Varios meses de investigación en la Agencia Tributaria que desembocaron en una operación mediático-judicial de apenas dos días. La Fiscalía Anticorrupción asume este lunes una causa contra el expresidente de Bankia de la que tiene conocimiento el Ministerio de Hacienda «desde hace bastante tiempo».
Hace «bastante tiempo» que la Agencia Tributaria conoce e investiga las presuntas irregularidades fiscales que han llevado al exvicepresidente Rodrigo Rato a enfrentarse a acusaciones de alzamiento de bienes, blanqueamiento de capitales y fraude fiscal, entre otros. El propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconoció el pasado viernes en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que el caso se gestaba desde varios meses atrás y que su origen no estaba, como en cambio sí se ha publicado, en la conocida como amnistía fiscal, aunque ésta sí que ha jugado un papel clave.
En concreto, es el llamado formulario 720, el de la declaración de bienes en el exterior, el origen de todo. Esta medida, aprobada por el Gobierno en octubre de 2012 y desarrollada durante 2013, fue complementaria a la llamada declaración tributaria especial (la amnistía fiscal) de unos meses antes, y permitió, según fuentes oficiales de Hacienda, aflorar 88.000 millones de euros que permanecían ocultos para el fisco. Rato, como otros más de 160.000 contribuyentes, se vio obligado a declarar sus bienes y derechos en el extranjero. Datos que afloraron y dieron pie a que la Agencia Tributaria comenzara una investigación.
Esta declaración de bienes en el extranjero es la que, unida a las declaraciones regulares de Rato, da la voz de alarma a los inspectores. Eso sí, los resultados de la misma se cruzan con los obtenidos por medio de la llamada amnistía fiscal (la declaración tributaria especial, el formulario 750, a la que el propio exvicepresidente reconoció haberse acogido), con los que se logra completar una información tributaria que, según fuentes de Hacienda, presentaría unas irregularidades preocupantes.
La investigación se acelera la pasada semana, después de que se conociera a través del diario digital Vozpópuli que el expresidente de Bankia, presuntamente, estaría despatrimonializándose (derivando sus bienes a terceros o a sociedades opacas) con el fin de evitar afrontar su parte correspondiente de la fianza reclamada por el juez Fernando Andreu en el caso Bankia: 800 millones, de los que a él le corresponderían 133. Una vez detectadas estas presuntas operaciones, se disparan los acontecimientos.
La Agencia Tributaria, ante la evidencia de que Anticorrupción ve aún «demasiado verde» (según informó El Español) la causa como para ordenar un registro y detención del antiguo director gerente del FMI, deriva el caso a la fiscalía de Madrid, que convence al juez de guardia, Enrique de la Hoz, para acometer una actuación expeditiva con el fin de, en teoría, buscar pruebas y evitar la posibilidad de destrucción de las mismas. Dicho y hecho, el pasado jueves se presentan los funcionarios de Aduanas en la vivienda y el despacho del exministro, donde llevan más de siete horas de registro, paseíllo mediático incluído. Rato, tras las actuaciones, ha quedado en libertad si bien el juez ha ordenado el bloqueo y embargo de todas sus cuentas (hasta 78, según el diario El País).
¿Más de cinco millones defraudados?
Un patrimonio de más de 27 millones de euros, un hotel en Berlín (tal como informa El Mundo)… las actuaciones practicadas hasta ahora concluyen que él, su entramado familiar y sus empresas habrían cometido supuestamente un fraude fiscal de unos 5 millones de euros. La operativa, según estas informaciones, sería la utilización de sociedades patrimoniales para la elusión de impuestos como el IRPF, las empresas en paraísos fiscales y el uso de testaferros.
El expresidente de Bankia, que asegura no haber recibido aún ninguna confirmación de los cargos que pesan sobre él, manifiesta que su patrimonio reconocido es en realidad «muy menguado» respecto al que se ha publicado estos días. Ha reconocido, por ejemplo, ser dueño de parte del hotel berlinés, si bien ha negado las cifras millonarias que se manejan. Ha negado también el poseer bienes o sociedades en paraísos fiscales, así como haber realizado ningún tipo de alzamiento de bienes o transacción patrimonial en los últimos meses.
Críticas al proceso
Más allá de que la causa siga adelante y efectivamente demuestre en sede judicial que las acusaciones son ciertas, no son pocas las voces que han criticado abiertamente el modo en el que el Gobierno y las autoridades han llevado este caso. Por un lado, y tal y como ha informado Sabemos, está la preocupación mostrada por inspectores y técnicos de Hacienda, que ven un peligro de inseguridad jurídica respecto a la filtración de informaciones sobre contribuyentes, se hayan acogido o no a la amnistía fiscal. Hay otros 704 contribuyentes que presuntamente se acogieron a la amnistía fiscal y están siendo investigados en función de su condición de PEP (personas expuestas políticamente). ¿Qué garantías tienen de que no se filtrarán sus datos también a pesar de que la ley les garantizaba el secreto?
Pero también voces de otros ámbitos han mostrado dudas razonables sobre el caso Rato: Es por ejemplo el juez Baltasar Garzón, quien el pasado sábado en el programa La Sexta Noche criticó el modo en el que se ha desprotegido la imagen y el derecho del expresidente de Bankia con una detención aparentemente innecesaria. En una línea similar se ha expresado otro jurista (Javier Gómez de Liaño), quien en un reciente artículo lamenta la escasa presunción de inocencia que habilitan los juicios mediáticos y la mediatización de las causas judiciales.
