Parecía que el asunto no despertaba interés aunque lo tiene. En un hemiciclo casi vacío, con apenas varias decenas de diputados sentados en sus escaños, el Congreso debatió ayer una proposición de ley del Grupo Socialista para que se castigue a los representantes políticos cuando la Justicia determine que ha existido financiación ilegal.
Pretendían los socialistas con su propuesta que se combata la delincuencia organizada que se ampara en las fuerzas políticas. Sin embargo, la iniciativa quedará en nada cuando el próximo jueves se vote en la Cámara baja. Será entonces cuando el rodillo de la mayoría popular se niegue a aprobar la proposición. Ese día el PP se quedará solo en su rechazo.
Entre otros aspectos, los socialistas proponían bajar de 120.000 a 50.000 euros el umbral del delito fiscal y ampliar de 5 a 10 años su plazo de prescripción, castigar hasta con un máximo de 6 años de cárcel las donaciones ilegales a partidos políticos, cuando lo defraudado sea superior a 50.000 euros, y tipificar el enriquecimiento injusto de funcionarios públicos.
En su alegato para rechazar la iniciativa del principal partido de la oposición, el diputado del Grupo Popular Pedro González de la Serna tachó de «extemporánea» y «salpicón de enmiendas» la propuesta y recordó que el Código Penal fue aprobado el pasado 26 de marzo con la incorporación de numerosas medidas de lucha contra la corrupción y la inclusión del delito de financiación ilegal de partidos.
«El PSOE no hizo nada en 22 años de gobierno»
«Tiene bemoles que lo propongan ustedes», espetó González de la Serna a la bancada socialista tras asegurar que los veintidós años de Gobiernos del PSOE no se adoptó «ni una sola medida» frente a las 70 aprobadas por su partido. «Menos predicar y más dar trigo; no nos llegan ni a la suela del zapato».
Por su parte, el diputado del PSOE Antoni Such aireó en defensa de su propuesta la implicación del PP en la trama Gürtel, al tiempo que acusó al Ejecutivo de carecer de voluntad política para castigar la financiación ilegal de partidos, delito recogido por primera vez en el Código Penal pero que no prevé penas de prisión para quienes efectúen donaciones ilícitas a las formaciones salvo que estas superen el medio millón de euros.
Such puso como ejemplo el reciente auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que «da por acreditada la existencia de una caja B durante 18 años en el seno de los populares». «El PP se encuentra en libertad bajo fianza», concluyó el parlamentario socialista subiendo el tono de voz.
Desde la Izquierda Plural, Gaspar Llamazares ha criticado al PP por no incluir la responsabilidad penal de los partidos en el delito de financiación ilegal «en lugar de que el responsable sea el que pasaba por allí», como también exigió la portavoz de UPyD, Rosa Díez, que denunció que este asunto es una «tradición moderna» de algunos partidos que, sin embargo, se ha quedado sin resolver. «Nos hemos quedado con asignaturas pendientes», destacó Jordi Jané (CiU) al poner como ejemplo que el nuevo Código Penal no tipifica el enriquecimiento injusto de funcionarios públicos, aunque también quiso dejar claro que para combatir la corrupción hace falta algo más que leyes.
