El Gobierno ordenó el cierre de Garoña hace casi dos años y, en paralelo, ha ido aprobadando reformas normativas para hacer posible su reapertura. Una situación inédita y que lleva al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a tener unos técnicos asignados a las labores previas al desmantelamiento y otros dedicados a las inspecciones que exige la renovación de la licencia de explotación.
Las situaciones esperpénticas tienen, por lo general, consecuencias aún más esperpénticas. Y el caso de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, lo está demostrando. La instalación se encuentra formalmente cerrada y en vías de desmantelamiento. Pero al tiempo varias reformas normativas ad hoc han permitido que la dueña de la planta, Nuclenor, haya podido solicitar la reapertura de la planta.
La central se encuentra formalmente en vías de desmantelamiento. Pero varias reformas normativas ad hoc han permitido que Nuclenor haya podido solicitar la reapertura de la planta
Dos escenarios contrapuestos, pero simultáneos. Y que han acabado obligando al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el supervisor independiente del sector, a dedicar personal y recursos a trabajar para garantizar la seguridad de ambos procesos. El regulador tiene equipos técnicos dedicados a los trabajos previos al desmantelamiento y, al mismo tiempo, otros equipos se encargan de realizar las inspecciones para determinar qué requisitos pedir a la planta burgalesa para volver a operar.
“El escenario en que se mueve hoy por hoy el CSN es totalmente esquizofrénico. Y lo peor es que legalmente está obligado a asumir esta doble carga de trabajo trabajando para cerrar Garoña y a la vez para reabrirla”, explica una fuente conocedora de ambos expedientes, que subraya que la situación administrativa de cese definitivo de explotación en que está Garoña obliga a preparar el desmantelamiento y, en paralelo, la solicitud de renovación de licencia exige una inspección técnica complementaria (ITC) de cara a su posible reapertura.
Industria pide, CSN ejecuta
Las actas del consejo del CSN, el órgano decisorio del organismo, muestran cómo en una reunión se aprueban medidas para continuar con la vigilancia del proceso de desmantelamiento y en el siguiente cónclave se adoptan decisiones sobre medidas de seguridad complementarias de cara a una eventual reapertura. Una situación que viene produciéndose desde que Nuclenor, la sociedad propietaria de Garoña (participada a partes iguales por Endesa e Iberdrola), solicitó hace ahora justo un año renovar la licencia de explotación hasta 2031. Una petición que llegó cuando el Gobierno había firmado un año antes la orden de cierre definitivo de la instalación.
El Gobierno está obligado a pedir al CSN informes para el cierre definitivo de una planta y también para la prolongación de su vida útil. Lo que es extraordinario es que una misma central esté a la vez en ambas circunstancias
“Respecto a la situación de Santa María de Garoña, el CSN está realizando una de las labores que tiene asignadas, la de dar trámite y emitir el informe preceptivo y vinculante de aquellas solicitudes que le traslada el Ministerio de Industria, que es el encargado de tomar la decisión final sobre las autorizaciones de las centrales nucleares”, explican fuentes del CSN a SABEMOS. Y es que, en efecto, es el Ministerio comandado por José Manuel Soria el que ha solicitado al organismo informes sobre ambos escenarios.
La normativa obliga a Industria a solicitar esos informes al supervisor para que determine de qué manera garantizar la seguridad del desmantelamiento de una central después de su cierre y también obliga al Ministerio a solicitarlos cuando una planta nuclear pide la prolongación de su vida útil. Y la reglamentación, igualmente, exige al CSN elaborar esos informes y realizar todos los estudios necesarios para ello. Esto es normal. Lo que es extraordinario es que una misma central se encuentre simultáneamente en ambas circunstancias.
La historia extraordinaria de Garoña
Y es que todo lo sucedido durante los últimos años con Garoña viene siendo extraordinario (ver La historia de por qué cerro (y quizá reabra) la central nuclear más vieja de España). La licencia de explotación de la central burgalesa expiraba en julio de 2013 y los planes iniciales de Nuclenor (con el beneplácito explícito del Gobierno de Mariano Rajoy) eran solicitar la ampliación de su vida útil hasta 2019.
Sin embargo, la compañía coparticipada por Iberdrola y Endesa decidió el cese de las operaciones por adelantado, de manera unilateral y sin permiso, y apagó la planta en diciembre de 2012. La decisión pretendía ser una medida de presión al Gobierno en el tira y afloja sobre los términos de la reforma eléctrica y, con ello, además, la planta conseguía evitar el pago de nuevos impuestos a las nucleares que se aplicarían a partir del 1 de enero de 2013 (se ahorraba el abono de 153 millones en impuestos).
Obligado por la normativa y en contra de su reconocida pretensión de que Garoña siguiera operativa, el Gobierno tuvo que firmar la orden de cierre definitivo de la planta en julio de 2013, cuando expiraba formalmente la licencia de explotación con que contaba la instalación.
Reformas ad hoc para la reapertura
Sin embargo, desde el Ministerio de Industria se emprendieron una serie de reformas legislativas ad hoc (avaladas por el consejo del CSN) para hacer posible la reapertura de la planta. Primero se permitió a Nuclenor mantener la planta un año en parada fría (sin operar, pero sin iniciar el desmantelamiento) cuando ya había cesado la operación; luego se modificó un real decreto para que las centrales que no operaban no tuvieran que pedir la renovación un año antes de expirar la licencia, sino hasta un año después del cese de explotación; se reformó el impuesto nuclear para evitar la retroactividad y que Garoña no tuviera que pagarlo en caso de reapertura…
“Esto no lo hace ningún regulador en ningún país del mundo. Se está improvisando e inventando el procedimiento sobre la marcha”, denuncian desde Greenpeace
Y con este nuevo escenario legislativo, que parecía diseñado a medida para Garoña, Nuclenor solicitó en mayo del año pasado la renovación de su licencia y además lo hizo con el objetivo de ampliar la vida útil de la planta hasta 2031, hasta que se cumplan 60 años desde su construcción. Y es ese escenario legislativo totalmente nuevo el que ha hecho posible que una misma central nuclear esté en una situación administrativa de cierre definitivo y, a la vez, en un proceso de renovación de su licencia. Y el que ha motivado que el CSN esté trabajando simultáneamente en cerrar y en abrir Garoña.
“Que el CSN siga actualmente en relación a Garoña estos procesos paralelos no es que sea inaudito, es que es auténticamente de locos”, denuncia Raquel Montón, responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace y miembro del comité asesor del CSN. “Esto no lo hace ningún regulador en ningún país del mundo. Se está improvisando e inventando el procedimiento sobre la marcha”.
Esta situación tan extraña se mantendrá, en principio, durante un tiempo. Los técnicos del CSN no tendrán listo un informe sobre los requisitos de seguridad exigibles a Garoña para la renovación de la licencia hasta muy a finales de este año (por lo que el consejo del CSN no podrá pronunciarse sobre la ampliación de la vida útil hasta principios de 2016). Y tomando el cierre de la central de Zorita como precedente (como único precedente en España), el trabajo de los técnicos del organismo para ir preparando el proceso de desmantelamiento podría alargarse otro año más.
