Génova renuncia a incluir en su programa electoral la revisión de la Carta Magna y asegura que ese debate solo interesa al PSOE y a quienes cuestionan el modelo de Estado. «No plantearemos la necesidad ni la prioridad de renovar un pacto constitucional que consideramos que está plenamente vigente», proclama el vicesecretario de comunicación, Pablo Casado. Sí escucharán propuestas «concretas» de otros partidos.
Se acabó el debate sobre la reforma constitucional. El PP ha decidido dejar de alentar las especulaciones sobre una enmienda en profundidad de la Carta Magna la próxima legislatura y ha anunciado que ni la llevará en el programa electoral ni emprenderá iniciativa alguna para desarrollarla. Sea cual sea el resultado de los comicios. “No plantearemos la necesidad ni la prioridad por parte del Partido Popular de renovar un pacto constitucional que consideramos que está plenamente vigente”, ha señalado hoy el vicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Casado.
El Comité de Dirección se ha reunido bajo la presidencia de Mariano Rajoy para abordar las líneas estratégicas del nuevo curso político y su principal determinación ha sido esa: dejar de abonar un terreno que sobre todo es propicio para el PSOE, el primero que propuso reformar la Constitución y al que le conviene abrir “debates bizantinos” y no «hablar de empleo», de la recuperación o de la situación en Grecia. Los socialistas “lanzan globos sonda y cortinas de humo”, ha dicho Casado, para no tener que “retratarse” en asuntos como el del rescate griego, donde tienen difícil enmendar la plana a Syriza mientras en España “dan el poder” a sus “socios” de Ahora Madrid o Compromís.
Es hora de actuar «con toda la ley, también con la Constitución» contra el secesionismo catalán, sostiene Casado
La dirección popular justifica su decisión como fruto de la constatación de que ese debate “no interesa a los ciudadanos”, de que “el sistema funciona” aunque requiera “reformas” y de que abrir el melón constitucional en un momento de desafío secesionista en Cataluña puede llevar a los independentistas a ver la “posibilidad de reescribir la historia” y reivindicar la autodeterminación. “No conviene cuestionar el marco” que articula el Estado porque es hora de actuar “con toda la ley, también con la Constitución” ante los planes soberanistas de Artur Mas.
El PP recitifica así una senda que empezó a tomar el ministro de Justicia, Rafael Catalá, a principios de mes. Con PSOE, Podemos y Ciudadanos reclamando cambios de calado en la norma fundamental, Catalá se mostró dispuesto a sumarse al debate: “creo que es posible, creo que se puede hacer una reflexión tranquila, razonable, fruto de la experiencia en convivencia que llevaría a un planteamiento de reforma de la Constitución, sin duda”. En entrevista con Europa Press, el titular de Justicia se refirió en concreto a estudiar «cómo se refuerzan los mecanismos de coordinación y cooperación» de las administraciones y delimitar «mejor» las «competencias» del Estado y las autonomías.
En verano seguimos trabajando: @marianorajoy preside la reunión del Comité de Dirección a las 11:15 horas. pic.twitter.com/lvgzMjEyyq
— Partido Popular (@PPopular) agosto 24, 2015
El propio presidente del Gobierno avaló esa postura en el despacho que mantuvo con el Rey Felipe VI en Palma de Mallorca. «Claro que la Constitución se puede modificar, ya se ha hecho dos veces», indicó Rajoy, aunque matizó que nunca se abordaría siguiendo «parámetros independentistas» y advirtió a quienes creen que así se aplacaría el secesionismo: «no les contentaría en absoluto porque lo que quieren es liquidar la soberanía nacional».
Pero el posibilismo mostrado entonces por el presidente -«en la próxima legislatura estamos dispuestos a dialogar para abordar una futura reforma de la Constitución»- ha sido ahora reemplazado por la negativa a impulsar cualquier cambio. El PP asegura que huye del «inmovilismo» y que escuchará propuestas de otros partidos, pero subraya que aún no se ha planteado nada en concreto y ni siquiera ve ya como modelo a seguir el informe del Consejo de Estado de 2006. Tiene «aspectos positivos», ha dicho Casado, pero también incluía propuestas que ya no urgen -como la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión al trono- y otras que han quedado desfasadas -relacionadas con Europa-. En todo caso, «con los mimbres que hay, ese cesto no quedaría mejor».
Los populares sí consideran que el sistema requiere una «actualización», medidas que mejoren la calidad de la democracia sin que sea necesaria una «reforma agravada» de la norma fundamental. En concreto, Casado se ha referido a la revisión de los reglamentos de las Cámaras, la elaboración de un nuevo sistema de financiación autonómica y local, la reforma de la ley electoral municipal y seguir avanzando en la modernización de las administraciones públicas puesta en marcha esta legislatura.
