El supervisor pide explicaciones a la eléctrica por su decisión de calcular sus resultados dando por hecho que sus centrales funcionaran cinco décadas.
Endesa, el mayor operador nuclear de España, da por hecho desde hace un año que sus centrales en el país acabarán funcionando 50. La compañía eléctrica, controlada por la italiana Enel, calcula su cuenta de resultados desde el 1 de octubre de 2014 en base a un periodo de depreciación y amortización de sus activos nucleares durante cinco décadas. Y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) le ha pedido explicaciones más concretas sobre este cambio de criterio unilateral.
Hace un año Endesa anunció en un encuentro con analistas la modificación del plazo de amortización de las seis centrales nucleares españolas en que tiene participaciones significativas (siete si se tuviera en cuenta el 1% que indirectamente controla en la central de Trillo) hasta los 50 años, con la que pretendía “reflejar la extensión de la vida útil esperada de las centrales nucleares”, según se recoge en la presentación remitida entonces a la CNMV. La eléctrica también extendió el pasado octubre el plazo de depreciación y amortización de sus centrales de ciclo combinado desde los 25 a los 40 años.
Endesa justifica en su escrito de respuesta al requerimiento de la CNMV que la ampliación de la vida útil prevista para sus nucleares se asienta en estudios internos de la compañía que han analizado las bases técnicas de las instalaciones y la normativa internacional y española al respecto. En este sentido, la eléctrica subraya la “excelente condición” de sus centrales, gracias al mantenimiento realizado, a la gestión de su obsolescencia y a la recualificación de equipos. Programas que se han ejecutado gracias a planes de inversión, tanto singulares como recurrentes.
Garoña como excusa
Y Endesa también se apoya en la experiencia de la central de Garoña, que controla a partes iguales con Iberdrola, para justificar que vea más que probable la ampliación de la vida útil de sus centrales hasta los 50 años. Garoña, que las compañías cerraron unilateralmente en 2012 pero ahora buscan reabrir hasta 2031 (cuando la planta cumpliría 60 años), se convierte en argumento para ampliar la previsión del tiempo de funcionamiento de sus otras centrales.
Endesa subraya que en 2009 el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ya aprobó un informe favorable a la renovación de la licencia de actividad de Garoña hasta 2019, cuando la planta burgalesa cumpliría 48 años. El Gobierno de Zapatero, en cambio, sólo renovó la licencia por cuatro años (hasta los 42), “si bien las consideraciones esgrimidas para esta decisión no cuestionaban, en ningún momento, ni la seguridad ni la capacidad de la planta para continuar la operación comercial durante el plazo de diez años solicitado”, explica Endesa en su escrito.
Y la eléctrica también apoya su percepción de que se puede llegar a ampliar la vida útil de las nucleares hasta los 50 años en que el propio Gobierno del PP en su Informe de Sostenibilidad Ambiental de la Planificación del Sector eléctrico 2015-2020 daba por hecho que la central de Garoña se reactivaría en 2016, “lo que supone dar continuidad a la operación de una planta con más de cuarenta años de vida”, subraya la compañía.
En paralelo, Endesa da carta de naturaleza en su escrito a unas palabras del ministro de Industria, José Manuel Soria, para avalar la previsión de nucleares con medio siglo de funcionamiento. Soria dijo en el Congreso en noviembre de 2014 –un mes después del cambio de criterio contable de Endesa- que “todo está dispuesto ya para que las centrales nucleares puedan aumentar su vida útil, siempre y cuando, de acuerdo con la legislación vigente cumplan las condiciones establecidas al efecto por el CSN”.
El Gobierno del PP ha realizado varias reformas legales ad hoc para hacer posible que Endesa e Iberdrola pudieran solicitar la reactivación de Garoña con un procedimiento abreviado a pesar de haber cesado su actividad. Tanto el ministro Soria como el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, han mostrado su apoyo a la reapertura de la central. Por el contrario, en plena precampaña electoral, tanto PSOE como Podemos se han mostrado partidarios de no permitir la reapertura de Garoña y de ir cerrando progresivamente el resto de plantas nucleares del país.
La ley lo permite
Asimismo, Endesa subraya que hoy por hoy no existe ningún impedimento legal vigente en España para ampliar la vida útil de las nucleares más allá de los 40 años. En efecto, la Ley de Economía Sostenible, aprobada en 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ya abrió la puerta a que las centrales nucleares españolas pudieran funcionar más allá de las cuatro décadas. La legislación ya habilita pues a las compañías eléctricas a pedir ampliaciones de la vida útil de sus centrales más allá de ese límite.
En paralelo, el actual Gobierno tiene ya listo un borrador avanzado del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), la guía básica para la gestión a largo plazo de la basura nuclear que se genera en España. En ese nuevo PGRR se establecen dos escenarios posibles para el futuro del sector nuclear en el país. Uno que mantiene la vida útil de las centrales nucleares españolas en 40 años, como se entendía hasta ahora, y otro que amplía la vida de funcionamiento de las centrales hasta los 50 años, según desveló el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, en el Congreso de los Diputados.
Se trataría así de la primera ocasión en que el Gobierno plantearía en un documento oficial la posibilidad de ampliar formalmente el funcionamiento de las centrales más allá de los 40 años. Los planes del Ejecutivo pasan por iniciar la tramitación contemplándose los dos escenarios posibles y que durante el proceso -largo proceso, de en torno a un año y medio- hasta su aprobación se establezca una estimación temporal concreta de la vida útil de las centrales.
En este contexto, Endesa siempre ha justificado su decisión de ampliar su previsión de vida útil de sus nucleares hasta el medio siglo en que se trata de una estimación de plazos “razonable” y en que la legislación actual lo permitiría. La normativa vigente habilita a las compañías que gestionan centrales en España a solicitar una ampliación de su licencia de explotación al Gobierno, que sólo puede dar su visto bueno con un informe preceptivo previo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en el que se establezcan las medidas que se han de adoptar para garantizar un funcionamiento seguro por el periodo de prórroga solicitado.
Tradicionalmente, la vida de diseño de las centrales nucleares (el tiempo en que se espera que funcione según las especificaciones técnicas de su construcción) es de cuatro décadas, aunque algunos países han ido ampliando ya la vida útil de las instalaciones (el tiempo que efectivamente transcurre entre la puesta en funcionamiento y su cierre) más allá de ese límite. La ampliación de la vida útil de las centrales viene siendo una reclamación recurrente de las empresas del sector, que incluso vienen apuntando la necesidad de que la extensión sea de 60 años. De hecho, Nuclenor -controlada a partes iguales por Endesa e Iberdrola- ha solicitado la ampliación de la vida de la central de Garoña hasta 2031, justo cuando la instalación cumpliría las seis décadas desde su entrada en funcionamiento. Y tras varios meses de impasse, Nuclenor ha decidido reactivar el proceso ejecutando inversiones que le exigía el CSN para dar su visto bueno.
Un empujón a las cuentas
Endesa es el principal operador nuclear de España. La filial de Enel controla el 50% de la central de Garoña (el otro 50% lo tiene Iberdrola); es el único propietario de Ascó I y tiene un 85% de Ascó II (el otro 15% es de Iberdrola); el 72% de Vandellós II (el 28% es de Iber;drola); y el 36% de Almaraz I y de Almaraz II (el 52,7% de Iberdrola y el 11,3% de Gas Natural Fenosa en ambas instalaciones). Iberdrola y Gas Natural Fenosa, también operadores de centrales nucleares en España, de momento no han ampliado su previsión de vida útil hasta los 50 años.
El impacto en las cuentas de Endesa de esta doble decisión es evidente: a mayor plazo de amortización, menos dotaciones vinculadas a los activos hay que realizar cada ejercicio. En los resultados de 2014 –cuando la ampliación de la previsión de vida útil de nucleares y ciclo combinado se aplicó sólo en el último trimestre- se reflejó un recorte de los fondos dedicados a la amortización de 43 millones de euros. Y en las cuentas del primer semestre de 2015 la reducción de las dotaciones para la amortización de estos activos alcanzó ya los 86 millones.
