Mas desoye las exigencias de la CUP y mantiene su determinación de presentarse a la investidura. La ley obliga a disolver el Parlament si durante dos meses no se logra elegir a un presidente, lo que llevaría a reeditar los comicios tras las generales: el 21 o 28 de febrero o el 6 de marzo.
Cataluña se encamina al bloqueo institucional y a nuevas elecciones en febrero o marzo de 2016. Artur Mas se resiste a dar un paso atrás y no ser el candidato de Junts pel Sí a la presidencia de la Generalitat, lo que cierra la puerta a un acuerdo entre la lista conjunta y la CUP y sume a la región en la parálisis. La formación anticapitalista que lidera Antonio Baños prometió no investir a Mas y ni la imputación del líder de Convergència por convocar la consulta del 9-N ha ablandado su postura. “No votaremos ‘sí’ a un Gobierno presidido por Artur Mas”, volvió a repetir ayer el cabeza de lista de la CUP.
La candidatura de CDC, ERC y entidades civiles (62 escaños) requiere algo más que una hipotética abstención del grupo de Baños (10), toda vez que tendrá en contra a los 63 diputados de Ciudadanos, PSC, PP y Sí que es Pot. La región se encamina, pues, a la situación de bloqueo anticipada la noche electoral por Inés Arrimadas y a la reedición de los comicios. Esas elecciones se celebrarían, según los plazos que establece la ley, después de las generales y con otro Congreso y otro Gobierno de España ya en funcionamiento.
«Artur Mas representa una etapa anterior, la de los recortes y la corrupción» http://t.co/9B75ZbX10E #27S pic.twitter.com/MvQHRiOgCI
— CUP Països Catalans (@cupnacional) septiembre 29, 2015
Corresponde a Mas, presidente autonómico en funciones, “convocar, en el plazo de los veinte días siguientes a la fecha de las elecciones, la sesión constitutiva de la legislatura”, tal y como recoge en su artículo 10 la Ley 13/2008 de la Presidencia de la Generalidad y del Gobierno. Al ser festivo el 12 de octubre, la fecha límite para dicha constitución de la Cámara es el lunes 26. Antes del martes 27 quedará, pues, constituida la Mesa del Parlamento, que presidirá un miembro de ERC, según acordaron republicanos y convergentes. El reglamento de la Cámara emplaza a informar del trámite, una vez ejecutado, «al jefe del Estado, al presidente de la Generalidad, al presidente del Congreso de los Diputados y al presidente del Senado».
Tras ello, la primera autoridad de la Cámara iniciará conversaciones con los grupos parlamentarios y convocará la sesión de investidura dentro de los diez días hábiles posteriores, según dispone en su artículo 4 la norma antes citada. El 9 de noviembre aparece como la última jornada en que podría tener lugar el acto, que coincidiría en ese supuesto con el aniversario de la consulta soberanista. En la primera votación tras el debate de investidura el candidato requiere la mayoría absoluta para ser elegido.
De no lograrse, se iría a una segunda vuelta 48 horas después donde ya le bastaría con la mayoría simple, con obtener más síes que noes. La falta de entendimiento de Junts pel Sí con la CUP hace a día de hoy imposible la designación por cualquiera de las vías. Y aún más improbable es que Mas logre la adhesión de algún diputado de otros grupos que se oponen abiertamente a su hoja de ruta hacia la independencia.
El plazo para que los independentistas lleguen a un acuerdo expira el 9 de enero. De no lograrlo, habría elecciones «entre cuarenta y sesenta días después»
Ante ese bloqueo, la ley establece un plazo máximo de dos meses para continuar intentando un acuerdo. Es decir, el 9 de enero es la fecha límite. Si para entonces no ha habido investidura, “la legislatura queda disuelta automáticamente y el presidente o presidenta de la Generalidad en funciones convoca elecciones de forma inmediata”. Dichos comicios habrán de celebrarse “entre cuarenta y sesenta días después de la convocatoria”, plazo establecido en el artículo 4 de la Ley de la Presidencia y en el artículo 56 del Estatuto de Autonomía. Mas podría elegir, pues, entre los domingos 21 de febrero, 28 de febrero o 6 de marzo para la nueva cita con las urnas, que se celebrarían quizá con otro inquilino en La Moncloa y seguro con un Congreso mucho más fragmentado que el actual, el que permanentemente ha rechazado los planes del Gobierno catalán. Sería la cuarta vez en poco más de cinco años -sin contar la consulta del 9-N- que los catalanes acudirían a votar convocados por Mas.
“Ya veremos si entre CDC, Esquerra, las CUP, Omnium Cultural, la ANC, y todos los independientes [que componen Junts pel Sí] son capaces de buscar un candidato alternativo al que tenían, que era Artur Mas, si lo logran pues empezará la legislatura y si no lo logran pues en marzo tendremos que volver a votar”, señaló ayer el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en los micrófonos de RNE.
La repetición de las elecciones es algo que su partido viene viendo como inevitable desde el domingo, convicción que Arrimadas, candidata el 27-S, volvió a expresar tras la Ejecutiva de este martes: “Veo muy complicado que se pueda investir a un presidente y que se pueda formar un Gobierno”. Una situación parecida se dio en Andalucía este año, cuando Susana Díaz a punto estuvo de volver a convocar elecciones tras perder tres votaciones de investidura. Finalmente, Ciudadanos le despejó el camino 81 días después de los comicios y tras obligarle a firmar 70 compromisos económicos, sociales y de regeneración.
Homs y Salvadó llevarán las negociaciones de Junts pel Sí con la CUP para desbloquear la situación
Junts pel Sí celebró ayer su primera reunión en el Parlament y designó al convergente Francesc Homs y al republicano Lluís Salvadó como interlocutores para tratar de convencer a la CUP de que Mas debe seguir al frente del proceso independentista. El líder del PSC, Miquel Iceta, se mostró seguro de que ambas formaciones acabarán uniéndose en un Ejecutivo «de confrontación que no será capaz de gobernar al servicio de todos ni de acordar la solución del problema de fondo del encaje de Cataluña en el resto de España».
Iceta transmitió esta inquietud al PSOE en el Consejo de Política Federal que el partido celebró ayer, horas después de que Ciudadanos le hiciera llegar un decálogo de compromisos para hacer causa común en la oposición. Dicho documento, enviado también a PP y a Catalunya Sí que es Pot, contiene medidas como reformar la ley electoral, acometer una auditoría sobre la gestión de la Generalitat o suprimir las partidas «dirigidas a fomentar el separatismo».
El escrutinio del 27-S aún no está cerrado. Falta por contabilizarse el voto de los 23.612 catalanes residentes en el exterior que ejercieron su derecho, trámite que se resuelve hoy miércoles. Esas papeletas no producirán cambio alguno en el reparto de escaños, ya que solo es posible que baile un diputado por Barcelona, donde Junts pel Sí necesitaría adjudicarse 15.000 de los 16.402 sufragios que quedan por escrutar para arrebatarle un acta al PP. Tras cosechar en esa provincia el 36% del voto presencial, es impensable que la lista conjunta vaya a llevarse el 91% del exterior. También llegó a hablarse de la posibilidad de que la JxSí se hiciera con otro diputado por Girona, en detrimento de Catalunya Sí que es Pot, pero quedó desechada tras comprobarse que quedó a casi 4.500 votos de lograrlo.
