma preferente de productos de marca comercial (marcas de fabricante), puesto que si se determinan las características y la calidad demandada para los productos, la marca no debe ser una exigencia”, subraya el organismo.
La CNMC considera que se tienen que garantizar unas “condiciones de igualdad” entre las empresas que concurran a la licitación, por lo que también recomiendan moderar los criterios de solvencia para no apartar a las pymes del concurso para el abastecimiento de material de oficina.
En este sentido, el superregulador cree que tanto la división del acuerdo marco en lotes autonómicos es positiva y fomenta la entrada de empresas regionales en el proceso. Además, Competencia cree adecuado que el criterio que más pese en la licitación de este contrato sea el económico, esto es, que gane la propuesta más barata. Sólo quedaría que la marca blanca jugara en igualdad de condiciones frente a la marca comercial.
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