La Generalitat y los accionistas de la empresa Aigües Ter Llobregat (ATLL) esperan a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos de casación interpuestos para que no se anule la concesión a un consorcio liderado por Acciona para la distribución de agua a 9 comarcas catalanas. Desde la Consejería de Economía del Ejecutivo catalán se estima que las compensaciones a las empresas adjudicatarias de la actividad ascenderían a 326 millones de euros si se concluye que el concurso no se realizó con arreglo a la ley.
Por el momento, todo sigue igual, aunque la batalla legal le pueda dejar a la Generalitat con el agua al cuello en ATLL.
Las compañías adjudicatarias siguen explotando ATLL con normalidad; Acciona entiende que el contrato sigue vigente
Fuentes de Acciona consultadas por SABEMOS han corroborado que la compañía entiende que el contrato de explotación de ATLL permanece vigente, por lo que los adjudicatarios siguen operando la compañía con normalidad. Eso sí, tanto Acciona como BTG Pactual -banco brasileño asociado a la compañía española para explotar ATLL- están “pendientes” del veredicto del Supremo.
También la Consejería de Economía sigue con interés el desarrollo de los acontecimientos en esta sede judicial. El conseller Andreu Mas-Colell advirtió en la última comisión parlamentaria regional de Economía de que si el Supremo ratificaba la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de anular la adjudicación de la explotación de ATLL al consorcio liderado por Acciona, las arcas catalanas tendrían que hacer frente a unas compensaciones de 326 millones de euros para las empresas.
Una batalla legal
El conflicto viene de lejos y no es la primera vez que los implicados visitan el Supremo, en ocasiones anteriores para debatir la idoneidad de imponer medidas cautelares que impidieran a Acciona mantener la gestión de ATLL.
En esta ocasión ya no se trata de tanteos y escaramuzas judiciales sino del asalto final de una batalla en los tribunales que comenzó con una resolución del Organismo Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (OARCC), que invalidaba la oferta de Acciona y el banco brasileño por ATLL.
La sentencia del TSJC no invalida la oferta de Acciona sino que carga directamente contra el sistema de adjudicación
La sentencia más reciente del TSJC, explican tanto Mas-Colell como ATLL, no invalida la oferta sino que entra de lleno a juzgar el sistema de adjudicación, algo que no estaba previsto en un primer momento y que no pretendía la otra parte litigante, la empresa Agbar.
Por ello, en opinión de Mas-Colell, el TSJC se ha “extralimitado” en la evaluación del caso. “La Generalitat de Cataluña no ha podido formular ningún tipo de alegaciones en relación con este nuevo motivo de anulación; consecuentemente, no ha podido ejercitar adecuadamente su derecho a la defensa y a la contradicción propio de un procedimiento jurisdiccional”, afirmó el consejero.
En concreto, la corte catalana asegura que hay una “vulneración de los principios de publicidad, concurrencia e igualdad” en el proceso, una salvedad mucho más importante que la mera consideración de las condiciones de las ofertas. Ni la otra propuesta presentada, la de Agbar, se salva: el TSJC se carga todo el sistema, no solamente la decisión.
Así pues, la sentencia del Supremo, si sigue los mismos criterios que el TSJC, podría dejar a la Generalitat con una factura millonaria, que tendría que pagar a las concesionarias actuales de ATLL.
La compañía Aigües Ter Llobregat (ATLL) distribuye agua a las comarcas de Alt Penedès, Anoia, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Selva, Vallès Oriental y Vallès Occidental.
Después de recibir el líquido elemento de las instalaciones de tratamiento de ATLL, los municipios de estas comarcas pasan a distribuir el agua a sus vecinos.
En total, la compañía abastece a unos 4,5 millones de habitantes.
Foto: Flickr – Steve Johnson
