El Ministerio de Industria justifica ahora el retraso en la aprobación del nuevo plan de residuos radiactivos en el bloqueo del Gobierno de Castilla-La Mancha a las obras del cementerio nuclear de Villar de Cañas, dado que impide saber cuándo se podrá poner en marcha el silo.
El Gobierno trabaja desde hace dos años en la elaboración del séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), la guía básica para la gestión a largo plazo de la basura nuclear que se genera en España. El Ministerio de Industria tiene ya listo el documento y dice que tiene todo preparado para iniciar su tramitación. Y en el nuevo plan establece dos escenarios posibles para el futuro del sector nuclear en el país. Uno que mantiene la vida útil de las centrales nucleares españoles en 40 años, como hasta ahora. Y otro -y ésta es la gran novedad- que amplía la vida de funcionamiento de las centrales hasta los 50 años.
Así lo ha desvelado hoy el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, en la comisión de Industria del Congreso de los Diputados. Se trataría así de la primera ocasión en que el Gobierno plantearía en un documento oficial la posibilidad de ampliar el funcionamiento de las centrales más allá de los 40 años previstos actualmente. Los planes del Ejecutivo pasan por iniciar la tramitación contemplándose los dos escenarios posibles y que durante el proceso -largo proceso- hasta su aprobación se establezca una estimación temporal de la vida útil de las centrales.
El Plan General de Residuos Radiactivos contiene todas las previsiones sobre los gastos que se tendrán que afrontar para la gestión de los residuos nucleares del país y del combustible gastado, de los costes de la construcción de las instalaciones que los guardarán (primero el almacén temporal de Villar de Cañas y después un almacén geológico profundo, que será la morada definitiva de la basura nuclear), y del desmantelamiento de las centrales una vez que dejen de funcionar. Y también se incluyen previsiones sobre los ingresos necesarios (obtenidos singularmente mediante tasas cobradas a las compañías eléctricas que explotan las centrales y generan los residuos).
Abrir la puerta a centrales con medio siglo de vida
El Gobierno contemplaría así en el documento que tiene listo cálculos sobre costes e ingresos necesarios tanto para el caso de que se mantengan las centrales en funcionamiento durante los 40 años como se considera en la actualidad, como también para un nuevo (y polémico) escenario en que se ampliaría la vida útil de las nucleares hasta los 50 años. La ampliación de la vida útil de las centrales viene siendo una reclamación recurrente de las empresas del sector, que incluso vienen apuntando la necesidad de que la extensión sea de 60 años. De hecho, Nuclenor -controlada a partes iguales por Endesa e Iberdrola- ha solicitado la ampliación de la vida de la central de Garoña hasta 2031, justo cuando la instalación cumpliría las seis décadas desde su entrada en funcionamiento. En cualquier caso, Nuclenor ha frenado su decisión definitiva sobre la reapertura a la espera de saber quién se hace con el Gobierno tras las próximas elecciones generales.
Tradicionalmente, la vida de diseño de las centrales nucleares (el tiempo en que se espera que funcione según las especificaciones técnicas de su construcción) es de cuatro décadas, aunque algunos países han ido ampliando ya la vida útil de las instalaciones (el tiempo que efectivamente transcurre entre la puesta en funcionamiento y su cierre) más allá de ese límite. Ya el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero permitió que Garoña funcionara hasta cumplir 42 años y avaló con su Ley de Economía Sostenible que las centrales puedan alargar su vida más allá de los 40 años. El Gobierno, en cualquier caso, sólo puede aprobar que se mantenga activa una central con el visto bueno previo del Consejo de Seguridad Nuclear.
Hasta ahora es el Consejo de Seguridad Nuclear el que avala, normalmente por periodos de diez años, la prolongación del funcionamiento de las centrales nucleares. No hay autorizaciones ni reconocimientos de vida útil por 40 o por 50 años, sino revisiones periódicas que conceden autorizaciones por 10 años. «Cada periodo exige un análisis del CSN que autoriza otros diez años», ha subrayado Nadal en declaraciones a los periodistas. «Puede haber centrales que si no cumplen los requisitos a los 30 años dejen de funcionar, y otras que puedan funcionar 40, 50 o 60 años. Lo que los propietarios de la central y el CSN decidan. Los propietarios porque decidan continuar y el CSN porque dé el visto bueno a las condiciones de seguridad de la central».
La culpa del retraso… es de García-Page
El plan de residuos radiactivos es la guía de actuación a largo plazo con la que se pretende asegurar la gestión de la basura nuclear que generan las centrales españolas y la que se producirá tras su desmantelamiento. Actualmente sigue vigente la sexta edición del PGRR, aprobada en 2006. Desde hace tiempo el sector nuclear español espera la actualización del mismo y la aprobación del que sería ya el séptimo plan, pero el proyecto parecía parado, a pesar de que Enresa –la empresa pública que se encarga de la gestión de los residuos- envío el primer borrador en abril de 2014 y un texto ya prácticamente definitivo a principios de año. El Gobierno explicaba hasta ahora que esperaba tan sólo los resultados de unos últimos cálculos para lanzar la tramitación del nuevo plan, tal y como adelantó SABEMOS a principios de agosto.
Sin embargo, Alberto Nadal ha explicado hoy en la comisión de Industria del Congreso que el retraso en la aprobación del nuevo PGRR se debe ahora a las dudas sobre cuándo se podrá poner en marcha de manera efectiva el cementerio nuclear de Villar de Cañas, en Cuenca. El almacén nuclear albergará durante varias décadas los residuos nucleares que generan las centrales españoles, y la previsión es que esté en funcionamiento en 2018. Sin embargo, Nadal dice que ahora existen dudas sobre cuándo se podrá tener listo debido a la maniobra de la Junta de Castilla-La Mancha para bloquear las obras del silo.
El Gobierno regional comandado por Emiliano García-Page ha ampliado una zona de protección medioambiental para que incluya la parcela que albergaría el almacén nuclear. Una maniobra con la que, en principio, se frenarían las obras. Y Nadal hoy ha subrayado que las dudas generadas por este movimiento es el causante de que se haya paralizado el inicio de la tramitación del nuevo PGRR. «Las recientes actuaciones del Gobierno de Castilla-La Mancha han supuesto un freno al plan. El almacén nuclear es un elemento esencial para elaborar el PGRR. Resulta necesario el plazo temporal en que el ATC puede estar activo. Y con la incertidumbre generada no se puede hacer una planificación cierta», ha dicho Nadal. «Esperábamos la autorización del CSN al almacén nuclear para impulsar la tramitación del PGRR, pero al día siguiente de que la concediera Castilla-La Mancha hizo lo que hizo», ha dicho posteriormente el secretario de Estado en declaraciones a la prensa.
El Gobierno hará todo lo que esté «legalmente en su mano» para impulsar el ATC
El Gobierno puede desbloquear el proyecto del almacén nuclear aprobando una norma que considere el almacén nuclear de Villar de Cañas como un proyecto de interés general, lo que haría que se impusiera el criterio del Ejecutivo central a las competencias medioambientales que ostentan las comunidades autónomas. Sin embargo, hoy Alberto Nadal no ha querido desvelar si el Consejo de Ministros finalmente optará por esta vía para impulsar de nuevo el proyecto. «El Gobierno va a hacer todo lo que esté legalmente en su mano para que el ATC esté listo en la fecha prevista», ha dicho.
«Si Castilla-La Mancha no modficia la medida, habrá que esperar a que lo haga el propio Gobierno o los tribunales», ha subraya Nadal. «El proyecto [del almacén nuclear] se va a llevar a cabo, sin ninguna duda. Pero la medida del Gobierno de Castilla-La Mancha tiene impacto en el procedimiento y en el momento en que se autorizará», ha sentenciado.
El nuevo plan de residuos nucleares no estará hasta 2017
Aunque se pretenda que el borrador esté ya preparado antes de final de año (las elecciones generales se celebrarán previsiblemente en noviembre o diciembre), la entrada en vigor del nuevo plan va para largo. Y es que la tramitación legislativa es larga y lo normal, según las previsiones de Industria, es que se alargue casi dos años.
El proceso de aprobación del PGRR es el siguiente. El Ministerio de Industria elabora el borrador del plan (formalmente la encargada de redactarlo es Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos nucleares en España, pero la responsabilidad de la política nuclear recae en el Ministerio). Industria debe de abrir un proceso de consultas con las comunidades autónomas por ser las que tienen las competencias en política medioambiental.
El Gobierno entonces remite al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el borrador para que dé su visto bueno y apruebe un informe favorable que es preceptivo. Una vez cuenta con el plácet del CSN, el Ministerio de Industria eleva el texto para su aprobación en el Consejo de Ministros. Y el Consejo de Ministros lo lleva a las Cortes, donde se abre el proceso parlamentario en el que se puede modificar el texto vía enmiendas antes de su aprobación definitiva. Fuentes del sector nuclear consultadas por SABEMOS no ven disparatada la previsión del Gobierno, y confirman que, dependiendo de cuánto se alargue el trámite parlamentario la aprobación definitiva, en efecto, no se producirá hasta un año y medio o dos años después desde que se cierre la elaboración del borrador. Esto es, el PGRR actual –de 2006- no será sustituido por uno nuevo, en principio, hasta 2017.
El Gobierno lleva casi una década sin revisar los procedimientos vinculados a la gestión de la basura nuclear, a pesar de que en las anteriores actualizaciones el periodo normal transcurrido entre una y otro ha sido de unos cinco años. El primer PGRR se aprobó en 1987 el segundo en 1989, el tercero en 1991, el cuarto en 1994, el quinto en 1999 y el sexto –actualmente vigente y que ya se hizo esperar algo más- es de 2006. Desde entonces, nada. Los planes del Gobierno, del actual, han ido cambiando en los últimos años. El Ejecutivo informó en una respuesta parlamentaria que el séptimo plan de residuos sería aprobado en 2013. Pero el texto actualizado no pasó por el Consejo de Ministros ni ese año, ni el siguiente… Parece que puede ser este año cuando se dé un impulso al nuevo plan.
