El PP ha presentado este martes en el Congreso una proposición de ley de reforma del Tribunal Constitucional para permitir a esta instancia judicial multar e incluso suspender a los funcionarios y gobernantes que no cumplen sus sentencias y resoluciones, una iniciativa que, aunque aplicable a todas las administraciones, está pensada para un posible escenario de declaración unilateral de independencia en Cataluña, según recoge Europa Press. La vicepresidenta de la Generalitat de Cataluña, Neus Munté, ha advertido de que la propuesta es electoralista y podría ser «anticonstitucional”.
La propuesta de reforma de la ley del Tribunal Constitucional, presentada por el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, y el candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol, quien considera que esta medida será «la garantía» de que no hay opción a la independencia de Cataluña: «La broma ha terminado», ha proclamado.
Aunque el Senado aún está debatiendo la reforma de la Ley del TC para recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad ante reformas estatutarias, el PP ha presentado esta otra reforma separadamente, pero con idea de que se aprueba antes de la disolución de las Cámaras.
Tramitación en mes y medio
Según los planes del Grupo Popular, la proposición de ley se tramitará en el Congreso por el procedimiento de urgencia (acortando todos los plazos) y en lectura única (sin pasar por ponencia ni comisión).
Su toma en consideración se sitúa en el Pleno de los Presupuestos Generales, en la semana del 15 de octubre y su aprobación por el Congreso se espera para la semana siguiente a las elecciones catalanas (29 de septiembre). De ahí saldrá al Senado con tiempo para su aprobación definitiva antes de convocar las elecciones generales.
La iniciativa del PP, de cuya presentación se ha informado al PSOE, detalla un régimen específico de actuación para los supuestos en que alguien no ejecute las sentencias del TC, a la vista de que, según los ‘populares’, ha habido varios casos de «desacato» en los últimos tiempos, en velada alusión a la Generalitat y su consulta soberanista de 2014.
En concreto, el Tribunal solicitará un informe a quienes deban cumplir cada resolución y, si se agota el plazo sin ser ejecutada, podrá imponer multas de 3.000 a 30.000 euros e incluso acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos que no cumplan.
Se tomarán las medidas necesarias, incluso sin audiencia
Además, se podrá pedir al Gobierno central, incluso estando en funciones (fase en la que entrará el Ejecutivo al día siguiente de las próximas elecciones generales de diciembre), que adopte «las medidas necesarias» para asegurar la ejecución de la sentencia. Todo ello, sin perjuicio de que también se exijan responsabilidad por la vía penal.
En los casos «de especial trascendencia constitucional», el Tribunal Constitucional, ya sea de oficio o a instancia del Gobierno de la Nación, podrá adoptar esas para ejecutar las sentencias sin oír a las partes. Eso sí, después se habilitará un plazo de tres días para dar audiencia a los afectados y a la Fiscalía, tras los cuales el Alto Tribunal decidirá si ratifica o levanta esas medidas extraordinarias.
Según ha explicado Rafael Hernando, con esta reforma se dotará de instrumentos al TC para hacer cumplir sus sentencias y es aplicable en todos los ámbitos, pero el PP no oculta que tiene especial incidencia en el escenario catalán, donde la candidatura de Junts pel Sí pretende declarar unilateralmente la secesión de Cataluña.
De hecho, Hernando ha reconocido que ya venían trabajando en esta reforma con el PP catalán y la ha presentado públicamente con su actual candidato, Xavier García Albiol, quien considera «un día histórico» el registro de esta reforma porque «es la garantía de que nadie puede saltarse las decisiones del TC». «Esto no va contra nadie, bueno, contra quienes no respetan las reglas del juego –ha asegurado el ex alcalde de Badalona–. Es un mensaje muy claro a aquellos que quieren romper España: La broma ha terminado».
«Algunos se lo pensarán mejor –ha añadido Hernando–. Autoridades y funcionarios tendrán que tener en su cabeza que las decisiones que tomen no les van a salir gratis».
Artículo 155
Eso sí, el PP ha querido dejar claro que la vía abierta al TC para multar y suspender a gobernantes es un camino distinto al artículo 155 de la Constitución que permite al Estado recuperar competencias autonómicas por incumplir leyes, y que tampoco afecta a la posibilidad de exigir responsabilidades penales a un gobernante.
Además de haber informado al PSOE de la presentación de la iniciativa, el PP ha hecho un llamamiento al resto del arco parlamentario para apoyarla en las Cortes. García Albiol se ha dirigido expresamente al PSC, para medir su «coherencia», y a Unió, que en su opinión ha sido «responsable» de la deriva independentista y «ahora está disimulando».
Rafael Hernando ha tenido también palabras para Ciudadanos, que fue quien amagó por pedir la supresión del TC si no se reformaba. «A veces se cometen grandes errores cuando se hacen estas propuestas», ha comentado.
Generalitat: «Podría ser anticonstitucional»
En respuesta a esta iniciativa, la portavoz de la Generalitat, citada por Europa Press, ha acusado al PP de reaccionar al proceso soberanista con «represión, endurecimiento de multas y posible suspensión de funciones».
Por su parte, el portavoz de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en el Senado, Josep Lluís Cleries, ha denunciado que la proposición de ley es «el mayor ataque a la democracia que se ha producido desde 1978». «Si nos quieren a todos delante de los tribunales iremos, pero defenderemos nuestra patria», ha avisado el portavoz de CDC en declaraciones a los medios en los pasillos del Senado, tras afirmar que el 27 de septiembre Cataluña celebrará «elecciones plebiscitarias».
El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha tachado de «chapuza legislativa» y «disparate» la reforma exprés del Tribunal Constitucional planteada este martes por el PP. En un comunicado recogido por Europa Press, Esteban ha señalado que precisamente es el Gobierno del PP el «campeón de los incumplimientos de las resoluciones del Tribunal Constitucional» y ha aconsejado al Ejecutivo «mirarse en el espejo» antes de hablar de sentencias incumplidas.
