Lo señalaban algunos letrados personados en la causa por el presunto pago de comisiones a Jordi Pujol Ferrusola a cambio de la adjudicación de obra pública que el juez, José de la Mata, instruye en la Audiencia Nacional. No serviría de mucho. Y se ha cumplido dicha previsión. El candidato de Unió a la Presidencia de la Generalitat, Ramón Espadaler, no ha aportado mucho a la investigación esta mañana en su declaración por videoconferencia. “Todo se hizo correctamente”, ha asegurado.
Ramón Espadaler tenía que explicarle al magistrado por qué y cómo concedió la licencia de actividad a la empresa que puso en marcha un vertedero en Tivissa (Tarragona) mientras fue concejal de Medio Ambiente entre 2001 y 2003 y por el que el primogénito del clan Pujol se enfundó, según la investigación, casi 5 millones de euros. La empresa en cuestión era Gestió i Recuperació de Terrenys formada por Gustavo Buesa, Josep Mayola y Jordi Pujol, cuya incorporación se efectuó una vez que la licencia fue concedida. Espadaler ha afirmado que no sabía que fuera uno de los accionistas. No tenía trato con él. No le conocía y, por tanto, no recibió presiones de Jordi Pujol Ferrusola para conceder la licencia de actividad a la empresa que puso en marcha el vertedero de Tivissa mientras fue concejal de Medioambiente entre 2001 y 2003. Simplemente, autorizó la apertura del vertedero en 2002 después de recibir los informes preceptivos de organismos municipales, estatales y comarcales. “Me limité a firmar”, ha dicho el candidato según fuentes jurídicas.
Precisamente son Gustavo Buesa y Josep Mayola, los socios de Pujol en Gestió y Recuperació de Terrenys, imputados en la causa, los que pidieron la declaración de Espadaler con la pretensión de dotar de legalidad aquella operación. Gustavo Buesa Ibáñez, tal y como se recoge en el informe de la UDEF que obra en el procedimiento, era entonces propietario del grupo de reciclaje de residuos GBI investigado por la Agencia Tributaria por financiar con donaciones a las fundaciones de CIU en los años en los que recibió concesiones en el Ayuntamiento de Lloret de Mar gobernado por el partido democristiano y una de las empresas que pagó supuestos “servicios profesionales” a Ferrusola.
En el momento del interrogatorio, Buesa declaró a los agentes que la mercantil GBI constituyó Gestió y Recuperación de Terrenys, entidad que, a su vez, adquirió unos terrenos en Tivissa donde acometió un proyecto para construir una planta de residuos. En enero de 2002 solicitaron la licencia para dicha planta, pero no es hasta octubre de ese mismo año cuando la Generalitat concedió dicha autorización. Según su declaración, en esa fecha cuando empezaron las inversiones en la planta por un valor aproximado de 10.000 millones de euros y cuando aparece en escena Jordi Pujol Ferrusola a través de la sociedad de la que es socio, Active Traslation, constituida en 1996, con sede en Barcelona y cuyo objeto social era la compraventa de inmuebles y valores mobiliarios. Según la Udef, la operación fue diseñada con el claro objeto de introducir a Jordi Pujol de forma ficticia para asegurarse la obtención de las habilitaciones públicas pertinentes. Con Pujol en el negocio en diciembre de 2003 la empresa consiguió un compromiso de compra de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) por casi 16.000.000 millones de euros. Dicho acuerdo se formalizó en diciembre de 2004 a través de Recuperació de Pedreres, participada en un 80% por FCC. Lo curioso es que justo once días antes de la firma, el 10 de diciembre de 2004, la sociedad de Jordi Pujol “al no querer continuar en el negocio de la basura” vende el 33% de sus acciones por 5.2928.921 a Servitransfer obteniendo un beneficio de unos 2 millones de euros.
¿Pasará factura la operación de Tivissa en su carrera electoral? Espadaler lo niega. A preguntas de los periodistas a la salida del juzgado ha asegurado que aunque sería fácil hacer dicha aseveración, pero no pensaba hacerlo. “Se me ha citado, yo he ido, he respondido y ahora reanudo la campaña”, ha concluido.
