El Tribunal Supremo ha ratificado en una sentencia el fallo de la Audiencia Nacional contra la falta de estudios de impacto ambiental de la conexión entre la red de distribución de gas y la plataforma de almacenamiento de gas submarino Castor, una infraestructura que ahora mismo está en proceso de hibernación.
Por lo tanto, el Supremo confirma que el Gobierno, entonces bajo el mandato socialista, debería haber sometido estas obras a la evaluación del Ministerio de Medio Ambiente.
Así, el alto tribunal ha desestimado los recursos de la Administración, de Enagás y de Escal -participada en su mayor parte por ACS, el holding de Florentino Pérez- y ha criticado que otro tramo de gasoducto similar, el que unía a la plataforma Castor con la planta de tratamiento y compresión de Vinaròs (Castellón), sí fuera objeto de análisis de impacto ambiental.
El Supremo considera que se produjo “una desmembración de una parte del proyecto, de igual naturaleza y características”.
Indemnizaciones
La explotación del Proyecto Castor fue paralizada por el actual Ejecutivo, después de que se produjeran numerosos terremotos en el área aledaña.
Como consecuencia de esta decisión, el grupo ACS recibió una indemnización de más de 1.300 millones de euros en concepto de lucro cesante, una estrategia que ha repetido con la planta desaladora de Escombreras.
Actualmente, la plataforma Castor está en proceso de hibernación, una tarea de la que se está encargando Enagás y que le costará 17 millones de euros. El Ejecutivo no ha descartado que se pueda reabrir, aunque eso dependerá del informe de evaluación que emitirá el Massachusetts Institute of Technology (MIT) en la segunda mitad del año 2016.
