La empresa pública que gestiona el proyecto del almacén nuclear adjudica en los últimos meses contratos por 1,2 millones de euros para completar la caracterización de los suelos elegidos en Villar de Cañas. El CSN exigió completar los estudios como condición previa a una futura autorización de construcción de las instalaciones.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) decidió el pasado julio aprobar su informe favorable para la concesión de la autorización de emplazamiento del almacén nuclear de Villar de Cañas (Cuenca). Una autorización que en la práctica implica dar por buena la ubicación elegida para el cementerio nuclear y que debe conceder el Gobierno.
El Ejecutivo aún no ha ratificado formalmente esa autorización previa, a falta de una declaración de impacto ambiental que debe aprobar el Ministerio de Agricultura (y que parece bloqueada por no estar disponible toda la información que requieren los técnicos de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente). Pero, a pesar de que no hay aún autorización de emplazamiento, Enresa avanza en los trabajos para dar un paso más en el proyecto y conseguir la autorización de construcción.
El CSN dio su visto bueno a la autorización de emplazamiento a pesar de que reconocía que existen dudas sobre la idoneidad de los terrenos elegidos para levantar el cementerio nuclear. Y, por ello, en su informe de julio el supervisor reclamaba estudios adicionales sobre las condiciones de los suelos donde se ubicará el almacén como condición imprescindible para obtener en el futuro la autorización de construcción.
Enresa, la empresa pública encargada de la gestión de los residuos nucleares y que es la titular del proyecto de Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas, ha venido adjudicando en los últimos meses contratos por 1,2 millones de euros para realizar estudios adicionales sobre los terrenos y así poder impulsar el proyecto.
Esta misma semana, Enresa ha adjudicado por un importe de 286.800 euros la ejecución de trabajos complementarios diversos para la caracterización de los terrenos a la unión temporal de empresas (UTE) integrada por Etipsa, AGS y Sondeos Peñarroya.
Estas mismas tres empresas ya se habían adjudicado el pasado noviembre otro contrato para realizar trabajos adicionales por las dudas por la calidad de los terrenos de Villar de Cañas. Entonces la unión de las tres compañías se quedó con trabajos por casi 893.000 euros para la “caracterización geotécnica dinámica para los estudios de interacción terreno-estructura de la instalación nuclear y complemento del análisis hidrogeológico en el ATC».
Las adjudicaciones de nuevos contratos por parte de Enresa se producen –además de sin contar con la autorización de emplazamiento- en un momento en que el proyecto del almacén nuclear se encuentra en una situación de bloqueo legal. La Junta de Castilla-La Mancha amplió una zona de protección ambiental hasta incluir dentro de sus límites la parcela donde está previsto construir la instalación en Villar de Cañas, en Cuenca. La maniobra del Ejecutivo del socialista Emiliano García-Page formalmente supone bloquear todas las obras dentro de esta nueva zona protegida y, con ello, frenaría sine díe el proyecto.
El Gobierno central ha intentado en los tribunales -de momento sin éxito- sortear el bloqueo. Aunque aún le queda la opción de declarar el proyecto del cementerio nuclear de interés general y, con ello, desencallarlo al tratarse de una norma de rango superior a las competencias ambientales autonómicas.
