La Audiencia Nacional ha condenado a Gerardo Díaz Ferrán a pagar 5,4 millones de euros a las aerolíneas afectadas por el caso de apropiación indebida de dinero de clientes de Marsans, tras subsanar un «error involuntario» en la sentencia por la que el expresidente del grupo era castigado con 2 años de cárcel.
En el fallo, al que ha tenido acceso Efe, la sección cuarta de lo Penal amplía la responsabilidad civil de Díaz Ferrán y acuerda que indemnice a las compañías aéreas personadas en la causa por las ventas de billetes que no fueron liquidadas por las cuatro agencias que componían el grupo (Marsans, Crisol, Tiempo Libre y Rural Tour).
De esta forma, el tribunal subsana «un error involuntario» y completa la sentencia del pasado febrero en la que condenaba a 2 años de prisión y multa de 1.800 euros al expresidente de la patronal al considerarlo autor de la apropiación indebida de 4,4 millones de euros abonados por los clientes que no llegaron a realizar sus viajes, a quienes también está obligado a indemnizar. Es decir, el tribunal consideró que Díaz Ferrán es responsable de el desvío de esta cantidad, abonada por sus clientes y que en lugar de destinarse al pago a proveedores -como Pullmantur o Catai- se dedicó a sufragar otros costes de la empresa como las nóminas.
En un escrito fechado el pasado 18 de febrero y consultado por Efe, las aerolíneas lamentaban que la sentencia «no se pronuncie sobre las indemnizaciones a las compañías» aún cuando «los condenados -Díaz Ferrán y el último director general del grupo, Iván Losada- lo han sido por apropiación indebida de los fondos obtenidos en las ventas al contado de billetes».
Durante su declaración, Díaz Ferrán culpó de la quiebra de Marsans a la IATA que, por primera vez, exigió un aval de 24 millones al que la compañía no pudo hacer frente y que habría motivado el cese de la emisión de billetes en abril del 2010.
Un argumento desmontado por la sala, que considera que la causa de que no se liquidasen las mensualidades no se debió a la decisión de la IATA de cortar la emisión de los billetes, sino «porque no se destinó la recaudación del mes de abril que las oficinas de viajes habían cobrado de los consumidores».
Las acusaciones solicitaban para Díaz Ferrán una pena de cuatro años de prisión, multa de 3.000 euros y la indemnización solidaria completada ahora por la Audiencia, una condena que finalmente fue rebajada a la mitad tras el escrito de responsabilidad presentado por el expresidente de la patronal en la última sesión de juicio.
