Ferrovial está a punto de comprar Broadspectrum Limited, la antigua Transfield Services, y su contrato multimillonario de servicios en los campos de refugiados de Nauru y Manus. Pero hay alguien decidido a impedirlo: se trata de Mohammad Ali Baqiri, que pasó tres años en uno de estos campos y que advierte a Ferrovial de mantenerse lejos de «un régimen cruel de detención extraterritorial».
«NR03-283. Es el número que me dieron durante los tres años que pasé en el campo de detención de Nauru. Tenía 13 años cuando lo dejé y recuperé mi nombre, Mohammad Ali Baqiri», indica el joven refugiado en una columna de opinión publicada por ‘The Guardian‘.
Tal y como explica en su página de Facebook, Baqiri dejó Afganistán con su familia en 2001, y pasó tres años en el centro de Nauru. «Allí presencié muchas atrocidades, como huelgas de hambre que llevaron a muchos detenidos a coserse los labios. Se hizo como protesta por las pobres condiciones de vida a la que nos sometían el Gobierno australiano y sus políticas», lamenta en la red social.
«Escribo como superviviente del cruel régimen de detenciones extraterritoriales de Australia ahora que una multinacional española, Ferrovial, sigue empeñada en hacerse con el control de Broadspectrum y su contrato multimillonario para mantener abiertos los campos de Nauru y Manus».
Hey #ferrovial, advice for free: dump the offshore detention contract #nobusinessinabuse https://t.co/kQrpaxfuUN
— No Business in Abuse (@NoBizInAbuse) December 6, 2015
Las acciones de Broadspectrum subían este martes a su máximo en un mes debido al rebote de los precios del petróleo y a la confianza en que Ferrovial eleve el montante de su puja.
Sin embargo, la ONG No Business in Abuse (NBIA) ha convertido su cuenta de twitter en un recordatorio constante de que les parece muy mal la reunión. Esta organización pidió una reunión al grupo español el pasado diciembre para discutir sobre los riesgos inherentes a las detenciones extraterritoriales, pero según su versión la española se negó.
«También yo he escrito a la compañía, pidiéndoles una reunión personal. Es la última posibilidad de Ferrovial antes de que se cierre la transacción y se la relacione con abusos contra los derechos humanos que destruirán su reputación para siempre».
Baqiri lamenta, entre otras cosas, que se vio obligado a aprender inglés por su cuenta básicamente hablando con los guardias.
«Puede que Ferrovial piense que puede mejorar las condiciones en estos centros. Pero déjenme decirles de primera mano que es imposible. La detención arbitraria es, por sí misma, perjudicial. No importa lo bien que gestiones los campos: mantener a hombres, mujeres y niños encerrados de forma indefinida sin motivos no es motivo para el abuso», critica.
Y no deja de dar algo de jabón a los españoles: «Ferrovial es una compañía con una historia de orgullo y compromiso demostrado con los derechos humanos. Esta reputación es uno de sus mayores activos, y le ha permitido firmar acuerdos con ONGs como Oxfam». «Que miren a Broadspectrum y vean el impacto que ha tenido su participación en las detenciones extraterritoriales. Comenzó con muchos inversores institucionales desinvirtiendo y mencionando la asociación de Broadspectrum con abusos contra los derechos humanos. Y esto se ha trasladado a los mercados. En los últimos tres meses, cuatro autoridades logales australianas, incluyendo la ciudad de Sydney, se negaron a hacer negocios con Broadspectrum mientras siga participando de los contratos de detención».
Para Baqiri, si Ferrovial compra la australiana se hará también con un activo poco deseable: su riesgo reputacional y financiero. Algo poco deseable para una compañía adherida al Pacto Mundial de Naciones Unidas, cotizada en el índice de sostenibilidad Dow Jones y en el FTSE4Good y con una política estricta en defensa de los derechos humanos.
Hace unas semanas, NBIA lanzó junto al movimiento ciudadano GetUp! y el Human Rights Law Centre de Australia, un informe en el que ya advertían a la española del riesgo reputacional.
Según la ley australiana, los refugiados que llegan por barco están sujetos a un periodo de detención indefinido obligatorio y no revisable. Hasta el 30 de abril de 2015, el tiempo medio de espera de los refugiados en el centro de Nauru había sido de 402 días. Están también obligados a pertenecer en el centro niños, embarazadas, ancianos y víctimas de torturas. En estos centros son habituales episodios de automutilaciones y abusos sexuales. El informe considera que Broadspectrum ha abusado de unas 2.000 personas.
El 17 de marzo, Ali Baquiri hablará ante la comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas para pedir a Australia el cierre de los centros de detención.
