Impedir que se despierte un dragón dormido no sale gratis. El mantenimiento del proyecto Castor, el almacén subterráneo de gas que construyó ACS frente a las costas de Castellón, va a costar 15,7 millones de euros en 2017, que saldrán de los bolsillos de todos los españoles. Esa es la retribución que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha establecido para Enagás, el operador gasista encargado de la plataforma después de la espantada de Florentino Pérez.
El fiasco del proyecto Castor es un agujero para las arcas públicas. Por si no fuera suficiente con los más de 1.000 millones de euros que el Gobierno le reconoció a ACS como indemnización por lucro cesante, los españoles tienen que seguir pagando el coste del mantenimiento de este almacén subterráneo de gas. Porque todavía no se ha decidido su futuro, si se cerrará o si hay que dejarlo en su letargo actual para que sea reactivado más adelante.
Tenerlo así, hibernado, cuesta cada año más de 15 millones de euros. Según la última orden ministerial sobre el sector gasista, en 2017 la factura alcanzará los 15,71 millones de euros. Es menos que los 17 millones de euros que costó en 2015, pero ya es.
Esta cantidad de dinero va a ir a parar a Enagás, empresa a la que se le encargó la inertización e hibernación del pozo cuando se paralizó el proyecto. A la vista de los numerosos terremotos que se sucedieron en la zona cuando el almacén comenzó a funcionar, el Gobierno ordenó el cese inmediato de la actividad. El brete del mantenimiento del almacén le tocó a Enagás, que es el gestor técnico del sector gasista español y está participado en un 5% por el Estado, así que más que un premio fue un castigo.
Por supuesto, este importe es calderilla comparado con el de la indemnización a ACS, que asciende a más de 1.000 millones de euros. Energía ya ha apartado 80,6 millones en 2017 para pagar a los acreedores de esta deuda, una obligación de cobro que la compañía del magnate Florentino Pérez colocó entre varios bancos. Estos 80 millones no son un pago adicional sino parte de los 1.350 millones del lucro cesante que ACS ya cobró.
Un pozo judicializado
No está todo dicho con respecto a la indemnización de ACS. Escal, la filial que explotó este proyecto, se enfrenta a un juicio para dirimir su responsabilidad -y la de los técnicos de la Administración que dieron la luz verde a la construcción de esta plataforma- en la sucesión de terremotos que se produjeron en el municipio de Vinaroz cuando las instalaciones comenzaron a funcionar.
La compañía siempre ha descartado cualquier relación entre sus trabajos y los seísmos en la zona de Castellón, frente a los vecinos que han llegado a exigir 1.000 millones de euros en indemnizaciones a la filial de ACS. Aunque el juzgado que instruye este caso haya desestimado esta petición, el Parlamento Europeo se ha referido a los afectados por estos seísmos como uno de los colectivos que debería ser indemnizado por fenómenos naturales sobrevenidos debido a la actividad gasística y petrolera en las costas.
Los otros ingresos de Enagás
El Castor no es el único almacén de gas por el cual Enagás va a recibir una retribución del Estado. La compañía gestiona otras 3 instalaciones -Serrablo, Gaviota y Yela-; por su operación y mantenimiento en 2017 el Ministerio de Energía ha ordenado pagos de 7,7 millones, 17,6 millones y 4 millones, respectivamente. Pero, a diferencia del Castor, estas 3 plantas están activas.
Además, como uno de los principales operadores del mercado gasista, Enagás va a recibir una gran parte de los pagos para costear el sistema. La compañía es responsable de la práctica totalidad del transporte de gas en España, así que se va a embolsar una compensación por esta actividad de 700,7 millones de euros en 2017; el resto de operadores se van a tener que repartir una cantidad testimonial, 115,6 millones de euros.
Enagás también es la titular de la mayor parte de la capacidad regasificadora del país, de plantas que convierten el gas natural licuado -más fácil de transportar- en gas natural. Por esta actividad va a recibir 240,6 millones de euros, incluidos 23,6 millones de retribución por disponibilidad de su planta de El Musel, en Gijón, que está hibernada y que fue declarada ilegal por el Tribunal Supremo.
Déficit de tarifa
No está claro que estos pagos decretados por el Ministerio de Energía sean suficientes para cubrir los costes del sistema. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha advertido de que las estimaciones de demanda del departamento de Álvaro Nadal pueden ser demasiado optimistas, con lo que se generaría un déficit de tarifa como el que ya arrastra el sector gasista, además del eléctrico.
España tiene una deuda con los operadores gasísticos españoles que asciende a más de 1.050 millones de euros, que se podría ver incrementada en otros 180 millones si el saldo de 2016 es también negativo.
Se trata de un agujero que va a comenzar a sentirse a partir del año que viene, cuando el ritmo de amortización -pago de la deuda- se disparará. En 2016 tan sólo se han amortizado 6,9 millones de los 1.025 millones acumulados hasta 2014, mientras que a partir de 2017 la deuda se reducirá a razón de 68,3 millones anuales.
Pues bien, de todo este montante, más de un tercio le corresponde a Enagás. El Ministerio calcula que se le adeudan 394,93 millones de euros a la compañía presidida por Antonio Llardén, del total de más de 1.000 millones de euros de déficit de tarifa.
El sistema gasista español tiene dos agujeros, el déficit de tarifa y el Castor.
