El ministro de Economía, Luis de Guindos, acudirá el próximo martes a la Eurocámara para defender las medidas tomadas para corregir su déficit, dentro del proceso iniciado por Bruselas para congelar parte de los fondos europeos a España por incumplir el año pasado la disciplina fiscal.
De Guindos, que continúa al frente de este departamento en el nuevo Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy, participará en un encuentro que comenzará en la tarde del martes. Su homólogo luso, Mario Centeno, acudirá al Parlamento Europeo (PE) el mismo día para exponer la situación de Portugal que, junto a España, eludió una multa en verano por haber incumplido sus compromisos de reducción del déficit público el año pasado.
Será la segunda ronda de las audiencias organizadas por la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros de la Eurocámara, junto a la de Desarrollo Regional, dentro del proceso iniciado contra España por haber incumplido sus compromisos de reducción de déficit en 2015.
Ambos ministros aprovechan así su viaje a Bruselas para participar el próximo lunes y martes en las reuniones del Eurogrupo y del Ecofin con sus socios del euro y del conjunto de la Unión Europea.
La nueva ronda de comparecencias forma parte del diálogo entre el Parlamento y la Comisión Europea sobre la suspensión de los fondos a España y Portugal, que han enviado «acciones efectivas» contra sus déficit con las que esperan que la congelación tenga el menor impacto posible. Como consecuencia de esta nueva ronda de comparecencias, se ha retrasado el cierre del diálogo estructural, para el que no hay fecha concreta, paso necesario para que la CE pueda tomar una decisión acerca de la suspensión de fondos, que se cree podría afectar a un 20 % de los compromisos de 2017 o, como máximo, el 50 % del total anual.
La comisaria de Política Regional, Corina Cretu, aseguró en la primera ronda a principios de octubre que la suspensión «no sería una sanción» y que «no tendría un impacto a corto plazo en absoluto», ya que solo afectaría a finales de 2020 y si el país no adopta ninguna medida para cumplir con sus compromisos. La mayoría de diputados se opuso entonces a una hipotética suspensión durante su comparecencia y la del vicepresidente Jyrki Katainen.
Después de eludir en verano una multa por haber incumplido sus objetivos de reducción del déficit el año pasado, España se ha comprometido ahora a reducirlo al 4,6 % del producto interior bruto (PIB) este año, el 3,1% el siguiente y el 2,2% en 2018.
Debido a la adopción de las «acciones efectivas» que se comprometió a asumir, el Gobierno prevé cerrar este ejercicio con un déficit del 4,4 %, dos décimas menos de lo exigido.
Sin embargo, el proyecto presupuestario sin cambios que ha presentado a Bruselas calcula que el año próximo el desvío se mantendrá en el 3,6 %, lo que supone que el nuevo Gobierno deberá enviar un presupuesto completo el que se incluyan recortes de gastos o aumentos de ingresos equivalentes a 0,5 puntos porcentuales del PIB, es decir, de unos 5.500 millones de euros.
