India ha sido el primer país en permitir que cualquier interesado inicie el procedimiento concursal sin necesidad de notificación a la empresa. El país asiático ha puesto en marcha este mes una nueva Ley Concursal que permite a todos los agentes implicados, desde los prestamistas a los propios trabajadores, iniciar el proceso de resolución ante cualquier situación de impago.
La iniciativa aprobada por el Parlamento es muy novedosa al romper con el tradicional modelo en el que el acreedor o el propio deudor son los encargados de iniciar el procedimiento.
Por ejemplo, si los empleados de una compañía llevaran varios meses sin percibir sus nóminas, esto se consideraría como una prueba de las dificultades financieras de la empresa y podría iniciarse automáticamente el proceso de resolución por iniciativa de los trabajadores.
Sin embargo, el empoderamiento de los trabajadores en India va más allá; si el problema sigue nueves meses después de haberse iniciado el procedimiento, cualquiera de los acreedores –desde los prestamistas corrientes, a los accionistas o los empleados- podrá solicitar el pago de sus deudas mediante los activos que la empresa depositó como garantías de sus préstamos.
Por lo tanto, cualquier tipo de acreedor podrá solicitar finalmente la liquidación de la empresa en el caso de que el impago se perpetúe en el tiempo.
“Queremos un ecosistema dinámico en el que la resolución de los problemas financieros de las empresas pueda ser rápida y dentro de unos plazos concretos. Ahora el poder de iniciar un proceso concursal o de liquidación está en manos de todos los grupos de interés”, señalaba Shaktikanta Das, secretaría de Asuntos Económico en India, a un medio nacional.
Un espejo para España
La eficacia de la Ley Concursal española, cuya última reforma se produjo en septiembre del año pasado, ha sido puesta en entredicho tras conocerse que entre el 92% y el 95% de las empresas que se acogieron a dicho procedimiento en 2015 terminaron liquidando, según los datos de Lawyerpress.
La falta de flexibilidad de la norma y la sobreprotección de algunos acreedores son algunas de las causas que según los expertos llevan a las empresas a terminar cerrando.
“Podemos hablar de un auténtico fracaso de la ley concursal en cuanto a una de las finalidades que persigue, la conservación de la empresa”, señalaba Sebastián Sastre, exmagistrado del Tribunal Supremo, en el Encuentro Internacional sobre Insolvencia y Reestructuración.
Precisamente, figuras como las del acreedor preferente o los insuficientes plazos previstos por la norma para los acuerdos de refinanciación son algunas de las rigideces que los profesionales del sector apuntan como causas del fracaso.
