Después de mucho revuelo en las últimas dos semanas, el ‘día D’ por fin ha llegado para el lío de las autopistas radiales quebradas: el juez Javier Vaquer tiene que decidir hoy si concede la prórroga que ha pedido el Ministerio de Fomento -ahora integrado en Justicia, bajo la batuta de Rafael Catalá- para que la R3, la R5 y la circunvalación de Alicante no cierren mañana. El auto del magistrado establecía esta jornada como límite para encontrar una salida a la situación porque, de lo contrario, las vías tendrán que cesar su actividad en la medianoche de hoy.
La barrera de las radiales está en manos del juez Vaquer. Del magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid depende que la R3 (Madrid-Arganda), la R5 (Madrid-Navalcarnero) y la circunvalación de Alicante sigan abiertas mañana. Por el momento nadie sabe nada, aunque Fomento confía en que su plan salga adelante.
El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, ha asegurado esta semana que hay sintonía con la administración concursal de las carreteras para que se amplíe el plazo de negociación y que, en el peor de los casos, Fomento tenga tiempo para asumir la gestión de las vías de manera ordenada. Porque lo que mandaba el juez era cerrarlas de un día para otro si no había acuerdo entre las partes.
Fuentes del departamento han confirmado a SABEMOS que no hay noticias del Juzgado y han reiterado la postura de Fomento: se necesita más tiempo para poder hacer una transición “cabal”, como la denominaba Gómez-Pomar.
Tampoco saben nada del juez los accionistas de las sociedades que explotan estas carreteras, según las fuentes del sector consultadas.
“Estamos a la expectativa por si tenemos que echar el cierre”, han explicado. “Si el juez lo ordena se hará. No se va a contradecir ni mucho menos al magistrado pero la medida es muy radical”.
Desde su punto de vista, a ninguna de las partes afectadas -Fomento, las empresas y la administración concursal- estaba interesada en que el cierre de las autopistas radiales se consumara pero es una posibilidad que está sobre la mesa, después de que Vaquer ordenara la liquidación antes del 1 de octubre. Además, esta decisión de bajar la barrera sería contraproducente desde el punto de vista económico.
“Cerrar no tendría sentido. Una autopista se mantiene diariamente. Una vez que estás una semana sin operarla, el coste de actualizarla es superior al de cerrarla”, han indicado.
Más allá de la perspectiva económica, a Fomento y a las concesionarias les preocupa el perjuicio que supondría el cierre de las vías para los usuarios. El actual responsable de Fomento, Catalá, ha manifestado que uno de sus objetivo es garantizar la continuidad del servicio para los conductores. “El usuario es el que menos culpa tiene”, han coincidido desde uno de los accionistas de las radiales.
Desde luego en el Gobierno siguen contando con la R5. La Dirección General de Tráfico (DGT) propone esta vía como alternativa durante las obras en la A5 que comenzarán el próximo lunes, tal y como ha señalado un usuario de Menéame.
Catalá, invitado de lujo
A Rafael Catalá le ha caído este marrón del cielo. El nombramiento de Ana Pastor como presidenta del Congreso de los Diputados alejó a la política gallega de la gestión del problema de las radiales.
Hasta la primavera de este año la estrategia de Fomento fue retrasar la ejecución de las liquidaciones de las concesionarias quebradas mediante la interposición de recursos en los tribunales. Sin embargo, el auto del juez Vaquer estableció un límite: el 1 de octubre.
La de las radiales es una patata caliente desde el punto de vista político. Los contratos de estas vías incluían una cláusula de compensación estatal en caso de que el tráfico no alcanzara un nivel sostenible. Con la crisis llegó la caída en la actividad de las radiales y las empresas reclamaron su indemnización, aunque Fomento se negó a pagar. Entre los errores en las estimaciones de actividad, los sobrecostes en las expropiaciones de terrenos para la construcción de las autopistas y el impago de las compensaciones por parte de la Administración, la mayoría de las radiales se vieron abocadas al concurso de acreedores.
La liquidación definitiva de este tipo de infraestructuras concesionales dispararía la activación de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), por la que el Gobierno tendría que asumir las carreteras y compensar a las empresas gestoras de los peajes. Básicamente, supondría un rescate de unas infraestructuras mal diseñadas, lo que desgastaría la imagen pública de cualquier Ejecutivo.
Nadie lidiaría ese miura por iniciativa propia. En cualquier caso le ha tocado torear a Catalá, un hombre que ya sabe algo de la faena, como han recordado las fuentes del sector consultadas. Antes de ser ministro de Justicia fue secretario de Estado de Infraestructuras durante 3 años, así que será Catalá finalmente quien le ponga la puntilla a las radiales.
