De las 2.000 viviendas planeadas por el banco malo para alquileres «asequibles», tan solo se han cedido hasta el momento 730, según reconoce el propio Gobierno. Cataluña, Aragón y Galicia son las únicas comunidades autónomas que hasta ahora han firmado acuerdos con el Sareb.
En noviembre de 2013, la dirección de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) anunciaba su intención de destinar 2.000 de sus viviendas a alquileres «asequibles». Desde entonces, cerca de año y medio y miles de desahuciados después, apenas se han cedido 730 pisos; es decir, el 36% de los prometidos. Son datos difundidos este martes por el propio Gobierno (principal accionista del Sareb a través del FROB), por medio de una respuesta parlamentaria.
El conocido como banco malo solo ha sido capaz hasta ahora de firmar convenios con tres comunidades autónomas: La Generalitat de Cataluña (a la que cedieron 600 viviendas), el Gobierno de Aragón (80) y la Xunta de Galicia (50). ¿Qué pasa con el resto de gobiernos autonómicos? «Se están manteniendo contactos con el resto de CCAA con los mismos objetivos», señalan desde el Ejecutivo. Fuentes conocedoras de las negociaciones apuntan a las pegas y las negociaciones con los distintos gobiernos autonómicos como la razón detrás de esta ineficacia en la cesión de pisos.
Lo cierto es que a pesar de ser una entidad con financiación pública, la cesión de viviendas para uso social no es una de las obligaciones del Sareb (pese a lo cual tiene un departamento de Responsabilidad Social). Sí lo es, en cambio, tratar de obtener el máximo beneficio con las desinversiones de activos. «La Sareb se configura como una sociedad anónima de carácter privado y las actividades que realice dependen de la decisión de sus accionistas, aunque deben ser compatibles con los objetivos definidos».
Que están en ello es lo que responden también por su parte los responsables de algunos de los gobiernos autonómicos que aún no han llegado a acuerdos con el Sareb. Es el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, que el 18 de marzo reconocía en sede parlamentaria que «se están manteniendo numerosas reuniones (…) y se están buscando esas líneas de colaboración». Dos meses después no ha habido avances.
Un alquiler inferior al 30% de las rentas
En marzo de este año se firmó el último convenio con una comunidad autónoma para cederle viviendas para alquileres sociales. Fue con Galicia. Se trata de una cesión temporal de cuatro años y de un mínimo de 50 viviendas. El precio de los alquileres está especialmente destinado para quienes carecen de recursos, y en ningún caso puede superar el 30% de los ingresos de la unidad familiar. A cambio, la administración autonómica paga un cánon al Sareb, mediante el que se cubren los gastos mínimos como el seguro de daños, los gastos de comunidad o los impuestos.
El Sareb, que dispone en su balance de más de 45.000 viviendas residenciales, tiene la capacidad de llegar a acuerdos con los distintos gobiernos autonómicos para cederles de forma temporal algunos de sus pisos y apartamentos. Los acuerdos, no obstante, han de ser «a un coste razonable» de forma que no se ponga en peligro el modelo de negocio del banco malo. Así, en función de los precios de mercado de una u otra zona, se establecerán los precios de los alquileres «asequibles».
¿Con quién se está reuniendo el Sareb?
Esta aparente lentitud del banco malo y las autoridades regionales para ponerse de acuerdo a la hora de firmar unos convenios que supondrían un beneficio inmediato para al menos 1.270 familias ha llevado a los grupos de la oposición a preguntarse qué se está haciendo. El pasado 25 de mayo, el diputado Joan Coscubiela reclamó conocer en detalle los grupos de interés con los que se han establecido comunicaciones para la cesión de pisos asequibles. La respuesta oficial está aún pendiente.
En teoría, y según ha manifestado el propio Sareb a través del Gobierno central, tras la decisión de ceder 2.000 viviendas para fines sociales, se dio a conocer esta oferta entre los distintos ejecutivos autonómicos. Son éstos en todo caso los «responsables de seleccionar a los destinatarios, en calidad de inquilinos, de las mismas». Algunas comunidades autónomas, como la Valenciana, han rechazado directamente cualquier posible cesión por parte del Sareb. Al parecer, los gastos ocasionados por el mantenimiento y aseguramiento de estas viviendas explicaría esta negativa.
En la memoria de actividades del ejercicio 2014, el propio Sareb reconoce que están en fase de «negociación avanzada» convenios de colaboración con Canarias, País Vasco, Cantabria y Murcia, si bien no se especifica el número de viviendas que podrían estar afectadas. Estén cerca o no los nuevos acuerdos para ceder sus viviendas a las distintas CCAA, lo cierto es que el Sareb ha decidido recientemente ampliar su oferta, y ha extendido la posibilidad de firmar acuerdos para alquileres asequibles «a fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro con experiencia en este ámbito».
Entre las instituciones con las que se está negociando están Cáritas y asociaciones de ayuda a discapacitados. Tal como reconocen al propio banco malo, en su caso, al carecer de infraestructura, no pueden admitir la cesión de grandes paquetes de viviendas, ya que no son capaces luego de gestionarlos. Así, prefieren cesiones más pequeñas pero con las que se pueda hacer un seguimiento efectivo. Precisamente una organización como la PAH lleva años proponiendo que el banco malo emplee al menos parte de sus pisos vacíos en solucionar el problema de falta de vivienda asequible en España.
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