La Comunidad Valenciana será una de las primeras autonomías en tener aprobado su presupuesto para 2016. Esta misma semana ha presentado el anteproyecto de cuentas con una cantidad que asciende a 17.155 millones de euros —36 millones menos que el año anterior— pero que para cuadrarse incluyen una partida en mejora de financiación por parte del gobierno central de 1.300 millones que no está contemplada aún en los Presupuestos Generales del Estado. El gobierno valenciano ha hecho trampas en el solitario, pero también acaba de lanzar en su pelea por un nuevo modelo de financiación.
¿Es legal cuadrar unas cuentas públicas con una partida de dinero que no se sabe si se va a recibir? La respuesta es sí, y además está respaldado judicialmente. Tal y como reconocía la portavoz del gobierno valenciano, Mónica Oltra, la jugada del Consell estaba planificada desde antes de alcanzar el poder. El Partido Popular presentó sus presupuestos valencianos de 2015, los últimos con ellos al frente de la Generalitat, una partida de 1.600 millones de euros en previsión de ventas de patrimonio que no se produjeron; en ese momento Compromís acudió al Tribunal Superior de Justicia a recurrir aquella medida obteniendo el archivo de su medida por considerar el poder judicial que entra dentro de lo normal que una administración haga suposiciones sobre los ingresos que percibirá. En aquel momento Compromís aseguraba que había presentado el recurso “con la esperanza de que se archivara” y esta semana se ha descubierto el porqué, los nacionalistas estaban testando la opinión judicial para repetir la jugada si alcanzaban el gobierno de una Generalitat que ya sabían que tendría las arcas vacías.
La medida ha sido justificada por las duras condiciones marcadas por el gobierno central a las autonomías a la hora de elaborar sus presupuestos—con techo de gasto, obligación de reducción de duda, y déficit máximo del 0’3%— y como estas, según la versión del Consell, imposibilitarían prestar los servicios a la ciudadanía a los que está obligada la Comunidad Valenciana, pero en realidad es una medida de presión a Mariano Rajoy a las puertas del encuentro que tendrá con el President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el próximo dos de noviembre.
No hay Plan B
Los mismos portavoces del Consell ya habían advertido al gobierno a través del Plan de Estabilidad Financiera de esta medida, y tal y como explican no existe un Plan B para la Comunidad Valenciana. Desde la Generalitat están convencidos que habrá una inyección de dinero “gobierne quien gobierne”. El conseller de Hacienda, Vicent Soler, incluso aseguró que llegaría la ayuda ya fuera por mejora de la financiación o por el lanzamiento de un “Paquete de Emergencia” para la Generalitat—expresión esta que fue corregida inmediatamente por Oltra rebautizándola como un “Paquete Básico Ciudadano˝— o el gobierno central, en palabras textuales de Soler, “estará actuando de forma poco democrática si no directamente anticonstitucional”.
Soler fue muy crítico con el gobierno central, pero especialmente con el ministro Montoro. “No es posible que un gobierno con lealtad institucional le diga a un gobierno como el valenciano, con los recursos que tiene, que baje de 40.000 millones a 33.000 en un año. Hay una irresponsabilidad política del gobierno de España”. Para apoyar su acusación el conseller de Hacienda recuerda que la Comunidad Valenciana, con uno de los gastos por habitantes más bajos de España, cerrará este 2015 con el 2% de déficit. “Nuestros presupuestos dejan el déficit en el 0,3%. Lo que hacemos es no ocultar, como se hacía hasta ahora con previsiones de ingresos fuera de la realidad, que nos hacen falta 1.300 millones de euros. Queremos que se recuerde por tierra, mar y aire” declaraba el socialista. Los estudios de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) advierten que si no se produce la transferencia de 1.300 millones el déficit valenciano crecerá un 1,6%.
29 millones para abrir una tele nueva, 26 millones para cerrar la vieja
Pero lo cierto es que a pesar de que la previsión, con la inyección de dinero desde el Estado o sin ella, es que los presupuestos de 2016 se cierren con un aumento del déficit menor que el de 2015, prácticamente todas las partidas a Consellerias suben en el borrador presentado por el nuevo gobierno valenciano, aunque según defienden siempre con la intención de acercar, por primera vez en años, el nivel de gasto por habitante a la media española.
La atención mediática estaba en cuanto invertirá el Consell en reabrir la Radio Televisión Valenciana. Finalmente se ha comprobado que el Consell ha provisionado 29 millones de euros para la reapertura de Canal 9—y muy probablemente Ràdio Nou—aunque Vicent Soler ha asegurado que es una cifra orientativa puesto que el modelo que tendrá la nueva Radio Televisión Pública aún está por consensuarse en las Cortes.
A pesar de que lo presupuestado para la nueva corporación está muy lejos de lo que se gastaba en la antigua RTVV—29 millones frente a los mas 100 millones que se solía presupuestar en los últimos años de la cadena—no es la cifra real que los contribuyentes valencianos gastarán en televisión. Los presupuestos reflejan que entre alquileres de edificios, gastos de mantenimiento, derechos de emisión adquiridos, y los últimos trámites legales, a esos 29 millones de euros hay que sumar otros 26 para pagar los últimos coletazos de extinción del antiguo Canal 9. En todo caso los miembros del Consell cuentan con el aval político de que ni PP ni Ciudadanos quisieron votar en contra de la proposición de Ley presentada esta semana para volver a habilitar al gobierno valenciano a contar con una televisión territorial propia.
