El transporte público es uno de los servicios básicos que provee el Estado y cuyo coste asciende a los 5.000 millones de euros anuales. España es el único país europeo que no cuenta con una regulación oficial sobre la financiación y gestión de sus servicios de movilidad, lo que provoca problemas de gestión y desigualdades a nivel autonómico.
La cercanía de las elecciones generales ha traído consigo un reguero de peticiones a los partidos políticos, que ahora están más dispuestos que nunca a escuchar. Sin embargo, todavía existen problemas que no están contemplados en los programas y que afectan de forma relevante al conjunto de la ciudadanía.
Es el caso que expone la Asociación de Empresas Urbanas de Transportes Colectivos (ATUC) que reivindica una Ley de Financiación del Transporte Público para España. Desde el colectivo no entienden como “un pilar del estado de bienestar” tiene pendiente la creación de una normativa que regule su estructura de ingresos y gastos.
Por otro lado, España es el único país de la UE que no contempla dicha financiación dentro de su legislación, algo que consideran “triste” teniendo en cuenta que se trata de una de las grandes economías del mundo.
“Solemos hablar de la prosperidad de España en los últimos 30 años y de cómo se ha modernizado el país, pero aún queda mucho por hacer. Los partidos políticos deben ser conscientes de que el transporte público en España está cojo, no hay una ley de financiación que ponga orden a los recursos del sistema, y es triste saber que la excepción en Europa que lamentablemente confirma la regla es España”, señala Jesús Herrero, secretario general de ATUC.
Los motivos por los que se solicita dicha regulación se basan en la necesidad de aportar estabilidad al sistema y de ordenar los recursos disponibles dirigidos al sector.
Por un lado, el desarrollo de un marco normativo evitaría la imprevisibilidad actual que sufren los ayuntamientos españoles, ya que desconocen las cifras que el Estado va a proporcionar al sistema hasta finales de año, cuando éstos necesitan elaborar con antelación sus presupuestos municipales.
En la misma línea, también se acabaría con la falta de homogeneidad, pues hay ciudades que reciben 0,05 euros por habitante y otras superan los 20 euros. La razón es que estos fondos se reparten fundamentalmente de acuerdo al déficit, lo que podría dar lugar a un sistema que premiaría una gestión menos eficiente.
Ejemplos a pequeña escala
Existen leyes de financiación de ámbito autonómico que se pueden tomar como referencia para el desarrollo de una norma a nivel nacional. Entre los casos concretos se pueden destacar los contratos-programa que tiene el Estado con Madrid, Barcelona y Canarias, que sí proporcionan estabilidad a la gestión.
Sin embargo, el ejemplo más representativo es el de la recientemente aprobada Ley de Financiación del Transporte Público en Cataluña, cuyo objetivo es diferenciar claramente entre los gastos y las inversiones del sistema.
Además, la legislación no solo identifica los costes, sino que también determina las obligaciones de cada administración. Si observamos el ejemplo a nivel nacional, en la actualidad no está determinado qué parte de los costes debe soportar los usuarios, las corporaciones locales y las comunidades autónomas, así como los propios usuarios.
En cuanto a inversiones, la ley catalana establece que, de cara a la financiación, se debe incluir una evaluación económica, social y ambiental desde la construcción hasta el final de la vida útil del proyecto.
Pasividad política
Desde ATUC lamentan la falta de iniciativas en esta materia y la ausencia en los programas de propuestas concretas en torno a la regulación del sector.
“Si bien los partidos hablan de un nuevo modelo de movilidad, la falta de concreción de todos ellos provoca que estemos más bien ante eslóganes que ante una verdadera intención de cambiar y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, señalan desde la asociación.
Por el momento, ya se remitieron desde el inicio de la campaña electoral varias cartas a los responsables de programa de los principales partidos en nombre de la asociación.
