El origen del conflicto que actualmente plantean los estibadores proviene de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en 2014 dictaminó que España ha estado incumpliendo la normativa comunitaria para el sector de la estiba. Ana Pastor, entonces ministra de Fomento, dio un paso al lado y dejó en manos de la patronal y los trabajadores alcanzar un acuerdo para reformar el sistema.
Pero la llegada de Íñigo de la Serna al Ministerio de Fomento cambió las cosas y se puso en marcha la redacción de un proyecto de ley que obligaría a liberalizar el sector para que las empresas estibadoras puedan contratar libremente a sus empleados. Y es que, en este momento, son los sindicatos quienes deciden a quién sí y a quién no se contrata.
En respuesta a esta medida, los operarios del puerto habían puesto al jaque al Ministerio (y al país entero) con una huelga los días 20, 22 y 24 de febrero porque entienden que esta medida podría suponer una rebaja del 60% de su sueldo, convertir su contrato indefinido en contrato precario y temporal, y que avalaría a las empresas a realizar despidos generalizados
Antolín Moya, coordinador general de la CETM (Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar), denunció el pasado jueves 9 de febrero que»se trata de un ERE encubierto, pagado con fondos públicos, que creará un modelo en el que las empresas tendrán capacidad de libre contratación e indemnizarán el despido del personal actual con fondos públicos» y explica que los estibadores están dispuestos a acatar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sin que ello suponga “que hoy te despidan para que mañana entre un trabajador en peores condiciones” porque según Goya, los estibadores son los primeros que quieren evitar la huelga.
APM Terminals y Total Terminal International Algeciras firmaron el día 8 de febrero un acuerdo con los sindicatos para “apostar por el consenso y el entendimiento mutuo” y a la que se sumaron 15 empresas más.
Cuál sería el «castigo» de la huelga
El 53% del comercio de España con la Unión Europea se realiza por vía marítima. El valor de las mercancías que se mueven por los puertos españoles anualmente alcanza la cifra de 200.000 millones de euros, de ahí la gran alerta que trae consigo que 6.000 estibadores “se levanten en armas laborales”. Cada jornada de paro puede tener un coste de 50 millones de euros por los retrasos en las mercancías que saldrán de la caja pública de Puertos del Estado, así como los consiguientes inconvenientes ocasionados a los ciudadanos.
Para poner en marcha el nuevo sistema, el ministerio ha planteado un periodo de transición de tres años por los que las nuevas empresas, principalmente ETT, irán haciéndose cargo del 25% de la plantilla anualmente sin que los trabajadores pierdan todos sus pasivos laborales y todos sus derechos adquiridos.
Sí… no… y huelga suspendida
El diálogo entre la CETM y Fomento se rompió este martes 14 de febrero por no llegar a acuerdo sobre el texto que el Gobierno iba a aprobar este viernes.
Finalmente, el Ministerio de Fomento se ofreció a aceptar la medida propuesta por los sindicatos de crear un registro oficial de estibadores y a retrasar una semana la reforma de la estiba para volver a la mesa de negociación para conseguir que los sindicatos desconvocasen la huelga prevista.
De esta forma, los estibadores han aceptado no secundar la huelga para negociar las condiciones con la patronal en el marco del convenio colectivo, con la condición de que el Ministerio de Empleo mediase entre las partes para que las negociaciones puedan fructificar, pero ha sido Fomento quien se ha ofrecido a mediar en las negociaciones.
Imagen | ‘Instituto Marítimo Español‘
