El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha citado a declarar como imputado al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, para el próximo 15 de octubre, en la causa abierta a raíz de la querella que presentó la Fiscalía por convocar la consulta alternativa del 9N.
El magistrado del TSJC Josep Manel Abril, que investiga la causa por desobediencia en el 9N, ha citado también como imputados a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau, también querelladas, para el día 13 de octubre próximo.
En una providencia, notificada dos días después de las elecciones del 27S y que recoge la agencia Efe, el alto tribunal catalán acuerda tomar declaración a los tres querellados, después de que ellos mismos pidieran que no se acordara ninguna nueva diligencia de investigación ni testifical por la querella del 9N hasta que comparecieran como imputados ante la justicia.
Mas, Ortega y Rigau han sido formalmente citados a declarar como imputados, casi un año después de que la Fiscalía presentara, el 21 de noviembre de 2014, una querella en la que los acusaba de desobediencia, malversación de fondos públicos, prevaricación y usurpación de funciones.
Según han informado fuentes del tribunal a la agencia Europa Press, Artur Mas tendrá que acudir en persona el 15 de octubre por haber sido citado en calidad de imputado, al contrario de lo que hizo, por ejemplo, en su declaración como testigo en abril de 2014 en la causa de la Audiencia Nacional contra 19 acusados por bloquear el Parlament, cuando lo hizo por videoconferencia desde su despacho de la Generalitat.
El 15 de octubre coincide con el 75 aniversario del asesinato del expresidente de la Generalitat Lluís Companys, y es tradición de las instituciones catalanas y de algunos partidos rendirle homenaje en el Fossar de la Pedrera, en el Cementerio de Montjüic –donde está su tumba–, acto al que Mas siempre ha asistido y que este año coincide con su citación judicial.
Desobediencia al Tribunal Constitucional
El TSJC acordó investigar a los responsables del Govern inicialmente por desobediencia a la resolución del Tribunal Constitucional (TC) del 4 de noviembre que suspendió la consulta alternativa del 9N, pero dejó abierta la puerta a indagar todos aquellos hechos que pudieran estar relacionados con la convocatoria, lo que podría comportar que se les imputaran otros delitos.
Desde que en diciembre pasado el TSJC acordó investigar a Mas, el magistrado instructor Abril ha practicado diversas diligencias y citado a testimonios con el fin de averiguar el coste de la consulta y la intervención del Departamento de Enseñanza para que los centros educativos públicos acogieran la votación del 9N.
Al inicio de la campaña electoral del 27S, la Fiscalía propuso a cuatro nuevos testigos, entre ellos la directora del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) que encargó confeccionar las urnas y papeletas de la consulta a presos de la cárcel de Lleida y un asesor del Departamento de Gobernación, dirigido entonces por Joana Ortega.
Ante esa solicitud, las defensas de Mas, Ortega y Rigau pidieron el pasado 16 de septiembre -en plena campaña- al TSJC que aplazara todas las testificales y nuevas diligencias planteadas, hasta que ellos hubieran tenido ocasión de declarar como querellados, al entender que, de lo contrario, se incurriría en «una alteración del orden legal de la práctica de prueba». El magistrado instructor ha atendido la propuesta de los querellados y los ha citado como imputados para interrogarles unos días antes de tomar declaración a los nuevos testigos planteados por la Fiscalía.
Citación de testigos
Para el próximo 19 de octubre, el magistrado ha citado a Dolores Agenjo, la directora del instituto Pedraforca de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que denunció presiones del Departamento de Enseñanza por negarse a ceder las llaves del centro para colocar las urnas del 9N, testifical que las defensas lograron aplazar a después de la campaña alegando que la testigo concurría a las elecciones en la candidatura de Ciutadans.
El mismo día, está citada a declarar como testigo Elisabet Abad, directora del CIRE, para responder por el proceso de producción, suministro y entrega de las urnas y papeletas del 9N, sufragadas a través de varios contratos con el Departamento de Justicia que costaron 143.738 euros a la Generalitat. Otro testigo citado para ese día es el entonces asesor en materia de opinión publica de la conselleria de Gobernación, Joan Cañada (UDC), que será interrogado sobre la administración y mantenimiento de la página web de la consulta del 9N.
También declararán el 19 de octubre próximo, a propuesta de la Fiscalía, el responsable técnico informático que coordinó materialmente los servicios prestados por el CTTI de la Generalitat para resolver las incidencias informáticas que pudieran surgir en el proceso de consulta. El último testigo del día será el responsable de la compañía de espectáculos Focus, encargada del montaje del centro de prensa internacional donde se facilitaron los datos del escrutinio del 9N y donde un Mas triunfal compareció ante los medios para celebrar la alta participación en la consulta, de más de dos millones de personas, y la victoria del sí.
Catalá: «No se actuó antes para no interferir en las elecciones»
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha señalado, ciado por la agencia Efe, que la imputación del presidente de la Generalitat no se produjo antes para no interferir en las elecciones autonómicas. «Lo que ha tomado en consideración el TSJC es no haber interferido en el proceso electoral y no haber llevado este tipo de actuación a las últimas semanas, donde seguramente si hubiera podido haber una cierta contaminación de un proceso judicial y electoral», ha dicho Catalá a los medios.
El titular de Justicia ha explicado que el TSJC ha tenido cuidado para «no mezclar los tiempos jurídicos y políticos», si bien una vez finalizadas las elecciones «es lógico y razonable que la Justicia continúe con sus trámites y con sus tiempos».
Preguntado sobre si el presidente en funciones de la Generalitat debería presentar -tras su imputación- su candidatura para encabezar el futuro gobierno autonómico, Catalá ha advertido de que «esa decisión corresponde exclusivamente a Mas». «La mera imputación no supone una presunción de culpabilidad, al contrario, la Constitución lo que garantiza es la presunción de inocencia», ha precisado.
Convergència: «persecución»
El portavoz de Convergència Democràtica (CDC) en el Congreso, Pere Macias, considera que la imputación de Artur Mas es una «respuesta política» que evidencia la «persecución» que sufre el presidente de la Generalitat, pero cree que, en términos de opinión pública, le refuerza para optar a la reelección.
En declaraciones en el Congreso recogidas por Europa Press, Macias ha recordado que la imputación de Artur Mas y dos de sus consejeras se debe a una «denuncia instada» y que los fiscales catalanes no querían seguir, pero recibieron «órdenes» de elevar la causa. «¿No suena algo rarillo? Es una respuesta política», sostiene.
A su juicio, se cita ante la Justicia a Artur Mas «por haber convocado a las urnas para hacer posible la participación a 2,5 millones de ciudadanos que expresaron libremente su opinión». «No soy jurista ni abogado defensor, pero estoy absolutamente convencido de que fomentar la participación de los ciudadanos no es delito», ha añadido. Para Pere Macias, es «un contrasentido» que se persiga a Artur Mas por «algo tan inocuo como cooperar para que los ciudadanos se puedan expresar» y ha avisado de que «por el camino de la judicialización de la política no se va a resolver nada» porque entonces habría que imputar a los dos millones de catalanes que participaron en esa consulta soberanista.
Junqueras: «la mejor demostración» de que la pertenencia a España «es inviable»
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado este martes que la imputación es «la mejor demostración» de por qué Cataluña debe ser un país independiente. «La pertenencia a España es inviable», ha concluido el líder republicano en declaraciones a Rac1 recogidas por Europa Press, y ha lamentado que la imputación se filtrara días atrás en los medios, ya que lo ve una falta de pulcritud.
Junqueras también ha afirmado que le parecería «monstruoso» que alguien hubiera escogido el 15 de octubre como fecha para que declare el presidente a fin de hacerlo coincidir con el 75 aniversario del fusilamiento del presidente Lluís Companys.
El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, considera que la imputación de Mas «no es casual» y demuestra la «intolerancia, la incomprensión y la estupidez del sistema político español», pero ha advertido de que «la democracia es imbatible».
CUP: «Estado neurótico, demofóbico, autoritario e inquisitorial»
La CUP ha manifestado su rechazo a la imputación, que constituye un «nuevo ataque contra las instituciones del país por parte de un Estado demofóbico que utiliza políticamente las instancias judiciales» para intentar doblar la voluntad del pueblo catalán. También ha advertido en un comunicado de que «la desobediencia vivida el 9N será una práctica habitual a partir de ahora» por parte de las instituciones catalanas, y más aún tras el mandato expresado en las urnas el 27S.
Por su parte, el exdiputado de la CUP en el Parlament David Fernàndez ha expresado su solidaridad con los imputados: «Incontestablemente y en pie, mi solidaridad entera ante un Estado neurótico, demofóbico, autoritario e inquisitorial», ha manifestado en un mensaje en su perfil de Twitter recogido por Europa Press.
La coordinadora nacional de ICV, Dolors Camats, considera que imputar a Artur Mas, por la consulta del 9N «es un despropósito más del Gobierno del PP» que se suma «a los cometidos antes, durante y después» de este proceso participativo y que ayudará «a aumentar la polarización». Asimismo, los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Quim Torra, han manifestado su apoyo al president, que no ven como un «hecho aislado», sino en la línea del Estado de «negar» el derecho a decidir a Cataluña.
PP: «Nosotros no somos Mas, respetamos los tribunales»
El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha expresado el «profundo respeto» de su partido por la decisión del TSJC. «Nosotros no somos Mas. Tenemos un profundo respeto por las decisiones de los tribunales», ha declarado, citado por Europa Press.
«Las decisiones de los tribunales son independientes y, por lo tanto, lo único que podemos es respetarlas y me gustaría que todos las respetaran exactamente igual que las respetamos nosotros», ha proclamado.
PSOE pide «respeto» y Podemos reclama que Mas sea imputado por corrupción, no por que la gente «pueda votar»
El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha manifestado hoy su respeto a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ha expreasado su convencimiento de que «va a ser respetada por todos». No obstante, Hernando ha recordado que, cuando la Fiscalía impulsó la imputación, el PSOE ya avisó de que «eso no resolvía los problemas de fondo».
El secretario político y número dos de Podemos, Íñigo Errejón, ha criticado la decisión del TSJC, ya que considera que Mas «debería rendir cuentas por los recortes y la corrupción, no por que la gente pueda votar».
