El actual plan general de residuos radioactivos (PGRR) está vigente desde 2006 y su nueva edición se está haciendo esperar. El Gobierno preveía tener listo el nuevo texto en 2013, pero ni se aprobó entonces y aún hoy no hay fecha prevista para hacerlo. Diversas fuentes del sector nuclear español vinculan el retraso al intento de ampliar la vida útil de las centrales nucleares hasta los 60 años.
El Plan General de Residuos Radioactivos (PGRR) es la guía de actuación a largo plazo con la que se pretende asegurar la gestión de la basura nuclear que generan las centrales españolas y la que se producirá tras su desmantelamiento. Actualmente sigue vigente la sexta edición del PGRR, aprobada en 2006. Y aunque desde hace tiempo el sector nuclear español espera la actualización del mismo y la aprobación del que sería ya el séptimo plan, no hay previsión de cuándo podría estar listo el nuevo texto.
La encargada de la gestión de los residuos nucleares y del desmantelamiento de las centrales, y en principio también de los costes que conllevan, es la sociedad pública Enresa (acrónimo de Empresa Nacional de Residuos Radiactivos SA, su antigua denominación). La compañía está tutelada por el Ministerio de Industria, comandado por José Manuel Soria, por ser el encargado de diseñar la política energética nacional y de gestión de residuos nucleares en último término. Y es Industria también el departamento responsable de la actualización de las estrategias, actuaciones y soluciones que comprende el PGRR.
El Gobierno lleva casi una década sin revisar los procedimientos vinculados a la gestión de la basura nuclear, a pesar de que en las anteriores actualizaciones el periodo normal transcurrido entre una y otro ha sido de unos cinco años. El primer PGRR se aprobó en 1987 el segundo en 1989, el tercero en 1991, el cuarto en 1994, el quinto en 1999 y el sexto –actualmente vigente y que ya se hizo esperar algo más- es de 2006. Desde entonces, nada.
Los planes del Gobierno, del actual, han ido cambiando en los últimos años. El Ejecutivo informó en una respuesta parlamentaria que el séptimo plan de residuos sería aprobado en 2013. Pero el texto actualizado no pasó por el Consejo de Ministros ni ese año, ni el siguiente, ni tampoco éste. Y todo parece indicar que se agotará la legislatura sin que se haya aprobado el séptimo PGRR. SABEMOS ha intentado, insistentemente y sin éxito, obtener información del Ministerio de Industria sobre los plazos que maneja para la aprobación del nuevo texto. Y fuentes de Enresa se limitan a recordar que la decisión de revisar el PGRR es potestad exclusiva del Gobierno a propuesta de Industria
El debate de los 60 años
Desde el sector nuclear español se ve como una anomalía el retraso en la aprobación del nuevo texto y también que lleve vigente un plan desde casi una década, al tiempo que se critica la opacidad del Gobierno en relación a sus planes en la materia. Dos fuentes ligadas a la industria nuclear vinculan el aplazamiento del visto bueno del séptimo PGRR por parte del Ejecutivo al intento de ampliar la vida útil de las centrales nucleares españolas hasta los 60 años.
“En el Plan General de Residuos Nucleares, obviamente, debes tener una previsión del volumen de residuos que se van a tener que tratar. Y el Gobierno parece que está esperando a saber si los residuos que se han de gestionar son los de unas centrales que funcionan 40 años o si son los que se generen en 60 años de vida útil”, sostiene un directivo del sector. “El Ministerio de Industria y Enresa no harán nada hasta ver si se abre el melón de los 60 años de vida útil”, augura.
Tradicionalmente, la vida de diseño de las centrales (el tiempo en que se espera que funcione según las especificaciones técnicas de su construcción) es de cuatro décadas. Algunos países han ido ampliando ya la vida útil de las instalaciones (el tiempo que efectivamente transcurre entre la puesta en funcionamiento y su cierre) más allá de ese límite. En España, la Ley de Economía Sostenible de 2011 ya abrió la puerta a que las centrales se mantuvieran operativas por encima de los 40 años, pero sin fijar plazos concretos. Y el debate sigue vivo… pero sin ningún ganador.
Tras un proceso rocambolesco, la compañía propietaria de la central de Santa María de Garoña, Nuclenor (controlada a partes iguales por Endesa e Iberdrola), ha solicitado reabrir la planta y mantenerla operativa hasta 2031, justo cuando cumpliría 60 años desde su entrada en funcionamiento. Nuclenor, no obstante, ahora parece dispuesta a frenar el proceso de solicitud de renovación de licencia a la espera de saber quién está al frente del Gobierno tras las próximas elecciones generales. Pero la simple solicitud de ampliación de la vida útil hasta los 60 años, y la posibilidad (ahora incierta) de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) diera su visto bueno a que una central nuclear española pudiera seguir operativa más allá de su vida de diseño de 40 años, abren la puerta a que otras centrales nucleares soliciten permisos para estar también operativas por ese plazo de seis décadas.
La ampliación de los 40 a los 60 años de actividad es una de las reclamaciones tradicionales del sector nuclear. Desde la patronal nacional del sector, el Foro Nuclear, se ha solicitado en repetidas ocasiones en los últimos años, y las compañías que operan centrales en el país también defienden activamente la medida. Y Garoña, la central que no produce electricidad y que parecía que cerraba definitivamente pero no lo hizo, puede convertirse así en la punta de lanza de toda la industria nuclear para lograr su meta.
Y a la espera de saber cuánto tiempo estarán operativas las centrales nucleares españoles (veinte años arriba o abajo), el plan que sirve para gestionar toda la basura radioactiva del país sigue sin revisarse y sin ninguna previsión de que vaya hacerse en breve.
Un plan (además) con un agujero de 1.500 millones
El plan de residuos radioactivos actual cuenta con un presupuesto fijado y prevé actuaciones hasta 2085. En el plan se contemplan todos los gastos relacionados con la gestión de los residuos (incluido el combustible nuclear gastado), el desmantelamiento de todas las centrales nucleares en los próximos años, la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC, el cementerio nuclear transitorio que está previsto construir en Villar de Cañas, aunque el proyecto va con mucho retraso) y la posterior construcción del Almacén Geológico Profundo (AGP, el cementerio definitivo donde descansarían los residuos durante miles de años y que debería estar en construcción en 2035 y operativo ya en 2063)
En la última revisión de las cuentas del PGRR, realizada por Enresa en junio del año pasado, se prevé que todos los costes por la gestión de los residuos rozarán los 19.720 millones de euros hasta 2085 si se mantuviera la vida útil prevista de 40 años para las centrales (si el cálculo se alarga hasta los 48 años, los costes rozan los 20.500 millones de euros). Pero los ingresos previstos para financiar el programa (obtenidos mediante tasas que pagan las eléctricas y otras compañías que generan los residuos) son insuficientes, y el plan se enfrenta a un déficit de 1.486 millones de euros, un 16,9% del total de necesidades futuras de financiación, según el último informe de fiscalización de la actividad de Enresa elaborado por el Tribunal de Cuentas publicado el pasado febrero.
Desde 2010, el fondo del PGRR se financia mediante cuatro tasas: dos que pagan las empresas que explotan las centrales nucleares del país y, con una aportación menor, otras dos que abonan los fabricantes de elementos combustibles y otras instalaciones radiactivas. En los últimos cinco años esos gravámenes que pagan las empresas no se han actualizado y el resultado es un agujero de casi 1.500 millones porque los ingresos no cubren los gastos previstos. La reforma del sistema de financiación del fondo del PGRR no está en la agenda del Ministerio de Industria. Y tendrá que ser el próximo Gobierno el que tenga que reformular el programa para intentar cuadrar las cuentas.
Desde Industria se apunta que la reforma de todo el sistema de financiación del programa “no sería necesaria para hacer frente al déficit al que se refiere el informe del Tribunal de Cuentas”, y es que las tasas que alimentan el fondo “pueden ser revisadas por el Gobierno mediante real decreto, en base a una memoria económico-financiera actualizada del coste de las actividades del PGRR”, según la legislación vigente. “Con motivo de una próxima revisión de este plan, si el Gobierno lo estima oportuno, se podría llevar a cabo la actualización de estas tasas”, explican las mismas fuentes.
Sin embargo, una nueva revisión de las estimaciones económicas del Plan General de Residuos Radiactivos no está prevista a corto plazo. Como tampoco está prevista una actualización general de todo el programa, que se convertiría en el séptimo PGRR. El Gobierno se encomienda, en cualquier caso, a una futura revisión del programa, ya sea total o sólo de sus previsiones económico-financieras, para acometer una revisión de las tasas que se aplican actualmente. A pesar de que en la última actualización de las cifras, que Enresa realizó hace un año, ya se detecta ese agujero de 1.500 millones de euros y el Ejecutivo no ha movido ficha.
